Sandra Morelli, contralora general de la República entre 2010 y 2014, es hoy aspirante a gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Hace 20 años, en 2003, era directora jurídica de la Federación. Como tal, aprobó la venta de Cafesalud, EPS de la Federación, que fue adquirida por Saludcoop, representada por su presidente, Carlos Palacino. El negocio se hizo por 25 millones de dólares. Morelli fue directora jurídica nueve años, de 1999 a 2008. En 2012, como contralora, se declaró impedida frente a los debates sobre el sector cafetero en el Congreso y en 2013 hizo lo propio frente a investigaciones fiscales contra la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé.
Pero en 2014 se olvidó del impedimento y concluyó que la compra de Cafesalud “fue resultado de operaciones de desvío de recursos públicos” imputables a Palacino, al cual condenó a devolver 1,4 billones de pesos por inversiones supuestamente indebidas, incluyendo Cafesalud. Morelli estampó su firma autógrafa en la resolución que confirmó la responsabilidad fiscal, aunque no debía, como funcionaria pública, sancionar a una de las partes en un negocio en que ella participó. Carecía de la imparcialidad indispensable. Faltó a los deberes de transparencia, buena fe y publicidad que deben guiar todas las actuaciones oficiales. Una causal de impedimento es “Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor (público), su cónyuge, compañero permanente...”.
Morelli le ocultó al país, mientras condenaba a Palacino por Cafesalud, que ella, como abogada de la Federación, consideró legal esa operación. Esta es una de las revelaciones que trae Palacino es inocente, el libro que acabo de lanzar en la Feria del Libro de Bogotá.
Pregunté a la excontralora por qué no se declaró impedida. Su respuesta: “El director jurídico de Federación ni decide la venta ni la adquisición de inversiones. Esa decisión es del comité nacional de cafeteros y lo (sic) firma el representante legal. La jurídica revisa la legalidad del contrato, cosa que hacen los abogados de la unidad, y el director da el visto bueno. No siendo Cafesalud de mi propiedad ni teniendo yo capacidad jurídica de disponer de ese activo, no surge ningún impedimento”.
Esa excusa no se la cree ni la misma Sandra Morelli. La excontralora agregó: “Te agradezco el espacio y la oportunidad coincidente de tu artículo con la aspiración a la gerencia de la Federación”. Una funcionaria que acata la ley en unos casos, pero no en otros, es una funcionaria caprichosa. La aplicación selectiva de la ley no es de grandes juristas. Morelli se declaró impedida para “asumir conocimiento de auditorías, procesos de responsabilidad fiscal, recursos respectivos y grado de consulta y normas complementarias, en donde intervengan como sujeto procesal la Federación Nacional de Cafeteros, Almacafé S. A., la empresa Lime S. A. E. S. P., o cualquiera de las entidades vinculadas a las mismas”, como consta en la resolución orgánica 7326 de 2013 de la Contraloría. Ese impedimento se lo aceptó la Procuraduría. Es muy clara la doble moral. La contralora obedeció la ley frente a la Federación, pues en efecto no podía ser imparcial investigando a funcionarios que fueron sus colegas o jefes u ordenando auditorías en asuntos en que ella intervino como directora jurídica. Frente a Cafesalud no manifestó el mismo impedimento, porque la consigna era atropellar a Palacino.
Tan grave como el impedimento omitido es la fórmula torticera utilizada por la contralora para llegar a la sanción de 1,4 billones de pesos. Consistió en considerar que todas las inversiones de Saludcoop fueron ilegales por el solo hecho de ser inversiones. “Ellos tienen derecho a tener utilidades y en ningún lado están prohibidas”, reconoció la contralora en 2013. Tirios y troyanos coinciden en que las EPS pueden disponer libremente de sus excedentes o utilidades, pero en 2014, Morelli negó ese derecho a Saludcoop, pues de un plumazo sumó todas las inversiones autorizadas en actas desde 1998 hasta 2010 y de plano las consideró ilícitas. No hizo un análisis caso por caso para determinar si ante cada inversión existían utilidades que justificaran el gasto. Por ejemplo, en relación con la Clínica Pamplona, el supuesto “desvío indebido de recursos públicos” se hace consistir en que en dos actas se informa que esa clínica pertenece a Saludcoop. El fallo es deleznable, arbitrario y antijurídico. Es un ultraje al poder público.