Jamás una delegación extranjera había exhortado al Congreso de Colombia a aprobar un proyecto de ley en curso como hizo la Embajada de Estados Unidos el 13 de diciembre de 2023. En inusual comunicado, tira línea sobre lo que debe hacerse en la discusión de la reforma laboral en Colombia. Esta “ayudita” al proyecto de Petro invocó a “apoyar los esfuerzos de Colombia para cumplir sus compromisos internacionales, incluidas las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde)” (X, @USEmbassyBogota, 13/12/23).

El perentorio mensaje agregó que “el gobierno Biden-Harris coincide en que los trabajadores tengan voz colectiva y poder para influir en las normas que rigen sus lugares de trabajo” y que “la firme adhesión a las normas laborales internacionales establecidas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ayuda a los trabajadores de todo el mundo a beneficiarse del crecimiento económico…” (ídem).

No obstante, muchos incautos desconocen las inauditas inconsistencias prácticas de Estados Unidos para eludir esa firme “adhesión a las normas laborales internacionales”, las mismas que justifican la reforma según la ministra Ramírez, resaltadas en el artículo 17.2 del TLC, que prescribe como “inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna”.

Es bien sabido que, de diez convenios fundamentales de la OIT, Estados Unidos solo ha ratificado dos, ¡sí, solo dos! Mientras que Colombia ha revalidado ocho.

Entre los ocho que ha dejado por fuera está el n.° 100, que ordena la remuneración igual para mujeres y hombres cuando desempeñen labores iguales, y también el n.° 098, que establece el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva. Huele a solo retórica la defensa de los derechos de los trabajadores.

La diferencia no queda ahí. El sistema americano se divide en dos: a destajo, sin contrato escrito, por “hora trabajada, hora pagada” en casi todas las pymes y por contrato laboral con beneficios en las empresas grandes, y el Departamento de Trabajo vela por el cumplimiento, para 150 millones de trabajadores y 10 millones de lugares de trabajo, de más de 180 leyes federales, de las cuales la principal es la de Normas Laborales Justas.

Excepto en cuatro estados, Colorado, Nevada, Alaska y California, esas normas dictan que las horas extras se causan cuando se exceden los 40 semanales y no cuando se prolongue la jornada diaria, que en Florida es de diez. El pago de 1,5 veces del valor de la ordinaria no cambia si se trabaja en domingo o festivo, no hay doble recargo.

Los empleados en Estados Unidos por horas no tienen cesantías, ni primas, ni subsidio de transporte, ni son indemnizados por despido injusto, y el Departamento de Trabajo informa que, para la cuarta parte del total de ocupados, que son los únicos que tienen contrato laboral en el sector privado, el 72 por ciento accede a un plan médico ofrecido por el empleador.

Sin embargo, cuando se trata del 25 por ciento de los que tienen los salarios más bajos dentro del grupo de contratados, apenas accede el 41 por ciento y, si se habla del decil inferior, el que devenga las mínimas remuneraciones desciende hasta el 28, menor cobertura todavía (DOL, marzo de 2023).

Igual pasa con los planes de retiro, de pensión, ofrecidos por el empleador. Cubre al 70 por ciento en general, pero en el segmento de quienes están en el 25 por ciento con los salarios más bajos solo cobija al 48, y si se mira en el 10 por ciento con los sueldos inferiores, cae al 37. El mismo inicuo formato de los planes de salud (DOL, ídem).

Luego del panorama descrito, si se comparan los estándares del derecho laboral entre Estados Unidos y Colombia, los nacionales están por encima, excepto en el salario medio mensual, que aquí es muchísimo menor. Esto sin contabilizar que 40 por ciento de los trabajadores agrícolas en Norteamérica son indocumentados (USDA, ERS), emigrantes sin posibilidad de asociación, ni dotación, con precaria alimentación y discretas instalaciones sanitarias. El panorama del trabajo en Estados Unidos está lejos de los parámetros de la Ocde y en ocasiones bordea el envilecimiento.

¿Qué persigue el discurso laboral estadounidense en Colombia? Si la respuesta se guía por la frase de John Quincy Adams, “no tenemos amistades permanentes, tenemos intereses permanentes”, puede pensarse en conveniencias como subir el porcentaje del costo del trabajo en el valor agregado en Colombia, que es 37,6 por ciento (Vásquez, 2023), mientras allá es de 62 (FMI, Velásquez, 2023). No parecen pesar tanto los derechos democráticos, los negocios son su prioridad.