Vayamos directamente a lo esencial: el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto una investigación formal contra el presidente y algunos de sus cercanos colaboradores por posibles excesos en la financiación de la campaña electoral para la Presidencia. Vendrá a continuación una etapa en la que se pidan y practiquen pruebas, se presenten alegatos de conclusiones por los acusados y, por último, el CNE decida.
Para imponer sanciones que, con relación al presidente, solo pueden ser pecuniarias, se requiere una mayoría calificada de 2/3 de los votos. Supongamos que ese fallo es condenatorio. En tal caso, cabe demandar su nulidad ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal de la jurisdicción administrativa.
Dentro de ambos procesos se podrán discutir de nuevo casi todos los temas: la oportunidad para iniciar la investigación, las diferentes modalidades de superación del techo financiero. Se presentarán recusaciones y tutelas, y la eventual renuncia de ciertos magistrados, acciones que buscan dilatar el proceso hasta que la prescripción borre una historia que parece tenebrosa.
Casi todos, digo, porque el asunto crucial de la competencia quedará resuelto una vez más, y ya definitivamente, como consecuencia de la acción de tutela presentada por el abogado del presidente, que fue admitida en el Consejo de Estado. Como calcula que va a perder (su estrategia es quemar tiempo), se anticipó a decir que pediría a la Corte Constitucional que seleccione el caso para consolidar la jurisprudencia. Estupendo que así sea.
Antes de que el CNE asumiera el caso, fue menester que el Consejo de Estado definiera que la competencia para adelantar esa investigación es suya, y no de la Comisión de Acusación de la Cámara, como esta pretendía. Sin embargo, para dirimir este conflicto, ese organismo judicial tuvo que examinar su propia competencia. Habiéndola establecido, definió que el CNE tiene facultades para establecer si los topes fueron superados e imponer sanciones administrativas.
Si esa fuere su conclusión, luego de decidir lo que le corresponde, deberá remitir el expediente a la Comisión de Acusación, el primer peldaño del proceso político que podría conducir a la destitución del presidente. Los otros dos son la Cámara en pleno y el Senado. Nadie conjetura que estos pasos puedan cumplirse antes de que finalice el periodo presidencial.
Es imposible imaginar un conjunto mayor de garantías y, por lo tanto, un grado mayor de injusta rebeldía contra las instituciones que la cometida por Petro al proclamarse víctima de una conjura para sacarlo de la Presidencia.
Confirmada la competencia del CNE por la Corte Constitucional, este violaría gravemente sus deberes si decidiere no ejercerla. Sus integrantes fueron elegidos de conformidad con la Constitución. Si el mecanismo para seleccionarlos nos disgusta por su origen político (es mi caso), deberíamos cambiarlo, pero mientras estén ejerciendo sus funciones merecen respeto, y no los agravios que de Petro han recibido.
Agravios que se extienden al Consejo de Estado, que resolvió la disputa entre el CNE y la Comisión de Acusación, a la Corte Constitucional cuya jurisprudencia siguió con rigor aquel, y a los magistrados que hacen parte de estos cuerpos que integran la cúpula del sistema judicial.
Todavía más: al mencionar con singular torpeza la reforma recién adoptada en México por un gobierno populista afín a Petro, para politizar la designación de los jueces, todos los integrantes del poder judicial deben sentirse amenazados. Y, en última instancia, gravita sobre nosotros, los ciudadanos demócratas que creemos en la división de poderes, una enorme congoja al presenciar el asedio que la Constitución padece.
Hasta ahora, Petro juega con ambigüedad: cuestiona la legitimidad de las decisiones del CNE y del Consejo de Estado, pero —al mismo tiempo— utiliza los recursos legales que se encuentran a su disposición. Si fuera consecuente en su repudio a la autoridad que lo investiga, rehusaría comparecer. Cabe entonces preguntarse: ¿reconocerá solo las decisiones que le favorecen y no las que le resulten contrarias? Hablo no solo de las judiciales, también lo hago con relación a las electorales. Su pasada conducta, cuando perdió las elecciones en 2018, no genera confianza.
¡Qué afrenta para la República la solidaridad de los gobiernos de Brasil y México con Petro! ¡Oh, dolor inconmensurable que el tirano de Venezuela se ofrezca a mediar sobre la crisis que nuestro gobierno ha creado!
Al margen de los excesos de financiamiento que, a estas alturas, casi parecen pecados menores, debo decir que Petro, al atentar contra la Constitución que juró respetar, no es digno para el ejercicio del cargo. Sin embargo, intentar su remoción no es una línea de acción promisoria habida cuenta de la composición de las fuerzas políticas en el Congreso.
Tampoco es prudente. La peligrosidad del adversario es elevada. Sus convocatorias al pueblo para tomarse el poder, si las instituciones no se pliegan ante sus amenazas, son creíbles. Hoy, más que nunca, hay que cerrar filas en defensa de la democracia. Ese es el único acuerdo nacional posible.
Briznas poéticas. Escribe Eliseo Diego, poeta cubano: ”Un pájaro en lo alto, / en lo más fino / del árbol alto, / un tomegín / nervioso, breve, tan liviano, como un soplo de luz / está cantando su propia levedad, / la maravilla de su increíble ser, su pura vida minúscula, perfecta, iluminada”.