La gran pregunta política que nos estamos haciendo hoy es si, conocido el texto oficial de la reforma al sistema de salud y realizado el acto político de alto contenido simbólico, liderado por el propio presidente Petro, la propuesta del Gobierno nacional, tiene futuro político en el Congreso de la República.
O, dicho de otra forma, ¿los legisladores atenderán las múltiples, públicas y sustentadas preocupaciones de diversos actores del sistema?, o ¿cederán a la evidente presión política del gobierno para que la reforma sea tramitada sin mayor debate?
Sin desvirtuar la enorme importancia de la discusión técnica sobre el sistema de salud que deberíamos tener en Colombia, la briega que viene es esencialmente política, con gran piso ideológico.
Las reflexiones técnicas, provenientes de algunas sociedades médicas, algunas organizaciones sociales, los gremios empresariales del sector, algunas universidades y centros de pensamiento, han sido fundamentales para abrir los ojos de varios sectores de la sociedad y para animar a muchos congresistas a un estudio juicioso de la propuesta del gobierno.
Hoy, gracias a los argumentos técnicos de sectores que no apoyan la propuesta, hay mayor conciencia sobre la responsabilidad política que tienen los operadores políticos del sistema. Hoy, un gran número de legisladores quiere entender el impacto en el sistema por cuenta de las funciones propuestas para las EPS, las implicaciones de la transición que habría, las consecuencias de obligar al paciente a estar vinculado a un centro de atención primaria en un territorio y los riesgos derivados de la administración de recursos públicos por parte de las entidades territoriales.
Son las observaciones más frecuentes que se comentan en los pasillos del Capitolio y las que generan más reflexión sobre la factura política que estos ajustes al sistema podrían generar en los partidos, las estructuras políticas regionales y las aspiraciones políticas de los aliados de los legisladores.
Sin embargo, pese a la mayor conciencia técnica, no creo que los partidos políticos y el Congreso estén listos para un debate equilibrado entre los aspectos políticos y técnicos de la reforma.
La discusión será política en esencia, no solo por la influencia de las elecciones regionales de octubre próximo, sino -principalmente- por la presión creada por el presidente sobre el Congreso, cuya máxima expresión fue el mensaje de antier desde el balcón de la Casa de Nariño, sumada a la estrategia del gobierno para controlar el trámite del proyecto de ley.
El ingreso de la propuesta por la Cámara de Representantes, presidida por un alfil del alto gobierno, con una Comisión séptima -la de salud- liderada por otro alfil del Pacto Histórico, augura un fácil tránsito del proyecto por esta Cámara.
Lo que quizás abra la discusión y le sume semanas al trámite sea la alta demanda de audiencias públicas de la sociedad, representada por diversas organizaciones. Pero es esperable que la Cámara de Representantes, por procedimiento, facilite las audiencias públicas, aunque intentando concentrarlas en un periodo de tiempo que no altere los planes de gobierno para la aprobación esperada.
El efecto de las audiencias públicas será de todas maneras importante, porque fueron en parte las que hundieron la reforma al sistema de salud de Cambio Radical, en tiempos de Fernando Ruíz como ministro de salud, porque llevaron a los legisladores a revisar cuidadosamente el texto y a realizar modificaciones con la presión de la sociedad civil.
Se prevé que se llevarán a cabo seis o siete audiencias que serán los escenarios en los que los críticos de la propuesta de la ministra Corcho se jugarán su capacidad de contener la reforma.
Importante será entonces que las audiencias públicas surtan efecto en el texto, para que la propuesta llegue parcialmente ajustada al Senado, donde se espera un debate más ríspido debido a su composición menos servilista y con mayor influencia de la oposición por el liderazgo de importantes figuras César Gaviria, Germán Vargas y Dilian Francisca Toro, que no quieren que se apruebe la reforma.
Pero bueno es advertir que el ambiente a hoy de la reforma en el Congreso es más positivo que negativo. El liderazgo personal que asumió el presidente ante la crisis de credibilidad de su ministra, más la puesta en escena en la Plaza de Armas para presentar públicamente el texto oficial de la reforma, unieron a los diversos sectores del Pacto Histórico en torno a la reforma, realinearon con el gobierno a varios grupos importantes del Partido de la U, reanimaron a casi todos los miembros del Partido Verde a apoyar el gobierno, reivindicaron a varios grupos petristas del Partido Liberal que andaban dubitativos y alertaron al Partido Conservador sobre las consecuencias políticas de apartarse del gobierno en la reforma.
Sin embargo, el trámite no será políticamente expedito para el gobierno. Será mucho más enredado de lo que previó el 7 agosto pasado al llegar al poder. La primera vía que tiene para lograr la aprobación sería -como en toda reforma- definir con los partidos qué está dispuesto a negociar y qué no, aceptar modificaciones a la propuesta y terminar entonces con una reformita. Una vía que no pareciera aceptable para el gobierno como primera opción, porque ha demostrado bajísima receptividad en el proceso, preocupante intolerancia a las críticas y gran ansiedad por aprobar la reforma con la presión del pueblo.
Podríamos entonces como sociedad enfrentarnos a un trámite inédito de la reforma a la salud, con debates dentro y fuera del Capitolio Nacional, con marchas en las calles cada vez que los legisladores quieran modificar las ideas que el gobierno considere inamovibles y con un activismo digital sin precedentes que arrincone a los congresistas.
¿Y la oposición, volverá también a marchar? Y, ¿cuál es la estrategia política de la sociedad civil y de los representantes del sector privado?