Causó debate el reporte de abril de 2023 del Banco de la República, sobre ‘Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral’ (L. Bonilla y otros). La discusión se originó por la pérdida prevista de 454.000 empleos formales debido a mayores costos laborales entre 6,4 y 21 billones de pesos a las empresas, que recaerían más en las micro y pequeñas.

Pero hay datos peores sobre el adverso panorama laboral: crecerá la tasa de informalidad, más que el trabajo formal, hasta el 57,4 por ciento de los ocupados. El desempleo estaría “en promedio en 2023, entre el 9,8 % y 12,2 %... con el 11 % como la cifra más probable”. Números rojos que se consolidarían si, como dice la ministra Ramírez, la reforma ni creará ocupación ni atacará el trabajo informal.

Según el reporte, el desempleo, aún el compatible con una inflación estable, más alto en las ciudades que en el campo, no acrecentaría por estos mayores costos laborales y plantea, como hipótesis adicional, los impactos de “los ajustes salariales en la economía” en 2023, como pasó en 2022, por “incremento en el salario mínimo”. ¿Qué tal?

Hay otros elementos negativos como la disminución del ritmo del enganche de asalariados, que se centra en el comercio y el alojamiento, transporte, comunicaciones y un poco en las manufacturas, fruto de que no hay un desarrollo armónico entre todas las ramas, lo cual es factor clave para el desarrollo general.

Más grave es que “los ingresos de los trabajadores asalariados no han crecido al mismo ritmo de la inflación, contrayéndose en términos reales en 2,4 por ciento entre enero de 2022 y enero de 2023”. Es decir, que, luego de descontar el IPC, se perdió 2,4 por ciento todavía más de poder adquisitivo. Por consiguiente, hubo menoscabo salarial en el alza para los trabajadores estatales del IPC +1,5 por ciento, que Petro, sus funcionarios y dirigentes sindicales celebraron como “histórico”. El aumento total debió ser, al menos, de 15,52 por ciento y no 14,62. Catastrófico.

El reporte destaca el “incremento relativo del salario mínimo con respecto a los otros salarios”. ¿Qué significa? Que al final van a confluir y el mínimo será el salario promedio de la economía, combinado con que los ingresos de quienes están en el rebusque crecen al 6,3 por ciento, mucho más que el pago a los empleados de nómina.

El informe aforó el costo de la contratación directa de los “contratistas independientes” y, al tomarse un escenario intermedio entre tres posibles, el sobrecosto llegaría a 4,6 billones de pesos. En cuanto al inicuo artículo 72 de la ponencia, que exige el pago al ritmo del IPC solo para quienes devenguen menos de dos salarios mínimos, excluye uno de cada cinco trabajadores por su sueldo básico, la mayoría de los docentes, por ejemplo.

De otra parte, la “recuperación” de derechos, en cuanto al recargo nocturno, dominical y festivo, tocará a 6,6 millones de asalariados, y el sobrecosto, que el informe estimó en 6,9 billones de pesos, podría rebajar con la nueva ponencia, pues define la jornada nocturna desde las siete de la noche y para los festivos una gradualidad en el recargo de 5 en 5 por ciento hasta 2026. Quedó a mitad de camino la prometida reversión de la nefasta Ley 789.

Se imputó el gasto potencial por los derechos de operarios de reparto, como Rappi, en menos de medio billón de pesos y, en cuanto a indemnizaciones por despidos, resulta difícil precisar porque es un hecho de mediano plazo. Además, se estimó, bajo condiciones regulares, que la licencia de paternidad implicaría 740.000 millones al año.

Al mirarse los sectores principales y el número de trabajadores que en cada uno de ellos tendría incidencia la reforma, sobresalen el comercio, con el 15,5 por ciento de los empleos; la manufactura, con el 14,2, y la administración pública, en salud y educación, que toca a uno de cada cuatro funcionarios, con un costo fiscal de 3,6 billones de pesos.

Veintiún billones de pesos, que sería el nuevo costo máximo agregado en salarios por todo concepto, se recargan sobre empresas de dos a 50 trabajadores, que verán aumentar el valor de la nómina en 15 por ciento, y en las mayores de 50 subirá apenas 10 por ciento. Masacrar mipymes no pareciera ser una propuesta progresista.

Aunque el beneficio de la reforma en estabilidad y protección social no se cuantifica, la participación de los salarios en el Ingreso Nacional, en cálculo aparte del informe de BanRepública, crecería del 34 al 36 por ciento o menos con la reciente patraseada en el articulado final. Un bajo incremento, apareado con desempleo estructural del 11 por ciento; con el rebusque al alza; con el predominio del salario mínimo como promedio y un disminuido poder de compra. Evidente regresión laboral.