No obstante el resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia del pasado 13 de Julio, que fue consecuencia de una política de estado llevada a cabo ininterrumpidamente desde 1969 por once gobiernos, la constante atención colombiana sobre el Caribe sigue siendo fundamental, para que no tengamos los afanes que el descuido nos deparó desde 1913.
A pesar de que el área es compartida por seis estados, Colombia quedó con un 64 % del Caribe Occidental. Pero no hay que olvidar que prevalecen hechos que merecen la atención en el futuro inmediato.
En 1982, entró en vigor el tratado relativo a la situación de los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, firmado once años atrás. Colombia garantizó en él a los Estados Unidos derechos de pesca a perpetuidad a sus buques en las aguas adyacentes a los tres cayos. Si esos buques ya no adelantan las faenas de pesca que les fueron autorizadas, ya que sería mezquino que vinieran desde los Estados Unidos a pescar en los cayos, de todas maneras, lo pueden seguir haciendo en cualquier momento porque el tratado sigue vigente. Por lo tanto, dicho instrumento de visos colonialistas debe ser derogado por mutuo acuerdo entre las partes.
Aunque Colombia concertó un acuerdo de delimitación marítima con Costa Rica, las amenazas de Nicaragua, así como las opiniones de algunos juristas y geógrafos ticos que señalaron que nuestro país había “estafado” a Costa Rica, impidieron que la asamblea nacional de ese país aprobara el tratado. Por consiguiente, no ha entrado y no va a entrar en vigor.
Afortunadamente Colombia ha contado con tres fallos de la misma Corte, en los que se confirma el dominio insular y la jurisdicción marítima de nuestro país, porque de otra manera, no sólo Nicaragua, sino Costa Rica, hubieran borrado la jurisdicción colombiana en el Caribe.
El tratado de delimitación marítima de Colombia con Honduras, cuya ratificación por su congreso le costó un intento de invasión por parte de Nicaragua, que solo pudo ser detenido por la intervención de la OEA, fue afectado gravemente por un fallo de la Corte Internacional de Justicia en la controversia sobre delimitación marítima entre Honduras y Nicaragua en el 2007, completado con el fallo del alto tribunal en el 2012. Pero el tratado, jurídicamente, está vigente entre los dos estados.
También el tratado de delimitación marítima entre Colombia y Panamá fue parcialmente afectado por el fallo de 2012 en el caso de Nicaragua contra Colombia. Es indispensable tratar de reparar esa situación.
En la última parte de la controversia, Nicaragua pretendió hundir el tratado entre Colombia y Jamaica. Afortunadamente, la Corte en el reciente fallo del 13 de Julio, impidió la maniobra. Pero no hay que olvidar, que el gobierno de Daniel Ortega, afectado con las sucesivas derrotas sufridas, incluyendo la reciente decisión de la Corte, puede seguir intentando extender sus espacios marítimos.
El Caribe debe dejar de ser una área crispada por conflictos, para constituirse en una de cooperación y convivencia. Es el reto para una verdadera zona de “Paz Total”.