La opinión pública, especialmente en el ámbito regional, se ha desviado temporalmente de las acciones de Israel contra Hamás en Gaza y de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Se debe al referendo convocado por Maduro para incorporar al “Territorio Esequibo”, las dos terceras partes del territorio de Guyana a Venezuela, no obstante que un litigio entre los dos países sobre esa región está a consideración de la Corte Internacional de Justicia.

Han cobrado interés también las medidas que ha tomado el gobierno de Maduro. Entre ellas, la de hacer aparecer el “Territorio en Reclamación”, como un estado más de Venezuela en el mapa oficial de ese país. Esa estrategia ya se había experimentado con Colombia.

Durante muchos años, el mapa del tratado Pombo-Michelena de 1833, entre Colombia y Venezuela, que nunca entró en vigor, estuvo entronizado en muchos lugares del país, incluyendo el despacho del presidente de la república. En el tratado, La Guajira se dividía en partes iguales, mientras que la frontera en los Llanos Orientales llegaba a pocos kilómetros de Puerto López, en el departamento del Meta.

Ahora la Asamblea Nacional de Venezuela, tendrá la tarea de incorporar jurídicamente el territorio del Esequibo, como un nuevo estado venezolano. Se nombró a un general, hermano del inefable Diosdado Cabello, como jefe civil y militar “in péctore” del nuevo estado, mientras que Maduro tácitamente ha amenazado con el alistamiento de un millón de milicianos para enfrentar a Guyana. Seguramente entre ellos, estarán los grupos armados colombianos que se encuentran en Venezuela.

También fuimos objeto de algo parecido con Nicaragua, que desde 1890 hasta nuestros días, hizo figurar a las islas de San Andrés y Providencia como del dominio insular de Nicaragua, mientras que el gobierno de Ortega hacía lobby en todos los organismos internacionales imaginables, así como en entidades nacionales y gobiernos de otros países, para que el archipiélago y sus espacios marítimos se consideraran parte de Nicaragua.

Incluso, las fuerzas armadas sandinistas tenían asignado a su jurisdicción, el archipiélago y sus áreas marítimas. Menos mal que la Corte Internacional de Justicia frenó finalmente “las incontenibles aspiraciones” de Nicaragua sobre el archipiélago.

Hace algunos años pasó casi inadvertido, que Daniel Ortega preparó una “invasión pacífica” a las islas de San Andrés y Providencia, a las que consideraba parte de Nicaragua. Anunció que miles de nicaragüenses, encabezados por él mismo y por el cardenal Obando y Bravo; niños de los planteles educativos; comunidades religiosas; soldados desarmados; docentes y amas de casa, todos vestidos de blanco, se embarcarían en todo tipo de embarcaciones para llegar a San Andrés. Una versión tropical de la invasión a Normandía en 1944.

El gobierno colombiano alertó a la Armada, con la advertencia de que no se fuera a atacar a ninguna embarcación. Igualmente, dispuso que se prepararan discretamente pasacalles y carteles diciendo “Bienvenidos a Colombia” que debían ser instalados en el puerto. Se repartirían raciones de comida y se daría atención médica de emergencia. Incluso se llevarían músicos, pero sin dejar ingresar a la ciudad a ninguno de los “invasores”. Así mismo, ECOPETROL, se encargaría de distribuir combustible a las lanchas que lo necesitaran para regresar a Nicaragua. La operación se hizo con absoluta discreción.

Ortega desistió del proyecto. Se comentó que varios asesores sugirieron hacer un referendo para incorporar a las islas como otra provincia de Nicaragua. Finalmente, tampoco se llevó a cabo.

(*) Decano de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario.