El ataque con carro bomba del ELN dejó al descubierto, entre otras cosas, que quienes fungían como negociadores al parecer tienen una atomizada influencia en las filas del movimiento subversivo. El reconocimiento que hicieron de que no sabían de los planes para el ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional sugiere que es frágil su comunicación directa con el conjunto de la guerrilla. Con su falta de información sobre las acciones de guerra surge el cuestionamiento a su posición como agentes para negociar y hacer la paz. Para los líderes del ELN refutar estas dudas solo es posible con hechos concretos y sensibilidad frente a las demandas que condicionan la voluntad del gobierno Duque para iniciar diálogos de paz. Además, en la actual coyuntura colombiana que contiene una dinámica movilización social y debates nacionales contra la corrupción, la violencia en todas sus formas, por el fortalecimiento de la educación pública, la construcción de la paz y la transparencia política, no se sostiene por ningún lado la argumentación de la dirigencia del ELN según la cual su accionar con el carro-bomba ha sido legítimo porque no fue contra civiles. Omiten, o también ignoran, los secuestros de civiles. Civiles también son, ciertamente, los cientos de líderes sociales en la mira de asesinos. Pero recurrir a estos asesinatos como justificación de guerra no es más que un burdo quid pro quo. Al día de hoy, el ELN profundiza en su aislamiento e incrementa su ilegitimidad ante la sociedad, algo similar a lo que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.  El pasado 23 de enero, la oposición renació en las calles de Venezuela y dio una vuelta de tuerca a la falta de legitimidad democrática de Maduro y a la presión externa para forzar su salida de Miraflores. En esta ocasión, la oposición visible argumenta con base en la Constitución y, hasta ahora, no se ve la disidencia chavista. Mientras que el régimen discute e impugna según narrativas políticas e ideológicas referencias a Hugo Chávez. Pero las masas ya no están con el chavismo. Y el reconocimiento de unos países al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ha aumentado también el calibre de las acciones externas para sitiar a Maduro. Como la confirmación que este ha recibido del apoyo de Rusia y China incrementa la dimensión geopolítica de Venezuela y renueva el redoble de tambores de guerra. Y las reacciones de Maduro a las actuales presiones, externas e internas, no serán necesariamente pacíficas o democráticas. No habría contra Venezuela, sin embargo, una guerra en sentido clásico, tampoco habría allí una guerra civil convencional. Sí habría, sin ninguna duda, altísimos costos —en vidas y materiales— para la población venezolana y predecibles nefastas consecuencias para Colombia y toda América Latina y el Caribe. Pero, a diferencia del caso colombiano donde actores esenciales para incentivar conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN están en el campo social y político, en Venezuela la participación de los militares es fundamental para la transición hacia el cambio de régimen. Aquí y allá, la movilización de gobiernos extranjeros resulta cardinal. México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Antigua y Barbados, Surinam, San Vicente y Granadinas, República Dominicana, Cuba y Bolivia, que en Naciones Unidas abogan por vías de diálogo y soluciones pacíficas en Venezuela, deberían favorecer espacios para tales fines. Urge un grupo conformado inicialmente por estos países -relativamente imparciales y relativamente parciales-, para proponer mecanismos que permitan a las partes en Venezuela llegar a un acuerdo y la realización de elecciones. Sería también una vía para evitar que América Latina y el Caribe queden atados a utimátums, acciones diplomáticas y políticas intervencionistas originadas en Pekin, Moscú, Bruselas o Washington. El hecho, por lo demás, reforzaría el horizonte de posibilidades para diálogos con el ELN, y consolidar la paz en Colombia. *Profesor del IEPRI, Universidad Nacional de Colombia