El presidente Iván Duque irá el próximo sábado con varios de sus ministros y otros altos funcionarios al municipio de Aquitania, frente al imponente lago de Tota, en Boyacá, a realizar su vigésimo tercer taller Construyendo País. Afortunada y conveniente la selección porque se trata del lago más grande de Colombia, un incomparable espejo de agua natural de casi 6.000 hectáreas, que necesita con urgencia la acción enérgica y decidida del Gobierno y de los organismos de control para liberarlo de quienes lo destruyen. Muy importante que el presidente y sus acompañantes tengan claro que junto con las honorables y hospitalarias gentes de Boyacá y de la región, acudirán al taller algunos delincuentes de cuello blanco, políticos y funcionarios deshonestos, al servicio de cultivadores de cebolla larga, piscicultores y empresarios del turismo ilegal, que durante cuatro décadas, han explotado en forma irracional y en su provecho, uno de los principales y más importantes patrimonios colectivos de los colombianos. Nada han podido en esos cuarenta años los mandatarios ni los entes de control contra el escudo de protección político -senadores, diputados, gobernadores, alcaldes- con el que se blindan para neutralizar toda acción del Gobierno nacional y departamental, para controlar a su antojo a las autoridades ambientales y para mantener a raya a los individuos y organizaciones que defienden ese recurso irrecuperable, que en los últimos años presenta crecientes síntomas de ruina no solo por el exceso de fósforo y nitrógeno producto de los cultivos irregulares de cebolla en monocultivo y trucha, sino por el uso desmedido de agroquímicos, algunos prohibidos. El presidente y su comitiva podrán verificar muy fácilmente que la crítica situación del lago de Tota, diagnosticada y denunciada en forma constante por ambientalistas y medios de comunicación, empeora todos los días. Crece, por ejemplo, la grave toxicidad en los cultivos de cebolla larga, porque los alcaldes de los tres municipios adyacentes -Cuítiva, Tota y Aquitania- y las autoridades ambientales de Boyacá no hacen cumplir la resolución 3651 de 2014 del ICA, y sigue campante el transporte y la utilización -letal para el lago- de gallinaza cruda. Tampoco detienen las intervenciones ilegales para ganarle terreno al lago -resolución 1787 de 2012 Corpoboyacá- sobre la aplicación de la cota 3.015,65 más la ronda de protección de 30 metros. En los cultivos de trucha ya se reglamentó la gestión de vertimientos desde jaulas, pero en forma sospechosa Corpoboyacá y la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca no hacen cumplir la resolución 1310 de 2017 que ordena desmontar las que no cuentan con colector, ni tratamiento de aguas, ni manejo de residuos. Por el contrario, se están instalando más jaulones sin permisos ambientales. También es deplorable la gestión de los municipios en cuanto a vertimientos, comenzando por Aquitania, que desde siempre deposita en el lago sus aguas negras. Muchos de los hoteles y establecimientos turísticos e industriales que existen hoy en Tota no tienen permisos de vertimientos pese a lo cual las autoridades locales y ambientales permiten su desarrollo y funcionamiento. También es urgente controlar las licencias de construcción de hoteles y de plantas de sacrificio industrial de trucha, porque algunos están hoy en lugares con uso diferente del permitido. El municipio de Aquitania no ha iniciado la construcción del alcantarillado pluvial fase dos, pese a que fue contratado en 2017 con la firma Oinco, obra vital para atender la carga de agua lluvia que es el principal problema de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Tampoco cumple la resolución 2366 del 11 de julio de 2018 Copoboyacá, que dispuso el plan de recuperación de la cantera de La Peña, que es el impacto de minería ilegal más grande en la ronda del lago. También en turismo la tendencia es negativa por el aumento desordenado (en visitantes, y oferta precaria) y por la explosión, hasta ahora impune, de desarrollos urbanísticos desmedidos para el área. Comienzan a abundar las construcciones ilegales -hay hasta hoteles con playas privadas- que eliminaron ecosistemas de juncal y porciones de hábitat de avifauna, para instalar parasoles y sillas playeras. La deplorable situación de la cuenca del lago de Tota es otra expresión nítida y deprimente de la incompetencia y lasitud del Estado en la protección y defensa de nuestros recursos más valiosos. Corpoboyacá, como otras corporaciones autónomas regionales, ha estado y sigue en manos de políticos y permite que las siete familias que dominan la vida económica del lago trabajen en la ilegalidad. Las alcaldías no hacen cumplir los usos de suelos ni las licencias y permisos que se requieren para hacer obras. Individuos y algunas ONG han instaurado acciones legales que nunca progresan porque terminan en manos de funcionarios de todos los niveles que también están al servicio de la red de cebolleros, piscicultores y empresarios del turismo que mandan en Tota. Sería una gran noticia que la visita del presidente trascienda las formalidades de la pequeña política, tan corrosiva en la historia del lago y sirva para definir y acometer acciones de fondo para rescatarlo y restaurarlo, un giro hacia el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la declaratoria Ramsar de toda la cuenca, programas de educación a los habitantes en buenas prácticas y sobre todo un esfuerzo excepcional para enfrentar y erradicar la ilegalidad. Que Procuraduría, Contraloría, y Fiscalía adopten como un caso de control excepcional el lago de Tota y pongan fin a los abusos y malas prácticas enquistadas allí durante décadas por políticos que posan de estadistas en Bogotá, pero son depredadores en su tierra y bajo cuyo amparo avanza impunemente la destrucción y la explotación ilegal del segundo lago navegable más alto de América del Sur, después del lago Titicaca. Nadie ha podido hasta ahora. Ojalá que Duque se le mida.