La crisis del gobierno peruano desata dos tipos de reacciones en Colombia: los que creen que no es comparable la situación del presidente Castillo con un eventual gobierno de Petro y aquellos que sienten una premonición política. Quizás no es ni lo uno ni lo otro, sino un poco de las dos. Castillo y Petro comparten similitudes, pero claramente no son iguales. Y Perú y Colombia, sin ser del todo similares, comparten realidades sociales y económicas, que justifican la comparación de sus políticos rebeldes. Pero también es claro que la institucionalidad estatal colombiana, y particularmente la institución presidencial, es significativamente más madura y estable en nuestro país, por lo que resulta injustificable asumir que la crisis institucional provocada por Castillo es la antesala a una debacle institucional en Colombia, si Petro gana.

Debemos reconocer que en ambos países la pandemia ha revelado políticas sociales precarias, insuficientes, con décadas de centralismo y privatización sobre sus hombros. Y en los dos países, tras la pobreza, se han desatado fuertes desafíos de seguridad ciudadana y seguridad nacional, especialmente relacionados con el hurto y el narcotráfico, en el caso Perú y Colombia, respectivamente. De ahí la importancia de gobiernos con mano izquierda, pero también derecha, pues la descentralización territorial, la salud, el empleo, el medioambiente y la educación están recuperando el espacio medular que habían perdido, pero que requieren de territorios seguros, productivos y competitivos.

Perú, claramente, no está avanzando en este sentido. Lo que se cocina en su territorio no es menor: la destitución de Castillo en medio de una crisis política, social, cultural y económica sin precedentes. Es cierto que Perú ha venido construyendo una desafortunada tradición de recambio abrupto presidencial, pero en pocas ocasiones esta situación había germinado en el contexto de una pandemia con graves consecuencias socioeconómicas locales y con la presión de fenómenos internacionales acuciantes como la inflación y el ambiente de guerra internacional.

El gobierno de Castillo pasa por su peor momento, con un gabinete que hace agua y sin una fuerza política en el Congreso que proteja sus iniciativas y su permanencia en el poder. Castillo podría pasar pronto a ser uno más en la lista de mandatarios peruanos que fueron derrotados por el mismo pueblo que lo eligió. Su poder sindical y el respaldo territorial, proveniente de su liderazgo rural, se queda cada día más corto frente al tsunami actual de descontento de millones de peruanos. Hoy, según la última encuesta confiable, 6 de cada 10 peruanos quieren su destitución y 8 de cada 10 quieren que haya elecciones nuevamente.

Pero, ¿cuán criticable resulta Castillo a la luz de sus promesas y actuaciones en campaña? ¡Mucho!, por la vocación marxista clásica que le dio el líder rural peruano a su propuesta de gobierno, desde sus días de candidato. Fundó su promesa en una visión excluyente de las minorías (mujeres vulnerables, comunidad LGBTI y etnias) por enfocarse en el campesinado. Y tampoco elaboró un proyecto serio de protección al medioambiente por priorizar, casi obsesivamente, la defensa de los pobres frente al poder del capital privado. Por ese marxismo primitivo, más que por su perfil humilde y rural, desde campaña Castillo se proyectó como un líder básico, confuso y lejano. Sin embargo, todas las facciones de izquierda -incluidas las progresistas que toman distancia del marxismo clásico- lo respaldaron en las urnas con la esperanza de conformar un gobierno con diversas tonalidades de izquierda. ¿Será capaz Petro de congregar las diversas fuerzas de izquierda, hoy tan dispersas?

De allí que desde que se instaló Castillo hubo conflicto y falta de consensos por el encuentro de distintos tipos de izquierda. Ese fue su primer gran error. Algunos miembros del gabinete representan una izquierda conservadora marxista, mientras que otros enarbolan los ideales de la izquierda progresista. Por eso, y ante la falta de liderazgo político de Castillo, el equipo de alto gobierno ha navegado en permanente turbulencia convirtiéndose en el talón de Aquiles del presidente peruano, que en tan solo nueve meses ha nombrado cuatro veces gabinete de gobierno y ha registrado el récord de 29 ministros sustituidos. ¿Confiamos en un eventual gabinete de Petro?

La segunda razón gruesa que explica el desencanto de Castillo es que el pueblo peruano veía en el profesor sindicalista lo que muchos latinoamericanos sueñan ver en los gobiernos de izquierda: el fin de la corrupción. Pero la ilusión de un gobierno sin corrupción se desplomó casi desde que se instauró su gobierno en julio del 2021, no solamente por los escándalos que han involucrado a sus ministros, sino por la falta de liderazgo del presidente para cumplir su agenda. Propuso crear el Consejo Nacional Anticorrupción, fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, inhabilitar a los sentenciados por corrupción y modificar el Código Penal para endurecer las sanciones. Y al sol de hoy, nada ha pasado. ¿Es viable la promesa de Petro de acabar o debilitar la corrupción con el elenco de personajes con tufo corrupto que están llegando a su campaña? (Roy, Piedad, Samper…).

En tercer lugar, sin gabinete estable y sin Congreso a su favor, es esperable que los peruanos consideren que será prácticamente imposible concretar las reformas por las que eligieron a Castillo. Las dos reformas más prometidas, la de salud y la de educación, no han avanzado ni siquiera incipientemente en el Congreso peruano. Y las demás promesas estructurales como la reforma pensional (para eliminar los fondos privados y crear el Banco Nacional de los Trabajadores), la educación universitaria gratuita, los créditos rápidos para pequeñas y medianas empresas, y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otras, se han perdido en el campo de batalla que ha tenido que enfrentar el presidente en su día a día. Y ni hablar de la nueva Constitución que también prometió, y que hoy -por fortuna- ya no está en las cuentas de nadie. ¿Convencerá Petro al Congreso y al país sobre sus reformas teniendo en cuenta su monumental desatino a la hora de justificar su reforma pensional?

Para rematar, Castillo ha demostrado una gran incapacidad para hacerles frente a las coyunturas internacionales que han afectado la economía. Perú enfrenta fuertes presiones inflacionarias y de aumento en la tasa de cambio que han profundizado el descontento social mediante fuertes protestas sociales que el presidente tampoco ha sabido manejar al declarar -precipitadamente- toques de queda. Por eso se ha profundizado la sensación de ingobernabilidad, esperando que el Congreso logre derrocarlo. Eso siente hoy la mayoría de peruanos arrepentidos. Ojalá los colombianos no lleguemos a lo mismo, porque aquí no tenemos tradición de destitución presidencial. No es una opción.