Vienen tiempos difíciles para los hospitales privados. Han sido la joya de la corona de un sistema que posibilitó el acceso integral a los servicios de salud de 51 millones de colombianos. Hoy, sin embargo, parecen ser los convidados de piedra en un sistema que se deshace a jirones.

Según el ranking 2023 de los mejores hospitales de Latinoamérica -que cada año realiza la revista América Economía-, 26 de los mejores 62 hospitales de la región fueron colombianos. Entre los 10 mejores hospitales de Latinoamérica, cinco correspondieron a instituciones nacionales. Basta con entrar a un hospital privado en Colombia para sentir la diferencia con hospitales de esos otros países: infraestructuras modernas, personal idóneo, flujos adecuados de pacientes, calidez del servicio, entre otros aspectos.

No ha sido el resultado de un programa gubernamental especial, ni una política distinta a la expansión de un aseguramiento que pasó de cubrir el 23 % de los colombianos, hasta llegar al aseguramiento universal que expandió el mercado de servicios de salud y creció exponencialmente la demanda, asegurando el acceso de todos sin distingo alguno. Un modelo unificado de afiliación, un paquete integral de servicios y un sistema de garantía de calidad permitieron las condiciones de estabilidad para que los hospitales privados realizaran, en 30 años, el mayor y más rápido crecimiento registrado entre todos los servicios sociales en el país.

Hoy todos los principales centros urbanos cuentan con una infraestructura hospitalaria suficiente, de buena calidad, gracias a la contribución del sector privado hospitalario. La mayor parte todavía corresponde a organizaciones sin ánimo de lucro. La inversión externa ha sido marginal y el crecimiento de la oferta hospitalaria privada se ha hecho con recursos del sistema de salud. Y sí, ha sido posible, a pesar de las dificultades de cartera.

No obstante, el escenario de degradación del sistema está empezando a pasar factura al sistema hospitalario. En los últimos dos años prácticamente no se han generado nuevos proyectos privados de inversión hospitalaria. Se sabe -incluso de entidades muy prestigiosas- que han tomado la decisión de no reemplazar equipos e inclusive de reducir las nóminas. La estrechez se nota y la incertidumbre campea.

El sector hospitalario privado, que durante muchos años enarboló sus banderas contra la integración vertical y el “poder de compra” de los aseguradores privados, hoy debe sentir los pasos de animal grande que vienen detrás de los, aún tibios, restos del aseguramiento privado: es el monopolio público a través de una Nueva EPS hipertrofiada, controlada desde las visiones del gobierno, sin capacidad instalada en algunos territorios y, lo peor, con toda la posibilidad para imponer mecanismos de contratación y precios gracias a su inmenso poder de mercado.

Dos experiencias recientes y de la vida real deberían preocupar a las juntas de los hospitales privados: la primera es la explícita predilección del gobierno hacia la pesada, insuficiente e ineficiente red pública. Hospitales capturados, llenos de burocracia, manejados políticamente -con contadas y notables excepciones-. La crisis del sistema de salud de los maestros (Fomag) muestra esa preferencia que suma a la ineficiencia para contratar, pagar y mucho menos asegurar calidad desde operadores públicos saturados y controlados.

La segunda experiencia a tomar nota es el famoso tarifario único que durante años se exigió desde los hospitales privados, bajo la errónea tesis que aunado al giro directo se iban a poder suprimir los aseguradores -las EPS- y así los pagos correrían de manera más ágil. Craso error, no contaban con la restricción presupuestal y el poder omnímodo del Estado que juntó su potestad para imponer precios por lo bajo -sin hacer concesión alguna a la calidad- y, al tiempo, ejercer el monopolio de la compra con el control de la Nueva EPS y las EPS intervenidas. El anunciado retiro de algunas de las mejores EPS aumenta esa incertidumbre.

El horizonte fiscal de corto y mediano plazo no avizora cosa diferente a una profunda restricción de recursos en el sector salud, lo cual presionará hacia abajo los precios y ralentizará la autorización de servicios. Eso es preocupante en un sector como el hospitalario, donde las grandes inversiones en tecnología se transforma de inmediato en costos hundidos -los equipos se deprecian úsense o no-. La escasa flexibilidad para reducir costos en un hospital está en el recurso humano, recurso altamente especializado del cual no es fácil prescindir sin alimentar un ciclo destructivo de pérdida de capacidad resolutiva y mercado. Evento que no se puede permitir ninguna entidad con vocación de permanencia.

Es hora de que los hospitales privados, la plataforma de nuestro sistema de salud, replanteen su estrategia frente al futuro, más allá de los dos años que le restan al presente gobierno. Colombia no se puede dar el lujo de perder su más valioso activo en salud. Y basta mirar al vecindario para darse cuenta de que, desafortunadamente, existen sistemas públicos en los cuales la contribución privada en salud puede ser marginal o prescindible. Es necesario verse en el espejo de México o Perú, por no mencionar a nuestra atribulada Venezuela.