Dicen que las guerras del mañana serán por el agua, pues cada vez es más difícil garantizar el abastecimiento a las comunidades, especialmente a aquellas más vulnerables. Seguramente preocupadísimo por este miedo a un mañana sin agua, fue que el senador por Cambio Radical Richard Aguilar, en ese entonces gobernador de Santander, decidió en 2013 crear la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant. A la cabeza designó a Edwin Ballesteros, hoy representante a la Cámara por el Centro Democrático, y le encargó la ejecución de la política de aguas del departamento. Cumplir semejante misión requería a alguien de su entera confianza, y quién mejor que Ballesteros, que venía de trabajar en su campaña a la Gobernación. Fue así como quedó al frente de las obras de acueducto y alcantarillado de todo Santander entre 2014 y 2016.
La gestión de Ballesteros en la Esant habría pasado sin pena ni gloria de no ser porque su nombre salió mencionado en los chats que entregó la exsecretaria de Infraestructura de Richard Aguilar, Claudia Yaneth Toledo, a la Corte Suprema de Justicia, quien junto a su esposo, Lenin Pardo Pulido, ofrecieron contar la verdad de cómo durante la administración Aguilar se direccionaron contrataciones para favorecer a contratistas a cambio del pago de sobornos. El pasado jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa, firmó el principio de oportunidad a favor de Toledo y Pardo, que ahora se convertirán en testigos principales y se comprometieron a demostrar que Aguilar habría recibido más de 600 millones de pesos en coimas. Y en esta verdad, el señor de las aguas es una ficha clave.
Según ha dicho la exsecretaria Toledo, el sastre encargado de ajustar los pliegos a la medida de cada contratista era Julián Jaramillo, asesor de la Gobernación. Uno de estos contratos direccionados sería el acueducto de Landázuri, cuya licitación “ganó” precisamente Lenin Pardo, quien ha dicho a la justicia que para que le entregaran la obra “debía comprometerme a realizar un pago del 15 por ciento sobre el valor total del contrato, exigencias que en ese momento me hizo el señor Ballesteros Archila”, y para demostrar que lo que afirma es cierto, entregó los chats de WhatsApp, “… el doctor Ballesteros Archila me indica que toca avanzar y agilizar con el tema del acueducto de Landázuri”, relata Pardo. En la conversación, Edwin Ballesteros le pide: “¿Puedes convocar 150 personas?”. “No creo alcanzar –le responde Lenin Pardo–. Nos toca con 100”. Según Pardo, ese diálogo en clave se refería a los 150 millones de pesos que debía pagar como coima para quedarse con el acueducto. Ballesteros sostiene que se refería a convocar 150 personas para una reunión política.
La semana anterior, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Ballesteros por las presuntas irregularidades en la construcción del acueducto de Landázuri y otras obras como gerente de la Esant. Ya lo había hecho contra Richard Aguilar por la confesión que hizo el contratista del reforzamiento del Estadio Alfonso López, Octavio Reyes Sarmiento, quien aceptó haber pagado un soborno para la adjudicación del contrato.
Pero la participación de Octavio Reyes no se limitó al estadio. La Corte Suprema analiza el contrato que firmó en diciembre de 2014, por 1.121.783.964 pesos, para la rehabilitación del alcantarillado de Sucre (Santander), entregado directamente bajo la figura de emergencia manifiesta. Así mismo, se investiga la construcción de la planta de potabilización de agua de Enciso, en febrero de 2015, por 472 millones de pesos, a cargo de la Unión Temporal Enciso Potable, también representada por Reyes Sarmiento. Como si no fuera suficiente, la Corte investigará a Ballesteros por supuestamente, previo acuerdo con Aguilar, comprometerse a adjudicarle a Octavio Reyes la construcción de los acueductos de Chipatá y Barichara.
La Sala de Instrucción investigará al representante del Centro Democrático por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho propio.
Y es que en la gestión de Edwin Ballesteros en la Esant pasaron cosas que vale la pena que la Corte indague. Por ejemplo, cómo se entregó la construcción del acueducto de Contratación (1.877.748.754 pesos) a la Unión Temporal Aguas 2014, cuya representante legal es Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán Dulcey, amigo y socio de Julián Jaramillo, el supuesto sastre de los pliegos. Dulcey y Jaramillo crearon en 2011 la empresa Procinco S. A. S., que tenía el 35 por ciento de participación en la Unión Temporal que se quedó con este acueducto. Lo mismo pasó con Construmarca, adquirida dos años antes por Jaramillo y Beltrán Dulcey, de la que Jaramillo fue representante hasta antes de ser nombrado por Aguilar. Esta cercanía no fue impedimento para que Edwin Ballesteros le adjudicara a Beltrán Dulcey la interventoría del acueducto de Vélez, mediante una unión temporal de la que formaba parte Construmarca. Milena García también tuvo la fortuna de quedarse con la planta de tratamiento de aguas de Mogotes (5.032.566.863 pesos). Meses antes de asumir en la Gobernación, Jaramillo le transfirió al esposo de García su participación en ambas compañías.
Lo que más indigna no son solo las infinitas dudas que rondan estas contrataciones, sino saber que las obras no se concluyeron. El acueducto de Landázuri quedó en 50 por ciento y hoy no hay recursos para terminarlo. El de Los Santos (22.652.421.702 pesos) solo tiene un avance del 57 por ciento y cuatro años de retraso. Y en Vélez, tras más de 27.000 millones invertidos, no hay acueducto, sus calles se inundan con cada lluvia y la represa colapsó el día en que se llenó. Ballesteros ha dicho que demostrará su inocencia. Pero lo que ya está demostrado es que entregó más de 80.000 millones de pesos para construir acueductos y alcantarillados que hoy no existen.