Las revelaciones de Ricardo Caderón, en abril de 2022 y en medio de la campaña electoral, resultaron ciertas: Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, visitó la cárcel La Picota, en Bogotá, para buscar apoyos políticos para que Gustavo Petro se convirtiera en presidente de Colombia.

En su momento, Gustavo Petro salió a defender a su hermano, argumentando en una entrevista en La W Radio que Iván Moreno, el hermano del difunto exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, les había propuesto implementar un concepto que el propio Petro defendió, el “perdón social”.

Con ese embeleco distrajeron a la opinión pública de lo que en realidad estaban pactando en las cárceles, que era impunidad para los corruptos, delincuentes, terroristas y narcotraficantes.

Pues bien, en el programa Los informantes, de Caracol Televisión, el hermano del presidente dijo que: “El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación, que Uribe lo entendió. Él lo dijo, me parece raro, curioso y extraño que lugares donde Petro no podía llegar ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el Norte de Santander, el Urabá Antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo tuvo un millón y pico que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

La obsesión de Gustavo Petro como presidente ha sido la de convencer a los colombianos de que su política de Paz “tas, tas” Total, trae el enorme beneficio de supuestamente resocializar al narcotraficante en el entendido, según él, de que la guerra en contra de las drogas se debe acabar. Y para ello, ha nombrado a notables gestores de paz como, por ejemplo, el paramilitar Salvatore Mancuso y alias Gafas, el carcelero de las Farc de Ingrid Betancourt y otros secuestrados.

Federico Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín, denunció que en el afán del Gobierno de otorgar impunidad vía decreto y por medio de la figura de “gestores de paz”, delincuentes que él como alcalde capturó, estarían preparándose para ser nombrados también por el Gobierno de Petro como “gestores de paz” y salir a las comunas de Medellín para realizar “mesas de vida”. Todo justo antes de las elecciones del próximo 29 de octubre. ¿Corre peligro la vida de Fico Gutiérrez?

La alcahuetería del Gobierno con los delincuentes y narcos es evidente. El presidente trata de mostrar resultados en la incautación de cocaína, pero la realidad de la lucha entre las bandas en el territorio ha dejado un reguero de muertos y casi un centenar de masacres en tan solo un año del Gobierno “potencia mundial de vida”. Lo que significa que el “Pacto de La Picota” se desbordó.

Es tan absurdo ese pacto, el “perdón social”, como la figura de “gestores de paz”, que el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, dijo en una entrevista radial que “si usted tuvo ingresos sobre actividades ilícitas, también debe pagar impuesto de renta sobre esos ingresos”.

¿Hasta ese punto han llegado en materia de protección a los criminales? ¿Una vez paguen impuestos será otro argumento para crearles una narrativa bondadosa ante la opinión pública?

El Pacto de La Picota sí existió, y aunque lo nieguen fue una estrategia de campaña política. Obviamente, al mejor estilo de la familia Petro, el hermano del presidente, después de la entrevista con Los informantes, dijo que lo habían tergiversado y que le pedía disculpas al presidente por sus declaraciones.

¿A quién creerle? ¡Pues a los hechos!

Esta semana, el presidente firmó el decreto mediante el cual 5.000 mujeres que estaban pagando su condena en una cárcel quedarán en libertad, bajo el argumento de que son madres cabeza de familia y que pagarán su condena con servicio a la comunidad. ¿Por qué Petro llena de privilegios a los que cometieron delitos y persigue al empresario, a la clase media y a los ciudadanos honrados que respetan la Constitución, la ley y pagan impuestos?

Si lo que dice Juan Fernando Petro sobre el “millón y pico” de votos que le aparecieron al hoy presidente fue gestionado desde las cárceles, ¿es legítimo el mandato de un presidente elegido por la ilegalidad? ¿Hasta dónde van a llegar los compromisos del Pacto de La Picota? ¿Cuántos delincuentes más faltan por liberar?

La inseguridad en las ciudades y el campo colombiano está desbordada. Los atracos, los secuestros, el microtráfico, la extorsión y las bandas de delincuentes están fuera de control. Es paradójico que mientras Petro fue elegido en medio de una de las elecciones presidenciales más pacíficas, bajo su mandato el país regresó al pasado de elecciones violentas, con asesinatos de candidatos y amenazas de los grupos armados en contra de los ciudadanos. Quizás sacar a los delincuentes de las cárceles ha incidido en el crecimiento de la percepción de inseguridad en las urbes, pero al Gobierno de la “potencia mundial de vida” poco o nada le importa el detrimento que sufren las poblaciones vulnerables y la clase media. Acá lo que importa es cumplir con el Pacto de La Picota y pagarles a los delincuentes para que no delincan. Quizás lo que estamos presenciando es la conformación de un ejército irregular, mientras las Fuerzas Armadas están maniatadas, sin poder hacer mucho para salvar la democracia que estamos perdiendo.