Es una historia de no creer, pero se podría estar ad portas de descubrir el segundo Cartel de la Toga. La historia es la siguiente. En un informe de la Fundación Paz y Reconciliación se encontraron varios contratos con exmagistrados o familiares de los actuales magistrados del Consejo de Estado que fueron entregados por la Federación Nacional de Departamentos (FND). Tales como: Rocío Araújo, Enrique Gil, entre otros, y con políticos y abogados aliados de quienes impulsaron la elección de Carlos Camargo en la Federación. Entre estos se encuentra la exsenadora Olga Suarez Mira y María Alejandra Ordóñez (hija del exprocurador Alejandro Ordoñez), representante legal de Ordóñez Hernandez abogados s.a.s., entre otros. El presidente de la FND es el señor Camargo, quien fue hasta hace poco magistrado del CNE o Consejo Nacional Electoral. Todo parece indicar que habría una triangulación que sería la siguiente: Camargo les da contratos a personas cercanas a magistrados y exmagistrados, a cambio, estos beneficiarían procesos de congresistas conservadores y a su vez Camargo se aseguraría apoyos de unos y otros para su elección como Registrador Nacional que será en el mes de diciembre del presente año. Entre los contratos suscritos por la FND resaltan los entregados a Liliana del Rosario Araújo y Ciro José Muñoz, hermana y primo hermano de Rocío Araújo Oñate, magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado. La sección encargada de los temas electorales. Muñoz fue a su vez magistrado del Consejo Nacional Electoral y su contrato de 26 días con la FND apunta a asesorar a los gobernadores en los procesos que se surten contra ellos por delitos electorales en la entidad que justamente presidió. Cabe preguntarse si dicho contrato podría ejecutarse en tan corto lapso de duración, a qué procesos brindó su “consultoría” y si deberíamos los colombianos pagar esto con nuestros impuestos.
Otro magistrado de la sección presuntamente favorecido por Camargo es Alberto Yepes, quien dejó su cargo hace poco más de un mes, y cuya esposa, Sonia María Castro, fue contratada para asesorar a los departamentos sobre la normatividad que rige los de juegos de azar.
Entre los contratistas también se encuentran los exmagistrados del Consejo de Estado Enrique Gil Botero, quien prestó sus servicios directamente a la oficina del director; Martha Teresa Briceño, cuyo contrato se centra en actividades que no son particulares a su experiencia, específicamente en el cálculo de giros menores a los departamentos por parte del Sistema General de Participación y la cuantificación de los daños causados por estos; y Alier Eduardo Hernández Enríquez, quien además es amigo personal de Ramiro Pazos, actual magistrado de la sección tercera y vicepresidente de esta Corte.
Por otro lado, se evidenciaron contratos con el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo; con el conjuez de la sección segunda de esta misma Corte y también abogado del congresista Ape Cuello y la exgobernadora Oneida Pinto, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, cuyo contrato presenta el mismo objeto contractual que el de la exoficial de la sección tercera del Consejo de Estado y exsecretaria del Tribunal Nacional de Garantías del Partido Liberal, Malka Irina Guerrero Castillo. Un contrato igual de vago en su objeto que los dos anteriores, es el del conjuez del Consejo de Estado, Mauricio Fernández Rodríguez, quien además se desempeñó como abogado defensor de los senadores del Centro Democrático y el Partido de la U, Ernesto Macías y Eduardo Pulgar en los procesos por pérdida de investidura que enfrentaron ante este tribunal.
Los contratos que entregó Camargo a personas cercanas a magistrados del Consejo de Estado coinciden con la sección quinta, es decir, la que tramita los temas electorales. Por ejemplo, Sara Piedrahita quien es congresista cercana a las redes corruptas de Córdoba se salvó en un fallo de segunda instancia de forma increíble. Qué coincidencia tan grande que los contratos tengan consonancia con la fecha del fallo. No se debe olvidar que el señor Camargo fue el que engavetó la investigación en el CNE por el caso Odebrecht en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. A pesar de todas las pruebas contra Zuluaga este señor impulsó el cierre de la investigación. Además, hace unas horas Semana.com y la periodista Catherine Juvinao denunciaron cómo el señor Camargo tiene dos tarjetas de crédito corporativas que las utiliza para gastos personales. En otras palabras, los recursos públicos utilizados para el gasto personal de Camargo. Compra muchas flores, eso se puede ver en los extractos.