Luego de años de debate, por fin se comienzan a conocer los hechos y con ello, a clarificar las circunstancias y magnitudes de los fenómenos. Al menos, para el mes de diciembre de 2019, sobre el caso de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, se pueden sacar cinco conclusiones, que difícilmente cambiarán en los próximos meses o años. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, entre 1973 y 1990, se cometieron cerca de 3.200 asesinatos y desapariciones forzadas, es decir, en un periodo de 17 años, con un modelo de gobierno dictatorial. En Colombia, entre el año 2002 al 2010, durante los dos periodos del hoy senador Uribe, hay investigaciones por cerca de 4.200 ejecuciones extrajudiciales. Es decir, en menos de la mitad del tiempo de la dictadura de Chile y bajo un modelo de gobierno supuestamente democrático la cifra de civiles asesinados a manos de agentes estatales fue superior. Cuando el caso de ejecuciones extrajudiciales fue asumido por la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, muchos de los militares que llegaron con acusaciones de uno o dos falsos positivos han terminado confesando decenas. Uno de ellos, confesó 16. Esto significa que la cifra de 4.200 casos podría subir varios centenares más. Podrían ser más de 6.000. Así como se lee: 6.000 colombianos podrían haber sido asesinados, disfrazados de guerrilleros y reportados como bajas en operaciones militares. Hay cementerios en La Macarena en el Meta o Vista Hermosa que tienen centenares de NN. Cuántos eran guerrilleros y cuántos no es la gran pregunta. También es claro, a este punto, que estos casos en la Fiscalía General de la Nación o la Justicia Penal Militar no habrían terminado en nada. En la justicia tradicional habría habido mucha impunidad y falta de verdad. En cambio, se comprueba que ese cuento de que la JEP trae impunidad es una buena mentira. Ahora, es posible afirmar que aquellos que quieren destruir la JEP, lo que buscan es impunidad, ocultar la verdad y evitar que la justicia los coja. En Colombia, políticos, civiles y empresarios están asustados ante la simple posibilidad de que la verdad se sepa. Por ello, presentan proyectos de actos legislativos o de ley para modificar la JEP, intentan desfinanciarla como lo han hecho con la Comisión de la Verdad, se inventan referendos para destruirla y hasta reformas a la justicia. El mejor representante de estas estrategias es el senador Álvaro Uribe y en general, el partido de gobierno, el Centro Democrático. También, Vargas Lleras es otro ejemplo. Las fosas comunes en Colombia no son como en África o Los Balcanes, que eran huecos donde botaban los muertos. En Colombia, se utilizaron los cementerios de los municipios y corregimientos para enterrar las personas que supuestamente morían en combate. En una mirada inicial esta práctica se hizo en decenas de municipios. En los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá se dieron este tipo de hechos en todos sus municipios. Cuántos de estas personas eran guerrilleros y cuántos no, es una buena pregunta. La última conclusión tal vez es la más importante. De acuerdo con los relatos de varios militares en la JEP, incluyendo coroneles o soldados, había prácticas similares a la hora de cometer estas ejecuciones extrajudiciales. Es decir, en al menos 28 departamentos del país, en diferentes brigadas y batallones militares se ha logrado detectar prácticas comunes bajo las cuales se cometieron estos falsos positivos. Esto significa, que no fueron casos aislados, no fueron casos de soldados rasos, fueron casos sistemáticos donde habían hechos que se cometían como si se tratara de un libreto de una obra de teatro que se repite cada noche.
El país entrará en una gran catarsis, se mirará al espejo y comprenderá la magnitud de la violencia en Colombia. Como lo he dicho en otra oportunidad: nadie duda de que las Farc cometieron crímenes, lo que va a sorprender a muchos ciudadanos es que no fueron los únicos.