En las últimas horas, en el sur del departamento del Meta, en límites con el Caquetá, se conoció de una emboscada realizada por disidencias de las Farc a una patrulla militar. En los hechos murieron seis militares y otros ocho resultaron heridos, una acción militar que no se veía hacia años en esa región del país. Igualmente, en las últimas horas salió el reporte de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI de las Naciones Unidas sobre cultivos de hoja de coca. Allí, el resumen es que hay una disminución del 9 por ciento del área cultivada, pero hay más cocaína, la productividad aumentó en 1,5 por ciento. Es decir, se reduce el área sembrada, pero se aumentó la productividad. Además, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos el área sembrada sería de 212.000 hectáreas para 2019. Los datos territoriales son aún más dramáticos y complejos. Las disidencias de las Farc pasaron de operar en 2018 en 56 municipios a 101 municipios en 2020. Son 23 grupos y contarían con cerca de 2500 integrantes, al menos serían 1800 exguerrilleros y los demás nuevos reclutados. Por su parte, la guerrilla del ELN pasó de operar en 96 municipios a 139 en el mismo periodo de tiempo y los grupos armados organizados operan en cerca de 200 municipios, donde el grupo más grande es el Clan del Golfo. A nivel regional, encontramos que, al menos, seis regiones del país están incendiadas, tal vez lo más grave se vive en el área metropolitana de Cúcuta, allí se han venido presentado fusilamientos, descuartizamientos y desapariciones forzadas. Una guerra que involucra varias organizaciones criminales y grupos armados ilegales. También, preocupa el Bajo Putumayo, donde han sido asesinados varios líderes sociales. La costa pacífica lleva varios años en la lista y la situación en los Llanos Orientales se deteriora cada día. Los más complicado de todo es que, el gobierno de Iván Duque llegó prometiendo una lucha feroz contra el crimen y las economías ilegales. Culpaba de todo al gobierno de Santos y al proceso de paz, llegaron incluso a hablar de un plan B de las Farc. Sin embargo, dos años después de su llegada, lo que ha vivido Colombia es un deterioro en su seguridad. Además, pareciera que, en materia de seguridad no se encuentra rumbo, un sector del ejército se dedicó a perfilar y perseguir periodistas, políticos y hasta magistrados y poco se ha avanzado en la lucha contra el crimen. Sin embargo, tal vez la peor equivocación del Gobierno Duque se refiere al criterio con el que se analiza la seguridad: es un criterio ideológico y no de seguridad. Por ello, tantas equivocaciones y errores en estos casi dos años de gobierno uribista. Para un sector del Gobierno todo aún se explica entre izquierda y derecha, entre comunismo y capitalismo, entre amigos y enemigos de las Fuerzas Militares y no se ha entendido la profunda transformación del crimen en los últimos tres años. De hecho, se conoció, hace algunos días, del aumento de la presencia de los carteles mexicanos en Colombia, particularmente del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El ingreso de forma más permanente de estos emisarios de carteles está provocando una gran transformación en la criminalidad en el país, lo complicado es que parece que las fuerzas de seguridad del Estado colombiano no han entendido este cambio y están anclados con las viejas estrategias y lecturas del conflicto armado. Lo cual significa, no solo que no hay rumbo en la política de seguridad, sino que el deterioro en cuestión de meses puede ser aun mayor. En fin, un fracaso.