Se cumplieron 27 años de la sanción de la Ley 70 que tiene por objeto reconocer a las comunidades negras, sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, establecer mecanismos para la protección de su identidad cultural y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Sin duda, y sobre todo en el momento en que entró en vigencia, la Ley 70 se convirtió en un referente regional e internacional para el avance, la inclusión y la defensa de los derechos étnicos y constitucionales de los pueblos afrodescendientes en todos los niveles. Esta ley ha permitido al Estado aportar a su progreso y, aunque es claro que faltan muchas cosas por hacer, porque la deuda con esta población solamente se ha pagado en un porcentaje, el país cada vez más reivindica la gran contribución del pueblo afro a Colombia entera. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en nuestro país, el desarrollo e implementación de una ley de estas características toma mucho tiempo, requiere de una articulación efectiva entre diversas entidades del Estado y, por supuesto, de un permanente diálogo y concertación con las comunidades sujetas de derechos consignados en la norma. Si bien la Ley 70, como estatuto de derechos de la población afrodescendiente, constituye el hito más importante para este grupo étnico, los temas pendientes por reglamentar y materializar son múltiples. Entre otros, por ejemplo, el capítulo IV, relativo a los recursos naturales y del ambiente; el capítulo V sobre recursos mineros; el capítulo VI de los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural; o el capítulo VII respecto del desarrollo económico y social. Esta realidad, vista desde las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico o desde cualquier consejo comunitario, demuestra la existencia de altos niveles de exclusión y discriminación en la institucionalidad del Estado colombiano con millones de afrocolombianos, el 10 por ciento del total de la población según el censo realizado por el Dane en 2018, que habitan el territorio nacional. En 2012 el Consejo de Estado ordenó al Gobierno recomponer la Comisión Consultiva de Alto Nivel, instancia formal de interlocución con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para efectos, entre otros, del ejercicio del derecho de consulta previa de leyes o actos administrativos de carácter general que impactan a este grupo étnico. Consideró el alto tribunal que se había incurrido en errores al momento de conformar este espacio y, ante las acciones legales interpuestas por diversos colectivos, fijó unos parámetros amplios de participación y concertación para lograr una representación que pudiera abordar de forma legítima la consulta de importantes reformas en temas como regalías, autoridades ambientales, ordenamiento territorial, entre otros, que en el momento copaban la agenda gubernamental. Para lograr el propósito y cumplir con el criterio del Consejo de Estado, entre enero y agosto de 2013 se adelantó el más amplio y ambicioso proceso de participación a través del cual se convocaron Asambleas de Consejos Comunitarios en todos los departamentos del país para hacer pedagogía sobre los pronunciamientos jurisprudenciales, socializar las normas objeto de consulta previa y elegir los delegados de las comunidades que participarían en el Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal que se llevó a cabo en Quibdó el 27 de agosto de dicho año. Para el Gobierno era urgente cumplir con las órdenes del fallo y conformar la instancia consultiva que le permitiera avanzar con una agenda legislativa robusta y necesaria para el país. Para las comunidades negras se convirtió en una gran oportunidad para reivindicar causas sentidas, promover nuevos liderazgos y, sobre todo, celebrar el 20º aniversario de la Ley 70 exigiendo avanzar en su reglamentación, con el propósito de tener mejores herramientas para ejercer sus derechos. El evento en Quibdó fue una celebración. Más de mil delegados provenientes de todo el país se hicieron presentes, hubo discusiones sobre una amplísima agenda, se acordaron rutas metodológicas de concertación con el Gobierno y se cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado conformando la Comisión Consultiva según los criterios fijados en la providencia. Con el tiempo la dinámica se fue enfriando y la agenda pública se centró en las negociaciones de paz, esfuerzo que siempre acompañaron con entusiasmo las comunidades negras en su calidad de sentidas víctimas del conflicto. Muchos de los avances en la reglamentación de la Ley 70 quedaron pausados. Sin embargo, vale decir que el proceso fue exitoso. Por un lado, se generó un acercamiento sincero con las comunidades negras que generó algo más de confianza con en el Estado y facilitó el empoderamiento de un sector poblacional muy diverso y complejo. Por otro lado, al cumplir con las órdenes y criterios del Consejo de Estado, se avanzó en una representación más legítima del pueblo negro en el país que lamentablemente también ha estado expuesto al clientelismo y la corrupción en sus procesos organizativos propios. Además, de ese esfuerzo aun existen proyectos de decretos que fueron concertados entre funcionarios del Gobierno y representantes de las comunidades para reglamentar la Ley 70. El país conoce las situaciones de conflictividad social derivadas de las manifestaciones de las comunidades negras que exigen sus derechos. Un ejemplo es el paro cívico en Buenaventura que permeó prácticamente a todo el litoral Pacífico durante varias semanas de 2017. Se trató de una expresión ciudadana que, ante la ineficacia del Estado, las situaciones de violencia que enfrentaban y la vulnerabilidad de las comunidades negras, se organizó “Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio”. Hoy, viendo las recientes noticias de masacres y violencia en Nariño, Valle, Cauca o Chocó, imaginando las dificultades por las que atraviesan estas comunidades en medio de semejante crisis social y económica por la pandemia, es fácil concluir que es más urgente que nunca desarrollar los instrumentos que permitan el goce efectivo de los derechos del pueblo negro. Los reclamos del paro de 2017 siguen vigentes, la agenda acordada en 2013 sigue siendo relevante, la implementación de lo consignado en ley en 1993 sigue siendo un pendiente. En nuestro país, a diario tenemos casos más dolorosos que los que en el mundo están motivado movilizaciones contra el racismo. “Black Lives Matter” es una consigna que el pueblo negro colombiano ha estado gritando por mucho tiempo. Reaccionemos. Sería deseable que se generara un ambiente similar al que se vivió en 2013, propiciando un entendimiento a través del diálogo entre los distintos actores de la sociedad, que permita avanzar en el cumplimiento de tantos pendientes. El 21 de mayo de 2021 se cumplen 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, conmemoración que puede significar una oportunidad extraordinaria para que el Estado se esfuerce por cumplir una deuda moral histórica.