Mucho se ha especulado sobre los alcances de la reforma pensional recientemente aprobada por el Senado de la República, que en próximos días surtirá su trámite en la Cámara de Representantes. Como se espera, el texto será aprobado y posteriormente pasará a sanción presidencial para ser publicado y promulgado. Lo que se avecina en términos de impacto financiero y fiscal de la aludida reforma aún son desconocidos para el común de los colombianos, sin embargo, pueden advertirse indiscutibles riesgos, a saber, los siguientes.
Para entender cómo irrumpe la reforma en nuestro actual sistema, es menester primero indicar cómo está compuesto. El sistema de pensiones cubre las contingencias de vejez, invalidez y muerte de origen común, esto es, que no sean de origen laboral, por ejemplo, una pensión por accidente de trabajo. La protección en este caso se realiza a partir del reconocimiento del derecho a una mesada pensional mediante un sistema dual compuesto por el régimen de prima media (RPM) y el de ahorro individual con solidaridad (RAIS). El primero de ellos se financia mediante los aportes realizados por los trabajadores activos y los subsidios estatales; en el segundo, con los aportes y su rentabilidad.
Según cifras de la Superfinanciera, para el año 2023, un total de 25,8 millones de personas estaban afiliadas al sistema, de las cuales 18,63 millones en el RAIS (72.20 %) y el resto en el RPM (29,80 %); sin embargo, para julio de 2023, solo 6,78 millones de personas se encontraban aportando, mientras que existía un total de 1.84 millones de pensionados, 1.56 millones en el RPM (96.64 %) y 279.362 en el RAIS (3.36 %). En el caso de los pensionados del régimen de prima media con prestación definida, según se sabe, el 80 % se financia con los subsidios estatales, es decir, con los impuestos de la población rentística, y el restante 20 %, con los aportes que realizan los actuales trabajadores afiliados activos.
Ahora bien, con el fin de garantizar el principio de universalidad del sistema pensional y, con ello, proteger a nuestra actual comunidad adulta mayor, la reforma pensional propone implementar un sistema de pilares. El primero de ellos, bajo el régimen solidario, busca garantizar una renta básica para las mujeres mayores de 60 y 65 años; por su parte, a los hombres que no posean una fuente de ingresos que garantice su vida digna y no reúnan los requisitos para beneficiarse del actual régimen solidario, se les otorgará el mínimo de ingresos de subsistencia fijado por la línea de pobreza extrema más el IPC, lo que significaría para el 2024 el equivalente a $ 217.137.00 mensual.
El segundo pilar, el semicontributivo, beneficiaría a quienes cotizaron al sistema, no cumplieron los requisitos para la pensión de vejez, pero sí un mínimo de 300 semanas, quienes recibirán el valor promedio del ingreso base de cotización traído a valor presente con la variación del IPC certificado por el Dane, aumentado en un 3 % anual, más el 15% del saldo resultante, más el saldo de la cuenta de ahora individual, si lo posee.
El tercer pilar, el contributivo, dirigido a los trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y personas con capacidad de pago para cotizar, quienes deben aportar al RPM si perciben hasta 2.3 % salarios mínimos, quedando obligado quien perciba una asignación o ingreso superior a cotizar en el RAIS, sobre el valor que supere dicho tope; quienes recibirán una sola pensión, los hombres al arribar a los 62 años y la mujer a los 57, si acreditan 1300 semanas para el 2025, y a partir del 2026, mujeres 1000 semanas y hombres 1300 semanas.
El cuarto pilar corresponde al ahorro voluntario individual o pensiones voluntarias.
La reforma implica que el 80 % de los afiliados cotizantes en los fondos privados deba aportar en el RPM, los cuales no tienen recursos adicionales para cotizar en forma voluntaria en el RAIS, lo que de entrada significa que las AFP dejarían de administrar dichos recursos, lo cual tendría un efecto directo en el mercado de capitales. Si bien aquellos aportes aparentemente entrarían a refinanciar el régimen de prima media, en principio no contribuirá a disminuir el monto del subsidio estatal necesario para el pago de las altas pensiones que percibe el sector oficial actualmente, ya que gran parte de los recursos entrará a financiar los auxilios y pensiones que componen los dos primeros pilares.
En concreto, el nuevo sistema pensional genera una contradicción, pues de un lado resulta evidente que pretende aumentar la cobertura, al reconocer beneficios entre 1 y 2.3 SMLMV en las personas destinatarias de los dos primeros pilares, mientras que para ingresos superiores a 2.3 salarios reduce el valor de la pensión, pues su tasa de reemplazo se disminuye en función del pilar de capitalización que terminará minimizando la tasa final de reemplazo de la pensión del trabajador que percibió una asignación salarial o ingresos superiores, fruto de invertir en su capacitación. Es decir, tiende a generar una igualdad pensional, con efecto a una línea media baja para todos los pensionados, que finalmente afectaría la economía nacional.
No se puede olvidar que las pensiones “altas” tienen un porcentaje nulo o mínimo de financiamiento, mientras que estás pensiones de salario mínimo están altamente subsidiadas, así como las de garantía de pensión mínima en RAIS.
Ahora, si se incrementara el umbral de salarios mínimos con que deben cotizar en el RPM, resulta evidente que desaparecerían los fondos privados y, en general, la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, ya que pasarían a recibir menos del 20 % de lo que hoy administran por concepto de aportes, sin que ello represente un alivio para el régimen de prima media, en la medida en que se vería obligado a pensionar y entregar mayores auxilios a quienes nada o poco contribuyen para la financiación pensional, lo que a su vez seguirá afectando la reserva fiscal, por cuanto tendría el Estado que continuar pagando las pensiones oficiales que son las que requieren mayor subsidio, en atención al régimen de transición estipulado. Luego, no resulta real que el nuevo sistema pensional combata la amplia desigualdad en la redistribución del ingreso a partir de los impuestos generales.
La propuesta, que se encuentra ad portas de ser definitivamente aprobada por el Congreso, nos conduce al advertido abismo de afectación económica a gran escala, al tiempo que no combate la desigualdad. Finalmente, pretende estatizar el sistema pensional, dejando cumplida la promesa de arrasar con los fondos privados de pensiones y, como es costumbre, afectando al eslabón más débil de la cadena, los ciudadanos.