La coyuntura en El Plateado, Cauca, representa una oportunidad única al Gobierno Petro de poner en marcha un plan piloto de pacificación y desarrollo económico, para dar un vuelco estratégico al problema del narcotráfico y los grupos armados organizados.
Los recientes y graves problemas de orden público en el municipio de Argelia, Cauca, específicamente en el corregimiento de El Plateado, han evidenciado una problemática que no puede ser ignorada. Esta situación desborda las capacidades tanto de las autoridades locales como de la Fuerza Pública. Dejar el camino libre a los grupos armados organizados en connivencia con narcotraficantes trae, tarde o temprano, consecuencias como las que hoy presenciamos en este territorio.
El cañón del río Micay es importante por varias razones: es una arteria fluvial que, desde la población de El Plateado, permite, a través del río Micay, alcanzar aguas abiertas en el Pacífico colombiano y exportar toneladas de cocaína; además, es una reserva hídrica muy importante, incluso para proyectos hidroeléctricos de gran capacidad de generación. Este es un territorio fértil, ideal para conformar un clúster completo del narcotráfico, con cultivos de coca estimados hoy en 25.000 hectáreas, cocinas y laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, y fácil acceso a insumos y precursores químicos, como la gasolina legal que abunda en el área. A este corregimiento se accede por vía terrestre, lo que —a su vez— permite recibir cargamentos de coca provenientes del Cauca, Nariño y Putumayo. Además, es una región particularmente rica en la extracción de oro, donde hay una intensa actividad que causa gran deforestación y contaminación de las fuentes hídricas.
Los habitantes de esta región incluyen etnias indígenas, consejos comunitarios y, especialmente, colonos en busca de oportunidades derivadas del narcotráfico, con fuerte presencia del ELN y disidencias de las Farc, quienes no se desmovilizaron debido a lo atractivo de las rentas ilegales.
La cultura del narcotráfico es parte de la cotidianidad en toda la región. El olvido estatal y la falta de presencia de la Fuerza Pública (la estación de Policía de El Plateado fue retirada en cumplimiento de una tutela en el año 2009) han permitido que los grupos armados ilegales sean la autoridad y controlen la vida diaria de la población. A través de carnetización en coordinación con las juntas de acción comunal, adelantan obras de infraestructura, construyen escuelas y centros de salud. A través de la intimidación se valen de la población civil para impedir el accionar de la Fuerza Pública, obligándolos a salir del territorio en medio de humillaciones e improperios que ya forman parte del paisaje.
Como consecuencia de varios incumplimientos dentro del proceso de la paz total por las disidencias de las Farc, en este caso las de Iván Mordisco, atentados terroristas, amenazas contra la seguridad de la COP16 y el asesinato de líderes sociales, el gobierno de Petro, en una decisión que sorprendió al país, ordenó la toma de El Plateado y del cañón del Micay por parte de las fuerzas militares. Esto se llevó a cabo mediante un amplio despliegue militar de aproximadamente 1.400 combatientes, en la operación conjunta y coordinada Perseo, cuyo objetivo es sacar, definitivamente, a los bandidos de esta área estratégica y a partir de ahora acompañar la acción del Gobierno nacional para recuperar esta región.
Esta acción demuestra una vez más que cuando se necesita enfrentar a los violentos, no hay más opción que recurrir a la Fuerza Pública, entrenada para combatir en cualquier escenario, aunque con algunas limitaciones, pero con toda la entereza y voluntad de sacrificio al servicio de la patria.
No se trata de lamentarse, porque, como dijo Clausewitz, la política siempre precede a la acción militar. Sin embargo, es pertinente señalar que, a la Fuerza Pública colombiana, patriota y leal, se le debe respeto y merece un lugar digno en el contexto de la seguridad nacional, pues es la que permite la acción del Gobierno, siempre y cuando esté enmarcado en lo que ordena la Constitución.
Volviendo al tema central, el país ya entiende que la sola presencia de la Fuerza Pública en una zona tan compleja no resolverá el problema. La toma de esta población, que es el centro de las finanzas para los grupos armados ilegales, no puede manejarse a la ligera, descargando toda la responsabilidad solamente en la Fuerza Pública.
El país observa con cierto optimismo, aunque con cautela, el evidente giro que la tozuda realidad ha forzado en el gobierno de Petro. Era cuestión de tiempo que esto ocurriera, y queda claro que es mucho mejor ser riguroso y desconfiado en el control del orden público, manteniendo a la Fuerza Pública con la moral en alto, bien equipada y entrenada para actuar con contundencia cuando sea necesario.
Aunque la visita de la comitiva presidencial a El Plateado generó más críticas que reconocimientos, fue un mensaje inicial importante de presencia institucional en apoyo a la población civil como para la Fuerza Pública. Lo que sigue es no perder este impulso, consolidando el territorio y aprendiendo las lecciones de intentos anteriores. La sustitución de cultivos, que es el primer eslabón, por ejemplo, no debe volver a fallar como sucedió en 2014 durante los diálogos con las Farc, cuando un incentivo mal manejado contribuyó a la actual bonanza cocalera que, de acuerdo con el reciente informe de Naciones Unidas, los cultivos de mata de coca siguen en incremento alcanzando 253.000 hectáreas. No se puede perder de vista que esta estrategia debe ser integral, incluyendo la erradicación forzosa o voluntaria, de lo contrario, el país seguirá inundándose cada vez más de cultivos ilícitos.
El problema debe ser abordado en toda la cadena del narcotráfico, con desarrollo social, económico, atractivo y concertado con las comunidades, asegurando los recursos necesarios para su completa implementación. No se trata de tomar decisiones apresuradas e irresponsables; es imperativo ahora —más que nunca— un estudio serio con gente experta en el tema para elaborar un plan de acción que le pegue al problema central. No puede ser que, una vez más, el remedio sea peor que la enfermedad.
La coyuntura del cañón del Micay debe verse como una oportunidad para hacer un trabajo serio, propositivo, responsable, riguroso y continuo, mostrando capacidad de convocatoria, para vincular los grandes empresarios del país e incluso la ayuda internacional. Si este plan piloto resulta exitoso y se reduce efectivamente la oferta de cocaína, posteriormente podría replicarse en otras zonas como Tumaco, Putumayo, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y Magdalena Medio, entre otros. Señor presidente Petro, los ojos del país están puestos, ahora más que nunca, sobre este tema y todos queremos que le vaya bien; si es así, usted pasará a la historia como el mandatario que sentó bases sólidas para la solución definitiva del principal cáncer que azota al país: el narcotráfico y los grupos armados organizados.