La covid 19 es un terremoto social y económico con efectos devastadores, pero el Gobierno nacional actúa como si estuviéramos frente a un temblorcito. La crítica situación de dos fuentes importantes de empleo popular así lo ilustra. En Colombia, a mayo de 2020, según el Dane, había cerca de 368.000 empleadas domésticas formales, 36,3 por ciento menos que para el mismo mes del año pasado. Muchas de ellas tienen amarrado su futuro a la estabilidad laboral de quien las contrató. En ese sentido, las más afortunadas a pesar de la cuarentena mantuvieron su trabajo y siguieron recibiendo su salario normal. Otras no tan afortunadas, que también tienen vinculación formal, llegaron a acuerdos para recibir un pago parcial manteniendo la seguridad social. Algunas más, simplemente quedaron en el aire porque les terminaron el contrato. Una situación más crítica viven las empleadas domésticas informales, que en Colombia, pueden ser 8 de cada 10 de las mujeres que tienen esta ocupación, según estimaciones de la Escuela Nacional Sindical en 2019. Sin garantías, se han visto impactadas de forma negativa por la cuarentena, pero no tenemos un dato real de la dimensión de su efecto en la economía familiar. Lo que es claro, es que el panorama es bastante negativo y sin solución a la vista. En mayo, el Gobierno nacional otorgó un subsidio para el pago de nómina y prima a empleadores con tres trabajadores o más, dejando por fuera a quienes tenían contratados servicios domésticos. Esto impidió que el salvavidas llegara a sectores golpeados y frágiles, como las empleadas domésticas. El otro caso son los restaurantes. Se calcula que el sector genera 700.000 empleos formales, en su mayoría para mujeres, y cerca de un millón de empleos indirectos. El cierre de estos lugares es una verdadera tragedia social para miles de familias que han visto destruidos sus ingresos. Solo en propinas, las meseras, meseros y personal de cocina, podían ganar el 60 por ciento de sus ingresos mensuales. Pero eso se evaporó. Ciertos restaurantes han ido retomando labores reactivando a una parte del equipo de cocina y algunos de quienes atendían las mesas se convirtieron en domiciliarios, pero sus ingresos no llegan al 20 por ciento de lo que tenían antes. Como si todo esto fuera poco, se estima que, a junio de 2020, más de 220.000 personas perdieron sus trabajos por el cierre de al menos 30.000 restaurantes. Solo en Bogotá, según datos de Fenalco Bogotá Cundinamarca, fueron cerrados 3.800. Pero la situación se repite en todas las ciudades de Colombia. Es claro que en la medida en que avanza la crisis aparecen nuevos afectados. Es difícil que el Gobierno nacional tenga una respuesta anticipada para todo lo que está sucediendo. Lo que es inaceptable es que luego de varios meses de crisis, con efectos negativos evidentes, sea indolente.