La Fundación Paz y Reconciliación desplegó un equipo de cerca de 50 personas para analizar el mapa de la seguridad en Colombia. El objetivo era determinar el desempeño del primer año de gobierno de Iván Duque y además entender el balance de la seguridad del posconflicto, luego de casi tres años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. El documento, de cerca de 200 páginas, estudia ocho ítems, se producen muchas conclusiones y está lleno de datos y mapas. De todas las conclusiones destacaré dos. Por un lado, de los 281 municipios priorizados para el posconflicto, hay un grupo de 123 que fueron copados por Grupos Armados Ilegales y Grupos Armados Organizados. El ELN se expandió en poco más de una treintena de municipios, el Clan del Golfo en cifras casi iguales a las del ELN, sin embargo, los grupos posFarc o disidencia pasaron de operar en 58 municipios en octubre de 2018 a 85 para la primera semana de agosto de 2019. De hecho, dentro de estos 123 municipios hay varios de ellos donde el copamiento es realmente bajo, con actuaciones de la fuerza pública y otras instituciones del Estado se recuperaría rápidamente la seguridad. Así las cosas, de los 123 municipios con copamiento, son 106 los que tienen problemas reales de seguridad. Los grupos posfarc están distribuidos en 23 grupos, son cerca de 2000 exguerrilleros y estarían evitando combatir y acumular fuerza. El futuro de las disidencias podría ser de dos caminos. Por un lado, podrían sufrir un proceso de bandolerización, donde cada grupo tendría un jefe y a medida que se da la operatividad de la fuerza pública, los grupos entran en proceso de degradación. La otra alternativa es que se cree una nueva guerrilla y por ende se revitalice un conflicto armado con justificación política de la violencia. El camino que tomen estos grupos dependerá de la cantidad de mandos medios que vayan a las disidencias. El informe concluye que el sector de mandos liderados por Márquez, Santrich y compañía está muy cerca de las disidencias armadas. Se prenden las alarmas sobre el camino de lo que podría ser una nueva guerrilla. Todo parece indicar que un sector que se quedó en armas de la antigua guerrilla de las Farc y un sector de la extrema derecha, están de acuerdo en revivir a las Farc y están haciendo todo tipo de esfuerzos para lograrlo. A continuación, se muestra el mapa del copamiento de los 123 municipios del posconflicto.
Otra de las conclusiones interesantes del informe es que los indicadores de violencia asociados al conflicto disminuyeron de forma increíble entre el año 2012 y el año 2017. Para el año 2018, en algunos indicadores, se produjo un leve aumento, producto de la disputa entre ilegales por las zonas que antes eran de las Farc. Para 2019, los indicadores vuelven a caer y quedan en los niveles de 2017. En el año 2018 se presentaron cerca de 150.000 desplazamientos forzados. Entre enero y agosto de 2019 van registrados 38.000. En los afectados por minas antipersonal el año pasado fueron 170 víctimas y en 2019 se contabilizan 60. La cifra al final de año podría llegar a los 130 afectados. En 2006 fueron más de 1.200 personas las afectadas por las minas. En 2019, en materia de desaparición forzada por conflicto van 11 víctimas, el año pasado fueron 114 y en los peores años de la guerra la cifra llegó a más de 10.000. Igualmente, en el año 2018 se presentaron 176 secuestros. Entre enero y mayo de 2018 fueron 67 y en ese mismo periodo en 2019 van 40. Este es uno de los crímenes que está a punto de desaparecer. En el homicidio, la cifra de 2019 vuelve a los niveles de 2017, luego de un aumento en 2018. A continuación, se muestra la gráfica. Homicidio Nacional (enero-junio) Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Según cifras, al Gobierno Duque no le ha ido mal. Sin embargo, cuando se escarba en las razones de este descenso en 2019 la situación se complica. Gran parte del descenso de los homicidios se debe a que una estructura criminal ganó la guerra en algunas regiones y esto hace descender los niveles de violencia. Por ejemplo, en el Catatumbo hubo una guerra entre el ELN y el EPL durante 2018 y para 2019 el ELN ganó, por ende, la violencia descendió. En otros casos, las organizaciones criminales pactaron, como en el Nudo de Paramillo, donde el Clan del Golfo habría pactado con los Caparrapos, razón por la cual la violencia comenzó a descender. Así las cosas, la reducción de la violencia homicida en las zonas de posconflicto no sería producto de la eficacia de la política pública en materia de seguridad, sino de la capacidad de racionalizar la violencia por parte de los ilegales. De hecho, el informe concluye una situación complicada de la fuerza pública por diferentes motivos.