Las cosas son sencillas, el gobierno recoge dinero de los contribuyentes y lo dedica a gasto de funcionamiento, a redistribución o a inversión. Y recaudar, gastar, redistribuir e invertir debe tener como objetivo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Por medio del gasto de funcionamiento, el Estado debe cumplir con sus responsabilidades que incluyen administrar justicia, implementar el orden, ejercer la defensa del territorio nacional, crear el marco legal que regula las relaciones entre los colombianos, sus empresas y el medio ambiente por medio de leyes y decretos, y en la gran mayoría de ellos, asegurar elecciones libres y limpias.

El redistribuir busca ajustar los incentivos del sistema capitalista que impulsan a la sociedad a generar riqueza.

Por ejemplo, es que el Estado importante además de generar riqueza, intervenga para que las brechas sociales no sean demasiado amplias, a riesgo de crear conflictos sociales como guerras civiles, o regule los mercados para garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el acceso a salud universal y educación, o impulse ciertos sectores estratégicos de la economía. Se trata en este aparte de prevenir y corregir el desbalance que puede surgir del sistema capitalista, de manera transparente y diáfana.

El tercer aparte es el de la inversión pública. Se trata con ella de desarrollar la infraestructura de beneficio general que genera bienestar a la población y que no conviene dejar en manos de particulares. Esta inversión, en la medida en que no tenga un retorno económico positivo y una fuente de pagos clara, no es ejecutable por el sector privado y debe ser realizada por el Estado.

En estas cuatro funciones, el Estado colombiano funciona muy mal. No le daría ni siquiera una calificación de 3 sobre 10. A nivel tributario, solo recauda el 18.7% del PIB del país, por debajo del promedio de América Latina (21.9%) y de la OCDE (33.5%). El problema es que no recauda poco por diseño, sino porque los ciudadanos y las empresas evaden, es decir pagan menos impuestos los que más trampa hacen y es el Estado quien debe asegurarse de que esto no pase.

En el rubro de gastar, el desempeño también es, en promedio, mediocre. La administración de la rama judicial es un desastre, de acuerdo con el World Justice Project clasificamos de 91 y 119 entre 139 en justicia civil y penal. A los magistrados de las altas cortes, de la JEP, de los tribunales superiores y en especial, del Consejo Superior de la Judicatura se le impone una profunda reflexión al respecto.

La educación deja muchísimo que desear, con su ranking de 61 entre 78 países en las pruebas PISA. En su función de garantizar el orden no le pega ni en las ciudades ni en el campo, con la presencia de marchas violentas, asesinato de lideres sociales, presencia de grupos al margen de la ley y, narcotráfico y minería ilegal generalizada.

A nivel de redistribuir, los políticos que gobiernan Colombia tienen un desempeño paupérrimo. El indicador de desigualdad de GINI colombiano está entre los diez peores del mundo. Lo sorprendente es que antes de la acción del Estado el índice de Colombia es similar al de los países desarrollados, pero el Estado en Colombia prácticamente no hace nada para redistribuir la riqueza.

El gran causante de este descalabro es la estructura del sistema pensional colombiano, en que los más afortunados, incluidos los congresistas que regulan el sistema, reciben gran parte de su pensión con soporte en el presupuesto nacional. Una verdadera vergüenza que hoy quiere, de manera paradójica, profundizar un gobierno de izquierda apoyando a Colpensiones.

En cuanto a la inversión el gran problema es la corrupción del sector público. Con ella no es posible invertir rentablemente y por lo tanto, en la medida que se estructuren honestamente los proyectos, lo cual claramente a veces sucede, pueden ser ejecutados por el sector privado. De estos esquemas hay múltiples ejemplos en Colombia como los contratos en concesión, pero sobre todo en la desinversión del Estado en aquellos sectores que los que su participación no tiene un rol en redistribuir. ¿Qué hace el Estado en la ETB, Telefónica y UNE, si su presencia en esas compañías no genera una redistribución de riqueza? ¿Qué hace el Estado invirtiendo en Ecopetrol, en las fábricas de licores, en brindar educación, en servicios públicos si puede garantizar un servicio mucho más eficiente por medio de un privado debidamente regulado?

Los colombianos debemos tener en cuenta que la mejora de nuestra calidad de vida pasa por organizarnos mejor para producir y que el Estado cumpla con sus responsabilidades. La verdad poco debe importarnos si la educación tiene una ideología en la medida que eduque bien, lo cual no hace, poco importa quien administre la justicia en la medida que funcione y de garantías, una utopía hoy en día.

No todo lo que hace el Estado en Colombia está mal. La política de vivienda colombiana es ejemplo y envidia a nivel latinoamericano y la regulación en telecomunicaciones hace que tengamos tarifas muy bajas para estos servicios. A nivel salud, el sistema creado por la ley 100 es eficiente en el gasto, según los presidentes de empresas del sector salud a nivel mundial está rankeada en la posición 36 entre 167 y provee un servicio de buena relación calidad y cobertura a bajo costo.

En la medida en que no mejoremos en aspectos fundamentales que van desde el recaudo de impuestos hasta la reestructuración radical del sistema de justicia y la garantía de orden a nivel nacional, pasando por una reforma pensional y educativa, nos será muy difícil dar mejores condiciones de vida a nuestros compatriotas. No es cuestión de ideología, es cuestión de eficiencia y voluntad política, a largo plazo.