No tenemos la Policía Nacional que necesitamos y no la tendremos en este gobierno errático, aliado de las tres guerrillas que se crecieron. Ni Fuerzas Militares, ahora desmoralizadas y sumidas en la incertidumbre. Por supuesto que darán algunos golpes certeros y parecerán que hacen algo. Pero se asemejan más a una tropa desorientada, sin rumbo, que a unos cuerpos de seguridad potentes, con órdenes y objetivos nítidos, como requiere un país tan convulso e inseguro como el nuestro.   

El lamentable culebrón de esta semana refleja a la perfección tanto la caótica manera en que Petro y sus ministros de Defensa e Interior manejan el orden público como su interés en desacreditar a la institucionalidad.

Nos dejó perplejos el general Sanabria, cabeza de la agonizante Policía, revelando que al ministro Prada le obligaron a hablar de “cerco humanitario” y debió canjearse por los policías del Esmad con el fin de lograr la libertad y evitar que mataran más uniformados secuestrados.

Intentábamos digerir su rocambolesca historia cuando Prada corrió a desmentirlo con otro relato inverosímil en el que los manifestantes salvajes son los abnegados pacifistas de la película.

Entretanto, un juez militar ordenaba la detención del comandante de Policía de Caquetá por no enviar refuerzos y, a continuación, el presidente mandaba un trino (su actividad favorita) asumiendo su responsabilidad en el desgobierno del paro de Los Pozos y alabando la falta de apoyo a los secuestrados.Si semejante laberinto lo deja a uno loco, imaginemos lo que sentirán miles de policías y militares que llevan siete meses siguiendo los capítulos de una telenovela inquietante que tendrá un final desastroso.

Los últimos acontecimientos, que se precipitaron a velocidad de vértigo, marcan el equivocado sendero que escogió transitar el Gobierno Petro.

Aunque los militares no albergan duda de que las Farc de Iván Mordisco estuvieron detrás del paro de Los Pozos, el Gobierno persiste en el error de encubrir a los criminales. Y en colaborar a que la guardia campesina, un arma más de esa guerrilla, se fortalezca en Caquetá, Guaviare y Meta.

Además, el ministro de Defensa recuerda a cada nada que existe un acuerdo de cese de hostilidades con las Farc, y la Oficina del Alto Comisionado pide explicaciones a los militares cuando realizan un operativo contra dicha banda delincuencial.

Y como en el Bajo Cauca el Gobierno eligió la estrategia opuesta, quedó al descubierto su incoherencia crónica y su complacencia con las guerrillas. Gustavo Petro sacó el puño de hierro frente a las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que mandan en gran parte de la región, y olvidó que el ELN y las Farc también están en el área. Por eso repudió los ataques a militares y policías, y a sembrar la violencia por todas partes, pero solo si lucen el brazalete criminal de las AGC. Pero si disparan y generan caos con el de las guerrillas, lo encuentra razonable.

Por eso resulta tan difícil para nuestras Fuerzas del orden adivinar qué patrón seguir, máxime en casos como el de Argelia, Cauca, que volvió a vivir esta semana un recrudecimiento de la guerra entre las Farc de Mordisco y las de Márquez. Desde Bogotá muchos exigen la presencia del ejército para proteger a la población, pero cabe recordarles que campesinos cocaleros sacaron a patadas y en varias ocasiones a policías y soldados y que la Corte Constitucional sentenció que la Policía debía salir del corregimiento El Mango y el Ejército, de El Plateado.      

¿Cómo acudir, entonces, en su rescate?

No solo es que no tengan nítida la misión ni la forma de intervenir contra las bandas a las que Petro regaló el cese de hostilidades, es que tampoco otorgan a los uniformados garantías jurídicas si afectan a un civil. Garantías, por cierto, que dan a los criminales que se sumen a la paz total.

En todo caso, la oferta que hizo en su Twitter el presidente Petro de contratar abogados extranjeros, especialistas en derechos humanos, para defender casos como el del coronel del Caquetá no es desinteresada (*) y solo aplica si los oficiales se quedan de brazos cruzados mientras secuestran o matan compañeros.  

Precisamente, el gesto de respaldar esa política supone otro clavo en el ataúd de la moral militar y policial. ¿Con qué ánimo realizan operativos si desconfían de que los vayan a apoyar en caso de verse en grave peligro?

No será fácil olvidar a los del Esmad abandonados a su suerte o al sargento que murió por falta de helicóptero para evacuarlo.

Lo más preocupante del sombrío panorama es que el Gobierno anda feliz viendo rodar a FF. MM. y Policía por el despeñadero.

NOTA: (*) ¿Planea Petro firmar jugosos contratos con el argentino Guido Croxatto, defensor del expresidente peruano Pedro Castillo? ¿Y con el español Baltasar Garzón, defensor de los mafiosos chavistas en el caso Álex Saab? ¿No sirven los colombianos?