Sorprendente y muy buena noticia que un hombre con la experiencia, prestigio y conocimiento de Gustavo Bell, se le mida a una empresa tan descabellada y poco factible como el proceso de paz con el ELN.   Tendría que sacarla adelante en los 10 meses que le quedan, con un presidente cuya gobernabilidad agoniza y cuya aprobación superó hace tiempos los niveles más bajos de la historia, para lo cual debería lograr, ante todo, que el ELN renuncie al crimen, hasta ahora el obstáculo mayor del proceso.  Activos y perseverantes desde 1964 en todas las formas de terrorismo contra la población -asesinatos, secuestros, minas antipersona, reclutamiento de menores, atentados contra la infraestructura, etc- el ELN logró durante los últimos meses superar los linderos de su propia atrocidad. En medio del cese al fuego que pactaron con el gobierno asesinaron al gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero, el pasado 25 de octubre en Alto Baudó, Chocó. Y pocas semanas después masacraron a 13 personas en una zona rural del municipio Magüi Payán, en Nariño. Argumentan que Isaramá tenía “vínculos con la inteligencia militar”. Y que mataron a los de Nariño para “someter” a un grupo armado ilegal -Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)-.La indiferencia y pasividad del gobierno sobre esos graves hechos, la falta de respuesta política y militar patentan que el ELN tiene licencia para matar y para confirmar las ejecuciones, como lo hacen ahora, en comunicados que distribuyen a través de su página web. Licencia para impulsar a sangre y fuego el contrabando intensivo de ganado que realizan desde Venezuela. Licencia para seguir arrasando territorios chocoanos con su macabra industria de minería criminal. Licencia para seguir en narcotráfico en Nariño y Norte de Santander, excesos todos que aumentan la inconformidad y el rechazo al proceso en amplios sectores de la sociedad.   El ELN tiene además licencia para mentir porque en Magüí Payán reportaron diez integrantes de las GUP muertos, otros seis retenidos, dos civiles muertos y tres heridos mientras la comunidad y la Defensoría del Pueblo reportaron tres muertos de las GUP, dos integrantes de disidencias de las Farc y el resto civiles, entre ellos una mujer embarazada, un hombre que padecía discapacidad mental y el representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas, Edison Ortiz Bolaños.El Cerac reportó en sus informes de octubre y noviembre 11 posibles violaciones al cese al fuego -asesinatos, atentados contra la infraestructura, combates con grupos armados ilegales, secuestros, reclutamientos forzados, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos- en Chocó, Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Vichada y Antioquia. Ese es el espíritu de paz del ELN y su compromiso con el proceso.¿Logrará Bell poner fin o siquiera aminorar esa rentable y próspera actividad criminal? ¿Bajo qué alicientes, o a cambio de qué, en medio de un ambiente enrarecido por implementación calamitosa del acuerdo con las Farc? En el hipotético caso que lo lograra tendría que pasar a corregir los problemas estructurales que dejaron Frank Pearl y Mauricio Rodríguez. Desde el secuestro de Odín Sánchez, hasta nuestros días, el proceso con el ELN está enredado en temas de forma, lo cual hace invisibles temporalmente los problemas de fondo que son más graves, en especial la falta de una agenda concreta, con objetivos realizables y con tiempos y movimientos definidos, unida a la multiplicidad y diversidad de actores involucrados -organizaciones sociales y políticas, sindicales, agrarias, víctimas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, etc-.De la tortuosa y fallida experiencia de Juan Camilo Restrepo le queda la confirmación de que los títulos de los comandantes y negociadores que intervienen en el proceso son nominales y que su palabra no vale porque carecen de mando sobre buena parte de las tropas, en especial de las más comprometidas en actividades criminales cuya prioridad actual es la disputa de territorios con los demás grupos armados ilegales. También la necesidad de poner toda su habilidad y poder de mando para ponerse fuera del alcance de los torvos burócratas de la paz –individuos y organizaciones- que tienen en esos escenarios canteras de lucro personal y/o de exaltación de vanidades. El ejemplo está fresco. Aunque se le ha querido dar una presentación políticamente correcta a lo sucedido, la renuncia del exministro Juan Camilo Restrepo se debió a la intromisión de Álvaro Leyva, del expresidente Ernesto Samper y del senador Iván Cepeda, quienes adelantaron gestiones y diálogos paralelos en Quito, supuestamente autorizados por el presidente Santos.   Si hubiera que buscarle algún elemento positivo al enrevesado proyecto de paz al que llega Gustavo Bell se podría mencionar la reducción de muertes de lado y lado como producto de la tregua, así como la de ataques a la infraestructura. Son logros considerables así resulten insuficientes para detener el repudio masivo contra el ELN, nítido en todos los estudios de opinión, por el terrorismo, por los asesinatos y por los delitos, factor que en los meses que vienen de debate electoral pueden tener consecuencias devastadoras para los grupos y candidatos que apoyan el proceso. Tal vez el valor agregado de Bell sea su estatura moral y su experiencia como académico, y hombre de Estado –vicepresidente, ministro de Defensa, embajador-  para promover un cambio de dinámica y dirección y llevar a otra dimensión el proceso, una negociación ampliada y más ambiciosa con todos los grupos ilegales en torno del narcotráfico y la minería criminal que son la paz de verdad. Otra utopía porque a primera vista no tiene cuándo, ni cómo, ni con quién.@germanmanga