Excelente aporte para el sistema educativo que el presidente Iván Duque haya nombrado ministra de Educación a María Victoria Angulo, una funcionaria competente, vinculada con el sector. Debería ser siempre así, pero llevamos décadas resignados a que los gobiernos nombren incompetentes, advenedizos, ignorantes y politiqueros en el que debería ser el ministerio más importante del gabinete. La mala noticia es que la nueva ministra recibió su despacho con una acumulación escalofriante de problemas y de crisis, producto en su mayoría de las improvisaciones y desatinos de sus antecesores. Pero sobre todo con las arcas vacías y una inmensa amenaza: el programa Ser Pilo Paga cuya deuda acumulada ya está cerca de 2 billones de pesos, una realidad que los expertos en educación ya conocían pero que el gobierno Santos mantuvo oculta hasta el final. El pasado mes de marzo más de 2.000 estudiantes de universidades de todo el país se reunieron durante tres días en el campus de la Universidad Nacional de Bogotá para construir un diagnóstico de la difícil situación que enfrenta nuestra educación superior. Enfatizaron en el déficit de funcionamiento por 500.000 millones de pesos que acumulan las universidades públicas, sumidas en una crisis “que se evidencia, en infraestructuras deterioradas, hacinadas e insuficientes para investigar y para aprender; trabajadores tercerizados y docentes precarizados que pasan más tiempo buscando a quién venderle un proyecto que preparando clases”. Claro y preocupante el contraste entre este panorama de necesidades y miserias de la universidad pública frente al elevado costo, en apenas cuatro cohortes, de Ser Pilo Paga, cuyos recursos van a parar a las arcas de un pequeño grupo de universidades privadas, ya que la mayoría de los ‘pilos‘ las prefieren a las públicas. Ser pilo paga atiende diez veces menos los estudiantes que atendería la universidad pública con la misma inversión y se devora una porción muy alta del presupuesto para apenas el 2 por ciento de los bachilleres que se gradúan cada año. Es muy importante que además de la luz que puso sobre las cifras, la ministra realice y haga pública una evaluación imparcial y seria acerca de los resultados del programa, en particular el rendimiento académico de los ‘pilos‘ y sobre todo los índices de deserción. En cualquier caso, la sola contabilidad -de los desafíos, de los presupuestos, de los costos- pone en entredicho la pertinencia de mantener Ser Pilo Paga y la transferencia de un volumen tan alto de recursos públicos a universidades privadas para un programa que aporta tan marginalmente a la equidad y a hacer realidad el derecho a la educación de los estudiantes más pobres del país. Poner la casa en orden, como pretende hacerlo la ministra, es un reto de enorme dimensión, que no permite dilapidar recursos. El descuido de los anteriores gobiernos en la cartera mantiene vivos (y agravados) los problemas esenciales de la educación en Colombia, que sigue desconectada de las necesidades del desarrollo y lejos de ser un derecho fundamental, -pública, gratuita y de acceso universal-. Barreras como los bonos de acceso a colegios de élite, el costo de matrículas y pensiones mantienen viva la aberrante realidad de que la elitización de la sociedad se eternice desde las aulas y que la formación (y en consecuencia el destino) de los privilegiados sea tan diferente cualitativamente de los de las mayorías. Faltan profesores de calidad, las licenciaturas en educación siguen siendo las carreras menos apetecidas y tanto el Estado como las universidades desatienden la necesidad inaplazable de fortalecer las licenciaturas y crear nuevos programas. También son graves los problemas de cobertura. En 2016 la de educación básica primaria era de 84%, en secundaria 71% y en media apenas 43%. En 2014 las probabilidades de que los jóvenes más pobres accedieran a la educación superior eran de 10.4% mientras las de los más ricos 59,3%. Aunque crecen desde el sector educativo las voces que reclaman abolir Ser Pilo Paga y concentrar todos los esfuerzos y recursos en la transformación profunda y de amplio alcance de la educación, que reclama el país, no hay que perder de vista que el hoy presidente Iván Duque fue el único candidato presidencial que se comprometió a mantener el programa. Germán Vargas consideró su costo insostenible y señaló que su prioridad estaría en el programa de cero a cinco años para atender a quinientos mil colombianos desescolarizados. Petro habló de un sistema público de educación superior “universal, nacional, de calidad y gratuito” para garantizar el derecho a la educación y dijo que en esa medida Ser Pilo Paga no tiene sentido. Sergio Fajardo también propuso abolirlo, destinar su presupuesto para ampliar la cobertura de la universidad pública y habló de sustituirlo por un nuevo programa de reconocimiento de talentos que arranque con estudiante, maestra, colegio, municipio, gobierno departamental. Pero, además, una decisión como esa, por parte del gobierno elegido, enfrentaría también la descomunal resistencia y el lobby de las universidades que concentran la matrícula en particular la de Los Andes que tiene más de 2.000 pilos en sus aulas, una bendición del cielo para estos tiempos difíciles cuando las universidades enfrentan una preocupante disminución en las matrículas. “Estoy de acuerdo con que se premie el mérito, se fomente la inclusión y que las mejores IES públicas y privadas acojan a los estudiantes, pero nos corresponde armonizar la financiación a la oferta y a la demanda en un escenario con una deuda de 2 billones de pesos”, dijo la ministra Angulo hace pocos días en Ascun. Ojalá esa declaración sea una señal de que el tema será parte de la concertación que adelantará con el sector educativo para reorganizar el sistema y que no les temblará la mano, ni a ella ni al presidente, para tomar las decisiones correctas.