Al momento de escribir esté artículo, están reportados 5’739.258 casos de COVID-19 y fallecidos 355.515 a nivel global. Los casos representan el 0,07% de la población mundial. En Colombia, están reportados 23.003 casos y fallecidos 776, representan algo más de 0,04% de la población nacional. Por tratarse de un virus altamente contagioso y no existir tratamiento ni vacuna, la OMS recomendó la cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio, medida policiva decretada por nuestro Gobierno, todo lo cual ha cambiado drásticamente el ordinario discurrir de la vida política, económica y social. Así las cosas, tenemos el Congreso virtual, el Gobierno mediático, la Rama Judicial parcialmente suspendida, los órganos de control vigilando los recursos destinados a la pandemia, las autoridades territoriales complementando o compitiendo con el Gobierno, la política aún polarizada y la economía maltrecha. El Congreso debatió durante semanas la posibilidad de sesionar virtualmente, apenas si considera el control político de la Emergencia y la posibilidad de modificar los decretos legislativos; la función legislativa la ejerce con inseguridad ante los riesgos de inconstitucionalidad. Resulta paradójico que una decisión policiva haya afectado tan significativamente el correcto funcionamiento de los órganos del Poder Público. El Gobierno asumió el liderazgo de enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Decretó la Emergencia Sanitaria; dispuso el aislamiento en desarrollo de sus atribuciones de conservación del orden público, con múltiples excepciones y controles laxos; también, declaró el Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días, dictó las medidas y apoyos económicos y volvió a declararlo nuevamente. Diariamente, a través de la televisión, el Gobierno informa sobre la situación, las medidas y los avances en relación con la pandemia. La Rama Judicial suspendió términos, aunque se tramitan acciones de tutela y se toman decisiones en los procesos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado están habilitados para efectuar los controles jurídicos sobre las medidas relacionadas con la emergencia. No deja de sorprender que la función judicial haya estado prácticamente suspendida por más de dos meses. La Fiscalía y los órganos de control, aparentemente, funcionan con regularidad. Buena parte de su actividad está destinada a la vigilancia de los recursos destinados a la emergencia, donde ya se denuncian actos de corrupción. Gobernadores y alcaldes están sujetos a la ley y a los decretos legislativos; deben ejecutar las directrices del Gobierno en materia de salubridad y orden público; sin embargo, en algunos casos se disputan el liderazgo con el Gobierno y pretenden el manejo de la crisis en sus respectivas jurisdicciones. Los actores políticos continúan sus actividades, las posiciones ideológicas se mantienen, las aspiraciones electorales se cocinan a fuego lento, y la crisis ahonda el debate del papel de Estado en la economía y quienes deben liderar el desarrollo.La economía parcialmente parada por el aislamiento, el crecimiento se anuncia negativo, el desempleo aumenta dramáticamente, y el tejido empresarial cada día desaparece.En Colombia como en otras partes del mundo, el fenómeno del coronavirus produjo la prevalencia del poder ejecutivo acompañada de los conflictos entre gobiernos nacional y territoriales, así como la adopción de medidas más técnicas y económicas que políticas; también produjo un mayor debilitamiento del Congreso y la ausencia de decisiones políticas para la crisis; la Rama Judicial aunque mayormente suspendida, exhibirá el gobierno de los jueces en las decisiones de la Corte Constitucional y los límites que impondrá a las emergencias.El Estado de la pandemia es policial, sanitario y benefactor económico, y en últimas judicial.En video: https://www.youtube.com/watch?v=NpukaOPtMAU *Abogado Constitucionalista