La compra de votos de congresistas por distintos medios y motivos es el acto de corrupción más relevante que identifica al gobierno del cambio. De esa práctica incesante se infiere que es la línea de “gobernabilidad” para conformar mayorías que aceitan sus iniciativas legislativas. Eso sin mencionar la investigación de los disparates realizados por los dos Nicolás, los hijos del Ejecutivo.
Los nombres de altos funcionarios del Gobierno como Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Sandra Ortiz están vinculados con los casos más sonoros. Fue aclarado por los ya confesos operadores Olmedo López, Sneyder Pinilla y el grupo de funcionarios de la UNGRD que los acolitaron en la “empresa criminal”, así como también el de César Manrique, exdirector de la Función Pública, quien, por lo salido a la luz, montó su propio filón.
Los congresistas nombrados, además de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle (en procesos preliminares ante la Corte Suprema de Justicia), son Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Karen Manrique, Julián Peinado y Wadith Manzur, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Todos pertenecían a la Comisión Interparlamentaria de Crédito, cuyo concepto favorable para el endeudamiento público, se dice, se sujetó a eventuales asignaciones de contratos direccionados en los municipios de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar, que incluían motivación por desastres naturales no ocurridos.
En los últimos días apareció la noticia de que con el congresista Julio César Chagüi “se habría conversado sobre unos recursos disponibles de aproximadamente $30.000.000.000 en Invías que se entregarían al referido senador en la UNGRD, a efectos de que este determinara dónde y con qué persona se ejecutarán” (El Tiempo, 8/12/24).
Chagüi no es el único congresista beneficiario de proyectos del Invías. También se señalan favorecidos en contratos de obras a Juan Diego Echavarría, Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa, de los partidos Liberal, Conservador, De la U y del desaparecido En Marcha, de Juan Fernando Cristo. Según la asistente Alejandra Benavides, se concertaron con Juan José Oyola, directivo de Invías y en concordancia con la UNGRD, bajo la orientación del exministro Bonilla (SEMANA, 3/12/24).
Esto, sin mencionar los cargos entregados, como la ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos, atribuido a Ape Cuello, representante conservador por el Cesar, o el del director de Findeter, Juan Carlos Muñiz, apadrinado por las congresistas Kelly González, Karime Cotes y María Eugenia Lopera (El Colombiano, 20/3/24), o el endoso del ICA al combo de Carlos Amaya y Raúl Salamanca; a la politiquería en la Aunap y la Fiduprevisora, para no hablar del Sena, de la SAE, de la Supersolidaria y varias entidades a resguardo del Pacto Histórico y del sector más petrista de Alianza Verde.
Se dice que es normal desde 1968, con los “auxilios parlamentarios” y luego con los “cupos indicativos”. La verdad es que todo es ilegal. No solo porque el artículo 150 de la Constitución, dentro de las 25 funciones que estipula a los congresistas, no menciona ninguna relacionada con gestionar “proyectos regionales”, sino porque el 180 prescribe que les están prohibidas esas diligencias en beneficio propio o de terceros.
Es más. El artículo 406, al definir el cohecho impropio, dice que incurre “el servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones”, y el 407, relativo al “cohecho por dar u ofrecer”, castiga al “que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público”, bien para que no actúe o bien para que ejerza sus funciones. Con base en la información conocida, no es arbitrario concluir que el cohecho rigió la gobernabilidad en el Congreso de la República en estas legislaturas.
Esta combinación ilegítima sirvió para aprobar la funesta reforma tributaria de 2022, catalizadora del lío fiscal y de la parálisis económica; de la pensional, que favoreció a los grupos financieros y condenó a millones a jubilaciones miserables, y es quizás el combustible para la de la salud, presentada dos veces sin concertar con actores claves del sistema, como médicos y pacientes.
Aunque los delitos cometidos serán juzgados en cada caso y para cada acusado, el agravio a la democracia es insalvable, dado que este contubernio, calcado del libreto de los Gobiernos anteriores y reforzado ahora con el “enlace” de Armando Benedetti, anula la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, primera garantía del Estado social de derecho que rige en Colombia.