La política de “paz total” es incomprensible para los colombianos. Si bien Gustavo Petro prometió como candidato que si ganaba la presidencia lograría la paz con el ELN al tercer mes de su mandato, lo cierto es que ya pasaron diez meses y esa ilusión se esfuma.

Hace una semana, y en medio de los escándalos sobre la financiación de su campaña, el presidente viajó a Cuba a reunirse con el grupo negociador del Gobierno y del ELN. Se anunció con bombos y platillos que la guerra se acabaría en 2025, y como ya lo había hecho Juan Manuel Santos, solo que con distinto dictador cubano, Petro estrechó la mano de Antonio García, comandante del ELN.

La felicidad duró poco. Al terminar la ceremonia en La Habana, el ELN les advirtió a los colombianos, a través de los micrófonos de los medios de comunicación, que las “retenciones” (léase secuestros), “impuestos” (léase vacunas) para financiarse, seguirían siendo implementados a menos que no fuera necesario. Estas declaraciones contrarias a las del presidente desconcertaron al país. Entonces, ¿cuál paz? Porque el cese bilateral solo se haría efectivo hasta el mes de agosto, luego la pregunta lógica es, aparte de las fotos de los políticos, los negociadores y el dictador de Cuba, ¿cuál es el beneficio para los colombianos? ¿Mantenerlos ilusionados?

De hecho, el grupo guerrillero contradijo al presidente y aclaró que no se había llegado a ningún acuerdo de terminar el conflicto en 2025, y hasta le reclamaron al mandatario diciéndole: “Señor presidente, no basta con recurrir al populismo y sacar a miles de colombianos a las calles, lo que necesitamos es una política de Estado que traiga paz con justicia social, que busque el beneficio de todos los colombianos”.

En efecto, el ELN cumplió con su palabra (al menos en esa mesa hay alguien que sí cumple) y volvió a secuestrar durante esta semana. Las víctimas serían la esposa de un militar y su conductor en Arauca. ¿Cuál era el sentido de hacer ese show en La Habana? Porque lo que es claro es que solo se debilita el accionar de la fuerza pública, mientras que los grupos armados al margen de la ley se fortalecen y siguen atemorizando a la población civil.

Si bien hay que reconocer que hay una mesa de negociación abierta y que es mejor buscar una salida civilizada al conflicto a que haya más muerte, duele ver cómo se va a arrodillar el país nuevamente. No será la primera ni la última vez que un presidente en ejercicio lo hará. Ya pasó con el M-19, con las Farc, con los paramilitares y hasta con los narcotraficantes.

Los colombianos entienden que el sistema está diseñado para que los que van en contra de la ley y la Constitución de 1991 encuentren un espacio para ser reintegrados a la sociedad sin pagar por sus crímenes. Ejemplos en la historia nacional hay varios. Están los exguerrilleros de las Farc más sanguinarios de las últimas décadas sentados en el Congreso con curules regaladas y que no solo les dictan a los colombianos las leyes, sino que se convirtieron en los faros de la moral, la ética y la verdad.

Pasó también con los guerrilleros del M-19 y hoy uno de ellos es el presidente de Colombia.

El sistema está diseñado para que se tenga que convivir, aceptar y perdonar al que delinquió, no solo desde las más altas esferas del Estado social de derecho, sino también en los ámbitos del hogar, el trabajo y el lugar de estudio. Al agresor, no importa del tamaño que sea, hay que aceptarlo, entenderlo, abrirle un espacio en la sociedad y entregarle privilegios, porque aquel segmento social que se niega a aceptar al delincuente hoy en día es señalado de ser el agresor, el retrógrada, el intolerante.

¿Las víctimas de la guerrilla de las Farc han contado con los privilegios que tienen los hoy exguerrilleros en el Congreso de la República? No. Las víctimas, ya sea en los altos mandos del país, o una mujer, un niño o un joven en la vida privada, tienen que aprender a vivir arrinconados, en silencio y soportando a su verdugo.

Ese es el sistema. La ley poco o nada sirve, porque al fin y al cabo puede ser negociada y ampliada.

La guerra con el ELN se perdió. Deberían, además de entregarles subsidios, que esta semana surgió como idea en el Gobierno para que dejen de delinquir, crearles también curules en el Congreso de la República, como hicieron con las Farc, organizar un tribunal de justicia especial como el de la JEP (para lavarles sus delitos) y seguir invisibilizando a las víctimas.

Acaben con el show en La Habana y en lugar de despilfarrar los recursos económicos tan escasos, úsenlos para ejecutar un plan similar al que se implementó con las Farc. Sobra incluso hacer un plebiscito, porque, en caso de perderlo, encontrarán la manera de torcer el resultado y, por medio de una maniobra, saltarse la ley.

Es más práctico que los colombianos honrados (esos que cumplen la ley, pagan impuestos, etcétera) entiendan que los tiempos cambiaron y que los valores y principios son otros, son los que imperan en el mundo de la delincuencia.