La noticia se produjo el mismo día en el que el presidente interino Juan Guaidó dio por terminado el intento de diálogo auspiciado por Noruega que se estaba desarrollando en Barbados. A esa mesa Maduro había dejado de mandar a sus representantes desde hace un mes. Era claro que su intención era no avanzar en ese nuevo esfuerzo de la comunidad internacional por promover una salida democrática, pacífica y negociada a la profunda crisis que vive Venezuela desde hace más de dos años. Fue también un nuevo intento de golpear el liderazgo opositor, menos de una semana después de que se conocieran fotos del presidente Guaidó al lado de dos cabecillas de la banda criminal conocida como los rastrojos, que controla buena parte de los negocios ilícitos en la zona de frontera. Esa foto, si bien no es prueba de nada, deja en una posición incomoda a Guaidó, y le da la oportunidad dorada al régimen de seguir insistiendo en su descalificación de la oposición y la denuncia de imaginarias conspiraciones para promover una toma violenta del poder. La negociación espuria se organizó gracias a la participación de Henri Falcón, exgobernador del Estado Lara. Falcón es un exmilitar que se inició en la política de la mano de Chavez y su movimiento bolivariano desde mediados de los años 1990. En 2010 se pasó a la oposición. Sin embargo, este supuesto diálogo no es la primera vez que Falcón se presta para servir de validador de las iniciativas de Maduro. En la pasada elección presidencial, en 2018, rompió el llamado unánime de la oposición a no participar y se presentó como candidato. Eso le sirvió a Maduro para argumentar que las elecciones eran abiertas y libres, a pesar de la total ausencia de garantías, imparcialidad y transparencia del Consejo Nacional Electoral venezolano y su sistema de voto electrónico amañado. El resultado fue desconocido por la oposición y por la comunidad internacional. Este certamen electoral–vale la pena recordar—es el origen de la crisis actual de ilegitimidad de Maduro y el surgimiento de Guaidó como presidente interino. Este acuerdo es claramente una nueva maniobra destinada a alimentar la propaganda del régimen y deslegitimar a la verdadera oposición. Maduro cree que frente a la persistencia de los reclamos ciudadanos por un verdadero cambio en el sistema político y un retorno a la democracia necesario para enfrentar la crisis económica y social que viven los venezolanos, este tipo de anuncios le compra tiempo. El truco es burdo. Sin embargo, sería un error menospreciarlo. Los puntos del acuerdo no tienen sustancia, pero coinciden con los aspectos esenciales de una transición ordenada a la democracia: nuevos árbitros y nuevas reglas electorales, libertad de presos políticos y llamado a elecciones. Su real propósito es seguir avanzando en la verdadera estrategia de Maduro: llamar a nuevas elecciones, pero solo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Para ello incluyó en el anunciado acuerdo unas reformas desconocidas al Consejo Nacional Electoral, revisar la situación de algunos presos políticos (pero no se sabe quiénes, ni cuándo serían liberados, si es que se llega a eso). El único elemento concreto es el regreso de la bancada del PSUV a la Asamblea Nacional, que el partido de Maduro boicoteaba hasta la semana pasada para desconocer su legitimidad. Se prepara así un llamado a elecciones legislativas que pondría a la oposición en una situación precaria, pues tendrían que rechazar esa nueva elección, pero se enfrentarían a la coexistencia ya no de dos presidentes sino también de dos asambleas. Es una cortina de humo que esconde un paso adicional de la dictadura para atornillarse en el poder.