En esta fecha, es inevitable recordar las palabras del entonces presidente Uribe dirigidas a los familiares, el día que nos enteramos de la masacre de los diputados: “A ustedes les tocó poner la cuota de sacrificio por este país, Colombia en 20 años se los agradecerá”. Lo más grave de esa afirmación fue que la hizo en ejercicio de su cargo, que le demandaba la obligación constitucional de proteger la vida de los ciudadanos. En nuestro país no existe la pena de muerte. Ni siquiera para los peores criminales, como violadores y asesinos de niños, no obstante se condena a muerte a quienes quedan en manos de actores ilegales. En Colombia existen más de 150.000 desaparecidos, sus familias no volvieron a saber de ellos, el Estado se desentendió de la obligación de proteger sus vidas, se hizo el de la vista gorda ante las prácticas perversas de la guerra en la que incurrieron varios de sus agentes corruptos, los secuestrados quedaron a merced de sus captores, en ese tiempo llamados terroristas, quienes nunca reconocieron el DIH y a quienes no se les dio estatus de beligerantes, pero que ejercían el control de las zonas salidas del narcotráfico, donde se adelantaban intensos operativos militares. Allí en la mitad de la nada, en medio de la selva, los diputados quedaron abandonados a su suerte, indefensos, condenados a muerte. Los familiares suplicamos al Estado, a las Farc y a las instancias internacionales proteger sus vidas, como lo hizo el canciller Fernando Londoño Londoño, en carta dirigida al presidente Carlos Lleras, en 1970: “No creo que moralmente pueda el poder político dificultar y hacer imposible el primero de los derechos humanos que es el de la legítima defensa a la vida”. El presidente Lleras accedió a la desmilitarización y despeje de una zona del departamento de Caldas y el doctor Londoño Londoño fue liberado por sus secuestradores. Muchos acuerdos se han firmado en la historia de la humanidad para salvar la vida de rehenes, existían razones históricas, políticas, jurídicas y humanitarias para realizarlo. Con esto no se exponía a la sociedad, confiábamos en la política de seguridad en manos del Ejército y la Policía, estábamos convencidos como lo aseguró el presidente Sharon en el momento de liberar a los prisioneros palestinos: “Si los que hoy libero se arman y se vuelven contra mí, mi ejército los vuelve a capturar y en ese momento la justicia va a actuar con mayor rigor”. A pesar de la insistencia, gestión y reclamación de los familiares ante las instancias competentes, doce años después de la masacre de los diputados, siguen preguntas sin respuesta: ¿Por qué la Gobernación del Valle no aumentó las medidas de seguridad, como lo solicitaron los diputados antes del secuestro? Si fue posible firmar un acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla más antigua del continente, ¿por qué no fue posible suscribir un acuerdo humanitario para la libertad de los secuestrados? ¿Por qué no se atendieron las alertas tempranas de la Defensoría que advertían del peligro inminente que corrían los diputados secuestrados? ¿Por qué dejaron de pagar sus seguros de vida, violando la Ley 986 de 2005 (que protege a las víctimas del secuestro y sus familias)? ¿Por qué la Fiscalía no ha dictado las medidas cautelares para proteger los bienes incautados a las Farc ($ 2,3 billones de pesos) y los entregados por esa guerrilla ($ 823.534 millones de pesos) recursos que deben ser usados para reparar a las víctimas, como lo ordenó la Corte Constitucional el pasado 28 de marzo? ¿Por qué la JEP no ha dictado las sanciones contra los responsables del secuestro y asesinato de los diputados quienes ya confesaron ser responsables de estos crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no nos han llamado a escuchar las declaraciones de los exguerrilleros? ¿Por qué la justicia no falla el proceso que se encuentra a despacho desde 2013? Ángela María Giraldo Cadavid* Magíster en Ciencias Políticas