El gobierno entrante tiene una gran responsabilidad en medio de un convulsionado panorama internacional que cambia el escenario energético mundial. Estamos en la década crítica en la cual, según los científicos reunidos en el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), tendríamos la última oportunidad de mitigar en algo los peores efectos del calentamiento global en un mundo cada vez más inestable e incierto.
En Colombia esto se traduce directamente y como prioridad, en detener la deforestación, pues por cada hectárea deforestada se emiten gases efecto invernadero y a la vez se pierde la posibilidad de captura. Este reto está atado al proceso de paz. Las principales zonas de deforestación corresponden a territorios de ley segunda, de frontera agrícola y de colonización. La respuesta del gobierno saliente ha sido la militarización de la conservación ambiental; esto ha llevado a una mayor pérdida de confianza de las comunidades con el Estado, a un fracaso en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, lo que ha profundizado la dependencia de estas comunidades de las economías ilícitas y su poder de extorsión sobre la población.
El reto, por lo tanto, es implementar una política integral que trascienda al sector ambiental y que esté en sinergia con la reforma rural integral, para generar procesos productivos con garantías para las comunidades campesinas. Esto incluye el desarrollo de la economía forestal comunitaria y del servicio nacional forestal y de extensión, así como lograr acuerdos de conservación con las comunidades que les permitan percibir los beneficios directos de mantener el bosque en pie. Estas acciones de inclusión económica son fundamentales para que la sustitución de la cadena productiva de los cultivos ilícitos sea una realidad. Los procesos de sometimiento a la justicia, así como la investigación criminal a los capitales y a las economías ilícitas que deforestan, son parte de esta estrategia, pues significan que el Estado ejerce su control sobre los determinadores de la deforestación, no solo sobre los que ejecutan en terreno.
La otra cara de la moneda de detener la deforestación es lograr un programa de restauración ecológica o reforestación participativa que sea también una oportunidad de desarrollo social y económico en todos los tipos de ecosistemas del país. Esto incluye, más allá de los bosques, las ciénagas, los humedales, los manglares, las costas y los mares. El propósito entonces no es solo poder conservar la vida, si no recuperar la vida perdida.
Otro reto es recuperar el rol regulador y propositivo del sector ambiental para establecer los límites y las oportunidades ambientales que permitan el desarrollo económico y social, pero sin la depredación de los ecosistemas que sostienen la vida en el país. Para este propósito es prioritario buscar fuentes de financiación adicionales para aumentar la capacidad técnica y científica de las instituciones, con el fin de que puedan brindar información relevante a las comunidades y los sectores productivos sobre la realidad ambiental, así como aumentar la legitimidad y la capacidad de regulación en los procesos de licenciamiento en un trabajo cada vez más estrecho con el sistema de ciencia y tecnología y los múltiples actores que generan conocimiento.
Significa también definir criterios para la transición agroecológica. Si Colombia entra en una lógica de monocultivos en el desarrollo agroindustrial, profundizaría su dependencia de costosos y contaminantes agroquímicos, aumentando la pérdida de biodiversidad y los impactos climáticos. En ese sentido, Colombia tiene una importante oportunidad de desarrollar una agricultura que, en la forma en que se realiza genere biodiversidad y más valor social, económico y ambiental.
Los conflictos socioambientales que se presentan en diferentes regiones y que hoy amenazan la vida de varios liderazgos ambientales requieren una revisión desde el mismo estado de sus políticas en el sector minero-energético y de infraestructura, entre otros. El ordenamiento alrededor del agua, los derechos sociales, ambientales y culturales y la lógica de la naturaleza son los que deben determinar las actividades productivas de alto impacto, y no al revés. Esto implica una revisión de los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de licenciamiento, para garantizar este derecho y aumentar la capacidad de diálogo social, concertación y planeación incidente de las comunidades en las decisiones ambientales, así como proteger a los liderazgos ambientales. En este sentido, la ratificación del Congreso de la República del Acuerdo de Escazú y su implementación efectiva se constituirán en hitos del avance de la democracia ambiental.
El nuevo contexto internacional en materia energética solo profundizará la crisis climática, pues los efectos de la guerra en Ucrania están llevando a países como Alemania a volver a utilizar carbón temporalmente. El país debe acelerar, por lo tanto, la transición energética sin poner en riesgo el abastecimiento mientras lo hace. Allí deben profundizarse opciones no exploradas con suficiencia, como la generación de biogás a partir de los residuos de la agricultura.
Finalmente, la reforma del Sistema Nacional Ambiental es importante para aumentar la capacidad regulatoria, la legitimidad, la transparencia y la gestión con el propósito de que cumpla su misión: fijar los límites ambientales, pero también generar las nuevas oportunidades de una sociedad y una economía para la vida.