A fin de no seguir en el campo de las especulaciones, es bueno recordar que por mandato de la Constitución, el 31 de mayo de 2026 estaremos eligiendo, democráticamente y por el sistema de voto popular, al nuevo presidente y vicepresidente de la República, cuyo período irá del 7 agosto de 2026 al 7 de agosto de 2030.
Como en Colombia no es posible, bajo ninguna modalidad, reelegir presidente de la República, es bueno y sano para la democracia recordar que aquellas personas, hombres o mujeres, que consideren que sus nombres pueden ser una opción para ser presidente de la República, a partir del año 2025 lo vayan manifestando, como también su disposición para contribuir voluntariamente a pactar un acuerdo nacional entre los diversos candidatos y candidatas, para realizar una campaña decente, sin odios, sin agravios o descalificaciones políticas, sociales, étnicas o religiosas.
Por otra parte, y teniendo en cuenta los niveles de pobreza existentes en Colombia, es conveniente que los candidatos y candidatas se comprometan públicamente a no destinar más de tres mil millones de pesos en todos los gastos de su campaña electoral, como también a condenar las antidemocráticas prácticas electorales de la compra de votos o el cambio de favores políticos por votos.
De igual manera, que todos los candidatos y candidatas, así haya más de uno por partido político, se comprometan públicamente a que las elecciones del 31 de mayo de 2026 sean el mecanismo democrático, en que el constituyente primario, que es el pueblo, diga con su voto libre y soberano quién debe ser el primero en dichas elecciones y, de esa manera, comenzar a acabar la práctica de algunos partidos políticos de aprovechar las elecciones parlamentarias para escoger, entre varios precandidatos, su candidato definitivo y de paso cobrar varios miles de millones de pesos por la figura de la reposición de votos.
Otra cualidad, que en mi opinión debe caracterizar a todos los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, es la de tener nortes éticos como la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental, entre otros.
En esa perspectiva, y con base en la iniciativa de contribuir a construir un Estado de paredes de cristal, es necesario también recalcar en la necesidad que tenemos en Colombia de que todos los candidatos y candidatas manifiesten públicamente que, en caso de ganar, desarrollarán, con los diversos organismos judiciales y de control del Estado, mecanismos eficaces de control y seguimiento a la gestión estatal, principalmente en el manejo de los recursos públicos. Igualmente, rendir cuentas públicamente cada año, como un deber de obligatorio cumplimiento de todos los servidores públicos y un derecho democrático de la población.
No sobra recordar a quienes aspiran a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República que deben, si son elegidos, tener en cuenta que es para encabezar un gobierno de transición, de unidad y reconciliación nacional; que ellos, como sus familiares y amigos, no van a ser los dueños del Estado colombiano, el cual, a lo largo de más de 200 años de vida republicana, descansa en la independencia y colaboración armoniosa entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
También que vamos a elegir a una persona para que gobierne en Colombia y evite al máximo, al igual que los gobernadores departamentales y alcaldes municipales, viajar a cumplir invitaciones en el exterior que puedan ser atendidas por los embajadores del país.
Por mi propia experiencia en los asuntos de Estado, no se puede gobernar con retrovisor sobre lo que hicieron o no hicieron los gobernantes en el pasado. A tan importantes cargos públicos se llega con el mandato y confianza de la población que los eligió, para que hagan bien la tarea y contribuyan a enseñar con su ejemplo y honradez que otra Colombia es posible, es decir, más dialogante, justa, pacífica, solidaria y donde primero sea el bienestar de la gente y el desarrollo de sus regiones.