Las cifras del desempleo en Colombia en el marco de la pandemia nos muestran una profunda emergencia social: el promedio de desempleo nacional es de 21 por ciento, y el de jóvenes y mujeres está alrededor del 30 por ciento. En adición a estas cifras, cerca de 1 millón de jóvenes podrían, por razones económicas, tener que abandonar sus estudios de educación superior y de formación para el trabajo. Una calamidad por donde se mire. Es urgente un plan de empleo para el país –creo que ya estamos demorados–, y ese plan debe tener como uno de los puntos centrales el empleo de los jóvenes y las mujeres. En particular, partimos de la siguiente premisa: el mejor empleo para una persona joven es estudiar. Un joven que deja de estudiar es un costo muy alto para la sociedad, para su familia, y para él o ella. Evitar que un estudiante abandone las aulas es un componente central de un plan de empleo de emergencia. El propósito de este artículo es mostrar que podemos, con compromiso ciudadano y político, darles a nuestros estudiantes y a sus familias un plan de apoyo efectivo, serio, no populista, viable fiscalmente, y que responda a las prioridades del país. El plan “Estudiantes Primero”, diseñado por nuestro equipo para rescatar a los estudiantes de una posible deserción, está basado en un subsidio a la demanda educativa para atender a 1´475.000 estudiantes: 1´175.000 en la educación superior (universitaria, técnica y tecnológica) y 300.000 en formación técnico laboral. Mientras se ponen en marcha políticas de carácter estructural –que por cierto no pueden esperar más– nuestro plan cubre por los dos próximos semestres: (i) la totalidad de las matrículas de los estudiantes, estratos 1, 2, 3 y 4, de las universidades públicas (cerca de 665.000 estudiantes), (ii) hasta 2 millones de pesos de auxilio de matrícula semestral para 300.000 estudiantes de universidades privadas, (iii) un subsidio de matrícula o manutención de 500.000 pesos semestrales para 210.000 estudiantes de educación superior técnica y tecnológica en instituciones privadas y públicas (especialmente el Sena), y (iv) un subsidio de 500.000 pesos para la manutención de 300.000 estudiantes de formación técnico laboral. Los recursos del fondo para el apoyo de nuestros estudiantes deberán asignarse de manera secuencial y definiendo prioridades. Los primeros beneficiarios deben ser los estudiantes de las universidades públicas y aquellos estudiantes de la educación superior y de formación técnico laboral priorizados por el Sisbén –que no cuentan con otro subsidio directo a la educación–. Son elegibles luego los estudiantes que demuestran que sus ingresos, o los ingresos de sus familias, no son suficientes para continuar estudiando, como consecuencia de la pérdida de empleo por la crisis. Estos instrumentos se pueden afinar con otros disponibles para la focalización del gasto social. La inversión de este plan educativo asciende a 2,6 billones de pesos (1,3 billones en cada semestre), cifra que representa cerca del 6 por ciento del Presupuesto General de la Nación destinado a Educación en 2020, y es menos del 9 por ciento del presupuesto actual del Gobierno para atender la crisis de la pandemia. El fondo sería administrado por el Ministerio de Educación, con mecanismos de veeduría ciudadana y reportes públicos de información para garantizar la transparencia, y para ganar en la confianza y la legitimidad de lo público. Es un plan ambicioso, sin duda. Pero el desafío no es menor. Tenemos la oportunidad de proteger a nuestros jóvenes, sus familias, y el capital humano y social del país, además de evitar la destrucción de nuestra capacidad productiva para la reactivación, el empleo y para una sociedad del conocimiento. Y confiamos en que este plan puede ser un mecanismo articulador de las iniciativas regionales y de muchas instituciones de educación superior –que hemos visto bastante activas en la búsqueda de soluciones para sus estudiantes–. A este plan todos pueden sumarse: universidades, empresarios, gobiernos locales. Siempre es importante, pero en momentos de crisis es esencial contar con todo el esfuerzo colectivo, la solidaridad y la unidad de nuestros ciudadanos y nuestras instituciones. Les doy un par de ejemplos necesarios y perfectamente viables. Primero, podríamos contar con un fondo empresarial para apoyar el transporte y la alimentación de los estudiantes. Sabemos que algunas fundaciones empresariales tienen este tipo de iniciativas. El reto: 300.000 millones anuales. El segundo punto en el que todos podemos sumar esfuerzos tiene que ver con la irrupción de la tecnología digital, que es imparable y que ahora, en medio de la pandemia, nos pone el desafío de acelerar la incorporación de la virtualidad en la educación, en conjunción con la revisión y creación de programas educativos para el trabajo en el mundo digital. Es de la mayor relevancia empezar desde ya programas masivos de formación para los nuevos trabajos que incorporan las habilidades y conocimientos digitales. Tenemos mucho trabajo por delante para integrar esta propuesta a un eje virtuoso de educación, empleo y economía para el bienestar de los colombianos. Ya estamos trabajando en eso. Eso sí, no podemos esperar para activar este plan que mitiga los efectos de la crisis, que nos muestra una ruta de lo que puede convertirse en algo estructural, y lo más importante: que nos da una oportunidad de evitar una generación de la desesperanza, para en cambio contar con una juventud que nos ayude a construir el futuro que Colombia merece. La oportunidad política para recomponer nuestra sociedad la tenemos hoy. *Esta propuesta se estructuró en conjunto con los equipos de Economía y Educación de Compromiso Ciudadano.