El caos en que cayó Ecuador esta semana es un campanazo de alerta para todos los países de la región. Colombia, que ya vivió esa historia y desafortunadamente hoy, por decisiones del expresidente Juan Manuel Santos y del presidente Gustavo Petro, comienza a revivirlas, tiene mucho que aportar sobre lo que hay que hacer, lo que no y cómo reducir el problema a una expresión menor y no a una amenaza institucional como lo es hoy en la mayoría de las naciones de América Latina.
Ecuador llega a esta situación por muchas razones. Primero, el éxito de la política de seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe en la lucha contra las drogas y contra las guerrillas. De 2002 a 2010 se redujo el cultivo de coca de 180.000 hectáreas a 70.000 y las guerrillas involucradas hasta la coronilla en el negocio se tuvieron que refugiar en los países vecinos, en las fronteras y en el Pacífico colombiano. Segundo, la decisión de Juan Manuel Santos, en acuerdo con las Farc, de ‘cambiar’ la política antidrogas que logró en cinco años –de 2013 a 2018– subir las hectáreas de coca de 40.000 a 200.000, el 70 por ciento concentradas en las fronteras con Ecuador y con Venezuela. ¿Casualidad? Obvio no. Tercero, las políticas de seguridad y migración de Correa, que aliado con las Farc, como se demostró en los computadores de Raúl Reyes, abrió las puertas a las mafias colombianas, albanesas y mexicanas que empoderaron a las bandas ecuatorianas, en especial los Choneros y los Lobos, hoy causantes del desborde de violencia de los últimos días.
Ecuador pasó en menos de una década de ser uno de los países más seguros –cinco homicidios por 100.000 habitantes– a uno de los más violentos de la región, 45 por 100.000 habitantes. En los últimos tres años, la tasa de homicidios se duplicó. Correa le dejó un país quebrado a Lenín Moreno y desde entonces los recursos para la seguridad no crecieron en la medida que se necesitaba para enfrentar esta situación. Además, tanto Moreno como Lasso no tuvieron la seguridad como prioridad que se entiende en un país con esa historia de tranquilidad.
Lo cierto es que Ecuador es un centro de exportación de coca tan importante como Venezuela. Las dos grandes trazas satelitales de envíos ilegales salen de esos dos países. Si además sumamos el microtráfico, pues ya es un país de consumo, esa violencia era de esperarse. Lo grave es que con la debilidad institucional en la justicia, en el sistema carcelario y en las instituciones de inteligencia, investigación y seguridad, hoy los criminales tienen la ventaja. Es en esos sectores en los que hay que concentrar esfuerzos, y fue allí donde el Plan Colombia, que los colombianos pagaron en el 90 por ciento, sirvió para adecuar instituciones a la nueva realidad violenta.
El panorama es sombrío. Las mafias mexicanas controlan industrias completas como la del aguacate o la de suministros para obras en muchas regiones y su poder político en cerca de la mitad de los estados es de tal magnitud que ponen alcaldes y gobernadores. El poder de los carteles mexicanos se ha extendido a toda la región y su presencia va desde el río Grande hasta la Patagonia. Se han convertido en el Amazon de la droga y del lavado, pero con la característica violenta que tienen en su ADN. Por eso ciudades como Rosario, Buenos Aires y hasta Santiago viven una violencia que hasta poco no conocían.
Explosiones de violencia similares en otros lugares de la región no se pueden descartar en unos años si no se toman medidas serias frente a este fenómeno delictivo. Lo sucedido hace unos años con objetivos distintos –políticos– en Santiago, en Quito, en Colombia y en Perú, muestra lo fácil que es organizar unos motines que paralicen a un país o a una sociedad. Lo de Ecuador forma parte de ese aprendizaje que utilizan quienes quieren afectar la democracia, las libertades y la seguridad.
El continente cambió y su dirigencia debe cambiar también. Prioridad: seguridad, seguridad y más seguridad. Nayib Bukele en El Salvador ha mostrado un camino que si bien produce arbitrariedades en materia de justicia, en la región hoy tiene gran reconocimiento. El ciudadano está harto de que los delincuentes tengan más garantías que los ciudadanos de bien. El ejemplo de un presidente como Petro dándoles un millón de pesos a 100.000 jóvenes delincuentes para que “dejen de matar” es un precedente funesto, por un lado, y que llena a la ciudadanía de bien de ira, entre los que me incluyo.
Lo de Ecuador prende una mecha que puede tener el efecto contrario que los mafiosos y los delincuentes quieren crear, el de atemorizar a la ciudadanía. Bukeles al por mayor en la región con ciudades con tranquilidad y presos tratados como delincuentes bien puede ser el resultado de lo que pasó esta semana en Ecuador. Sí, con un costo importante en materia de democracia y garantías, pero si el Estado no protege al ciudadano no hay democracia que aguante.
Colombia, sobre todo lo que se hizo en los ocho años de gobierno de Uribe en materia de seguridad, es hoy más que nunca un ejemplo del camino que deben seguir los presentes y futuros Gobiernos de la región: en la forma, en el fondo, en la medición de resultados, en el seguimiento, en la cercanía y participación del ciudadano y en el compromiso fiscal.
Lo que muchas veces falta es el compromiso político que tanto Uribe como Bukele mostraron. Pronto veremos de qué está hecho Noboa y si entiende la complejidad y el sacrificio del momento en el que lo tocó gobernar. Por ahora, apoyo total.