Esta semana, la decisión de la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, de suspender provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política sacudió el panorama electoral y exacerbó las voces de quienes afirmaron que tal medida tuvo la intención de sacar del debate a uno de los más fieles alfiles del candidato a la presidencia Gustavo Petro, y no que se trató de una decisión en derecho. El alcalde Quintero había subido a sus redes días antes un video en el queaparecía manejando un carro mecánico y afirmando: “El cambio en primera”, en una clara alusión a la campaña de Petro.

Al conocerse la decisión de la Procuraduría, el mismo Gustavo Petro afirmó que se trató de un “golpe de Estado”, y los seguidores de Quintero llamaron a la protesta. A su vez, los detractores de la medida consideraron que contraviene lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en la demanda que Petro interpuso contra el Estado cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por Alejandro Ordóñez) según la cual la Procuraduría no tendría competencia para destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

Lo primero que hay que aclarar es que la decisión de suspensión provisional de la procuradora no recayó únicamente sobre el alcalde de Medellín, sino también sobre el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, mandatario que ha expresado su afinidad con el candidato Federico Gutiérrez. La suspensión provisional también les fue decretada al concejal de Calarcá Gustavo Adolfo Herrera, y al personero de Nátaga, Huila, Grenfell Lozano Guerrero. Pero frente a ninguna de estas tres suspensiones hubo alboroto ni llamado a las calles; solo por el beligerante Quintero.

Aunque la gran mayoría de la opinión pública consideró la decisión de Margarita Cabello arbitraria, en lo personal creo que se trata de una decisión acertada.

En Colombia, a diferencia de otros países, está absolutamente prohibido que los funcionarios participen en campañas políticas y promuevan candidaturas. A pesar de la prohibición, y especialmente en las elecciones regionales, las administraciones se han convertido en época electoral en fortines de candidatos, y los gobernantes, en sus promotores, que de manera subrepticia presionan a funcionarios y contratistas para mover la intención de voto.

Esta situación se repite, con menor vehemencia, en las campañas presidenciales. Y lo que ha pasado es que ante la pasividad de las entidades de control, y la visibilidad de las redes sociales, cada vez esta participación se hace de manera más abierta y evidente sin que nada pase.

Tiene toda validez que la Procuraduría quiera poner freno a la abierta participación en política de funcionarios, pues es lo que le corresponde a esta entidad tal y como está concebida hoy. Los alcaldes deben ser garantes de que los procesos electorales se den de manera transparente y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Tener alcaldes activos políticamente de forma abierta a favor de una tendencia política mina la confianza que debe existir en el proceso electoral.

Así que, a mi parecer, el problema no radica en que la Procuraduría haga lo que tiene que hacer. Ahora lo que se esperaría es que lo haga con todos los funcionarios, pues en esta contienda electoral hemos visto al mismo presidente de la república, Iván Duque, al general Zapateiro y a otros funcionarios del alto Gobierno sobrepasar los límites que les impone la Constitución de abstenerse de dar opiniones en favor o en contra de un candidato.

Ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los militares, ni el presidente de la república, ni ningún funcionario puede participar en política. Y punto.

El debate de fondo es si hoy en Colombia tiene sentido que se prohíba a los funcionarios participar en política. Yo sigo creyendo que sí, pues los mandatarios deben ser garantes de los derechos de todos los ciudadanos sin importar su corriente política, y esto no se dará si se les permite ser un actor político. Pero si se quisiera cambiar estas normas, tendría que hacerse desde las reformas legales a que haya a lugar, pero no desde el querer ciudadano en cada elección.

Que ahora se señale de maniobra política esta suspensión de la Procuraduría es consecuencia de la muy frágil institucionalidad que tiene hoy Colombia y de la cada vez más baja credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones. Ese es en verdad el tema que debe preocupar. Consecuencia de la nefasta tendencia de querer cooptar las ramas del poder público con funcionarios afines al Gobierno y del rompimiento del equilibrio de poderes que se dio tras la imposición de la reelección por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy los ciudadanos no confían en que las decisiones de las entidades de control puedan darse en derecho y siempre se interpretan con una intención detrás. Desafortunadamente, esta es una realidad, especialmente en el plano regional, donde los entes de control se convirtieron en parte de la repartija burocrática que viene tras cada triunfo electoral.

Cada vez más, ante una decisión institucional que no gusta, se habla de fraude, de persecución, y este es el camino que se está abonando para que, en las próximas elecciones presidenciales, el sector que salga perdedor desconozca el resultado y ponga un manto de duda en los resultados.

Me temo que ese es el camino que estamos caminando, y pobre de esta nación cuando al día siguiente de elegido un presidente el vencido llame al desconocimiento del resultado y a la protesta en las calles.