A casi apenas un mes de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el presidente Joe Biden envió una delegación de alto nivel para reunirse con la administración entrante. En cambio, la Administración Biden tardó dos años en reunirse con el presidente saliente Iván Duque. Claramente, los demócratas están entusiasmados con la perspectiva de otro izquierdista en el poder, incluso si ese líder es mucho menos favorable hacia las políticas de EE. UU. que su predecesor.
Esta acción refleja el enfoque equivocado del presidente Biden hacia nuestra región. Los exintegrantes del gobierno de Obama, que ahora trabajan en la Casa Blanca, han forjado una agenda restrictiva de acuerdos climáticos con gobiernos amigos, mientras optan por acercarse a los dictadores en Cuba y Venezuela. Castigan a nuestros aliados y recompensan a nuestros adversarios, que conlleva a los votantes de Latinoamérica a rechazar la agenda proamericana y asimilan las posturas izquierdistas, incluyendo a Pekín y Moscú.
Para proteger la seguridad de nuestra región, debemos cambiar de rumbo de inmediato, y esto significa dejar de complacer la agenda de los izquierdistas. Colombia sigue siendo un socio regional importante, debemos mantener estos lazos fuertes, mientras actuamos a favor de los intereses de nuestro país.
En primer lugar, la administración Biden no puede permitir que los terroristas se salgan con la suya, pues el propio Petro tendrá una postura fuerte en su contra. Más bien, debemos mantener la presión sobre extremistas violentos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, el cual es notorio en estos momentos por su continua violencia en contra de las fuerzas de orden público.
En noviembre de 2021, la administración Biden sacó a las Farc de la lista de las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida le otorgó legitimidad injustificada a delincuentes violentos y narcotraficantes. También benefició a personas como Piedad Córdoba, íntima amiga de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora Córdoba se reintegra al Senado de Colombia como integrante del partido de Petro a pesar de estar en estos momentos bajo investigación judicial. Mi colega, el senador Ted Cruz de Texas, y yo presentamos una legislación para volver a incluir a las Farc como una organización terrorista e imponer sanciones a sus afiliados, al igual que a Córdoba. El congreso de EE. UU. debe aprobar esta medida de inmediato.
Además de mantener la presión sobre los terroristas, debemos oponernos enérgicamente a cualquier intento de cambiar nuestro acuerdo de extradición con Colombia. No hay nada que los funcionarios corruptos y los narcos quisieran más que garantizar que los asesinos y narcotraficantes no sean llevados ante la justicia de EE. UU. La violencia e indignación que se generó cuando el líder del Clan del Golfo Otoniel fuera extraditado a EE. UU. a principios de este año, muestra cuánto temen estos criminales al sistema de justicia norteamericano.
¿Por qué debemos quitarles ese miedo? La respuesta es obvia: no deberíamos, pues funciona. Conservar los derechos de extradición tiene claros beneficios: garantiza que los estadounidenses vean que se hace cumplir justicia por delitos cometidos por ciudadanos colombianos, y es una salvaguardia en contra de la inestabilidad en la región.
Finalmente, debemos mantenernos firmes en nuestro apoyo al gobierno de Juan Guaidó en Venezuela, incluso cuando Petro restablezca los lazos con el narco-régimen en Caracas. Cuando Nicolás Maduro convocó a elecciones ilegítimas en Venezuela en 2018 para mantenerse en el poder, Colombia y EE. UU. apoyaron al gobierno interino de Juan Guaidó. En pocos días, Colombia cambiará de rumbo y reconocerá a Maduro. Esas son malas noticias, pero no podemos permitir que cambie nuestro propio compromiso con la lucha de la restauración de la democracia en Venezuela. Los narco-dictadores no merecen ni el respaldo, ni el apoyo de EE. UU., aunque Petro haga lo contrario.
La administración Biden, desafortunadamente, puede que no esté dispuesta a tomar esta postura. Si el presidente Biden busca petróleo en Caracas y levanta sanciones contra el régimen de La Habana, incluso mientras el narco-régimen mantiene cautivos a ciudadanos americanos, es posible que esté dispuesto a sacrificar los intereses de EE. UU. para que el nuevo gobierno en Colombia acepte medidas que el Departamento de Estado decida impulsar.
Mientras navegamos nuestra relación con el nuevo gobierno de Colombia, no debemos abandonar los intereses nacionales de EE. UU. en la región, o los valores democráticos que tanto nosotros como nuestros aliados apreciamos. Lo que esto significa es simple: mantener una postura firme y no complacer las políticas de la extrema izquierda.