En Colombia, el porte, consumo y cultivo personal de marihuana está regulado desde 1986 y fue despenalizado en 1994. Lo único ilegal es la comercialización y es precisamente con esta realidad que quiero empezar.
El porte se reguló mediante el Estatuto Nacional de Estupefacientes, el cual establece la dosis mínima; por otra parte, la Corte Constitucional, con ponencia del entonces Magistrado Carlos Gaviria Díaz la despenalizó, señalando que el consumo personal corresponde a un hecho de autonomía y libre desarrollo de la personalidad: “no hay porque satanizar el consumo de una planta que abunda entre nosotros, tenemos es que vigilar que quienes la consumen no tengan comportamientos asociales, y el Estado deberá organizar políticas preventivas y de salud pública, pues es de tener en cuenta que el consumo de la marihuana puede ir de la mano con la vida social civilizada, además los consumidores no son delincuentes”.
Sin embargo, durante 40 años el país ha vivido en una ambigüedad jurídica, por un lado, las Altas Cortes han proferido sentencias garantistas, mientras el Congreso y el Ejecutivo han adoptado decisiones en sentido contrario. Es hora de zanjar estas diferencias y brindar garantías y seguridad jurídica, solucionando de paso un desgaste innecesario de la justicia.
El enfoque de guerra contra las drogas promovido por el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quien prometió “una ofensiva nueva, sin cuartel y global”, cinco décadas después ha probado ser absolutamente ineficiente. A nivel global se ha invertido una auténtica fortuna de dineros públicos, solo en Colombia se han perdido casi 80 billones con medidas ineficaces, pues el consumo ha incrementado en 20% en la última década y la política prohibicionista ha encarecido un producto que, sin control del Estado, ha enriquecido organizaciones criminales que siguen en expansión y sembrando terror alrededor del mundo. En paralelo, un porcentaje significativo del incremento de la población privada de libertad a nivel mundial corresponde a personas arrestadas o judicializadas por posesión y consumo, lo cual ha derivado en hacinamiento y crisis penitenciaria.
Al respecto, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en octubre de 2022: “Nadie debería estar preso por consumir o poseer marihuana, hoy estoy dando pasos para poner fin a nuestro enfoque fallido”. En marzo de este año, inició el programa de indultos y en abril, señaló públicamente apoyar el nuevo enfoque de lucha contra las drogas y el narcotráfico del presidente Petro.
Precisamente, en Estados Unidos, el Cannabis de uso recreativo es legal en 21 estados, lo que ha supuesto millonarios ingresos y más de trescientos mil empleos formales. Mientras Colombia, que ha padecido las consecuencias más cruentas de la guerra contra las drogas, se está quedando por fuera de un mercado legal que se espera genere 50.000 millones de dólares en el mundo en 2025 y que, con la legalización de uso adulto, podría representar al país una ganancia de 435 millones de dólares y cerca de 17 nuevos empleos formales por hectárea cultivada.
El mercado legal del tabaco y el alcohol ha permitido la inversión de recursos a través del impuesto al consumo en programas de salud y campañas de prevención, lo que por supuesto se podría replicar e incrementar con el mercado legal del cannabis. Estos nuevos ingresos podrían financiar programas sociales destinados incluso a prevenir el consumo, ya que regular no significa obligar a consumir, sino sacar de las sombras una realidad y permitir al país contar con recursos suficientes con los cuales abordarla.
En términos de salud, los datos no son menos contundentes: el cannabis es una de las sustancias psicoactivas menos adictivas, es 100 veces menos problemática y genera menos dependencia que el alcohol, sustancia que es la verdadera puerta de entrada a las drogas. Por otro lado, no existen registros de muertes por sobredosis con marihuana; mientras que el cigarrillo mata anualmente a ocho millones de consumidores en el mundo, de los cuales 1,2 millones mueren por exposición al humo ajeno.
Por primera vez un proyecto que busca regularizar el cannabis de uso adulto, con el liderazgo del Representante Juan Carlos Losada, llega tan lejos en las discusiones del legislativo. Estamos a dos debates (de ocho) de aprobarlo en el Congreso y de ponernos a tono con otros países y abordar de una manera distinta una planta que fue eliminada en 2020 de la Convención Única de Estupefacientes por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Es hora de regular.