Cada día, al predio de 592 hectáreas que ocupa Doña Juana, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, ingresan, en promedio, 715 viajes de vehículos recolectores con los residuos generados por los bogotanos y 7 poblaciones vecinas: Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fosca, Gutiérrez, Ubaque y Une. Nuestra ciudad, en particular, dispone, diariamente, un promedio de 6.400 toneladas de residuos.

Hoy, Bogotá carece de una alternativa distinta al relleno, al tiempo que existe controversia sobre la vida útil de este sitio de disposición final. Preocupa, de manera particular, que aún predomine la generación de residuos sin un adecuado aprovechamiento: solo se recicla, según fuentes oficiales, entre un 16 % y 23 % del material que se desecha.

De acuerdo con la regulación tarifaria vigente, el costo por cada tonelada de residuo sólido generado en Bogotá que se dispone y trata en el vertedero Doña Juana es de $55.366, valores que se transfieren a las facturas del servicio que pagan los usuarios.

La tecnología actual para la disposición de residuos en la ciudad no permite que el Distrito perciba ingresos adicionales por concepto del valor energético de dicho material. Desde 1984, la Universidad Nacional y, recientemente, expertos en el tema, recomiendan la incineración controlada de los desechos, proceso que permitiría que las más de 6.000 toneladas dispuestas diariamente en Doña Juana generen cerca de 150.000 Kilovatios por hora, suficientes para abastecer, en cierta medida, el alumbrado público de la ciudad. La Empresa de Energía de Bogotá ya evalúa técnicamente el tema.

Y qué decir del compostaje, un proceso vital que permitiría convertir en abono la materia orgánica. Los avances en la materia también van a paso lento.

Pero, más allá del volumen de residuos desaprovechados, también nos enfrentamos a un daño ambiental de amplias proporciones: en el 2020, las cerca de 2.300.000 toneladas de residuos que llegaron al relleno, sumadas a los residuos que se encuentran en proceso de descomposición, produjeron un caudal de más de 26,97 litros por segundo de lixiviados, los cuales, de no ser controlados y tratados adecuadamente, pueden contaminar el suelo y el subsuelo, así como las fuentes de agua. El relleno sanitario cuenta con una planta de tratamiento de lixiviados, la cual fue diseñada, en su momento, para tratar entre 8 y 14 litros por segundo; a fin de mejorar su capacidad esta debe optimizarse proceso que, a la fecha, no ha finalizado.

Según la UAESP, el sistema de tratamiento de lixiviados solo da cumplimiento a 9 de los 55 parámetros exigidos por la ANLA, por lo cual, el líquido tratado que se vierte al río Tunjuelo no cumple con los estándares de calidad requeridos por la autoridad ambiental. Sin embargo, el operador del relleno – Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana- afirma que, para 2020, cumplía 29 de los 55 parámetros.

A lo anterior se suman la emisión de gases de efecto invernadero y otros altamente perjudiciales que no se logran captar en su totalidad; los fuertes olores; la propagación de vectores; las afectaciones a la salud de los vecinos del relleno –particularmente los residentes de los sectores de El Mochuelo Alto y Bajo en Ciudad Bolívar y algunos sectores de la localidad de Usme-; la desvalorización de las tierras agrícolas y la inestabilidad del terreno.

De otro lado, cabe agregar que, a la fecha, se han pagado sentencias y órdenes judiciales que superan los $247.472 millones por causa de acciones populares y afectaciones a derechos e intereses colectivos de ciudadanos que residen en las zonas adyacentes al relleno. Actualmente, se encuentran en curso procesos judiciales por valor de $29.283 millones.

Ante la falta de alternativas, es necesario que la ciudad adopte un modelo gestión de los residuos basado en la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje (economía circular). Ello le permitiría a Bogotá generar mayores recursos y reducir su impacto negativo en materia ambiental y social.