Hasta cierto punto, es injusta la acusación que hoy recae contra el general Freddy Padilla de León por parte del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), pero el lado positivo reside en que podría contribuir al esclarecimiento definitivo de la verdad en torno a uno de los capítulos más nefastos en la historia de Colombia y del Ejército Nacional, conocido como el holocausto de los ‘falsos positivos’. Y digo injusta “hasta cierto punto”, porque si bien es cierto que hacia él apunta el peso institucional de la acusación por su condición de comandante de las Fuerzas Militares cuando se presentó esta cadena desaforada y casi sistemática de “ejecuciones extrajudiciales”, la culpa directa tiene que recaer sobre los autores intelectuales, al igual que sobre los perpetradores y sobre quienes sabiendo lo que ocurría se hacían los de la vista gorda o en silencio cómplice aprobaban dichas prácticas genocidas. Aquí la verdad se torna subversiva, por la carga desestabilizadora que conllevaría entrar a considerar la posibilidad de que el Ejército de Colombia hubiera implementado como práctica de combate y aparato de propaganda el asesinato indiscriminado de civiles inermes e inocentes, en parte para mostrarse ante el mundo y ante el enemigo como una máquina imparable de guerra, y en parte para estimular a sus tropas mediante la concesión de incentivos y prebendas a cambio de cadáveres. En aras de refrescar la memoria histórica, se debe comenzar por reconocer que el destape de los ‘falsos positivos’ vino acompañado de la destitución de 27 oficiales del Ejército, entre ellos tres generales, y que ello fue posible porque el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, contó con el firme apoyo del general Freddy Padilla de León, contrariando los designios tanto del presidente Uribe como de su protegido el general Mario Montoya, hasta ese día comandante del Ejército. Ahí ya se comenzaban a vislumbrar las diferencias ‘operacionales’ que había entre Uribe y Santos, aunque no se traducían en confrontación debido al inmenso prestigio del que gozaba el primero, y porque de haberse dado el choque de trenes le habría frustrado al segundo su camino a la presidencia. Pero esas mismas diferencias también estaban latentes entre Padilla y Uribe, y se hicieron palpables en un suceso ocurrido el 10 junio del 2010, que por cierto dio pie para una columna del suscrito, titulada ‘Llegó el comandante y mandó a callar’. A diez días de la segunda vuelta electoral que le daría la presidencia a Santos, el presidente Uribe hizo una alocución televisada que comenzó así: “el Gobierno y las Fuerzas Armadas recuerdan que el Holocausto de la Justicia, ocurrido hace 25 años, fue un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época”. Así respondió el mandatario, con la cúpula militar detrás suyo, a la sentencia de la jueza María Stella Jara contra el coronel Alfonso Plazas Vega, por la retoma del Palacio de Justicia. Como los delitos de lesa humanidad no prescriben, sus palabras se entendieron como una invitación a revisar el indulto que se le dio al M-19. Pues, quién dijo miedo: pese a que el general Padilla estuvo aconductado con el resto de la cúpula militar detrás del presidente durante dicha alocución, al día siguiente dio una declaración a los medios donde consideró "muy peligroso pretender abrir procesos y revertir decisiones judiciales del pasado". Y para no dejar dudas, agregó: "al M-19 se le indultó y ello ha resultado benéfico, porque se incorporó a la sociedad colombiana". Y remató con que el proceso de paz con esa guerrilla "es un ejemplo de lo que tienen que hacer los grupos armados". Sea la ocasión para advertir la coincidencia de pareceres entre Padilla de León y Juan Manuel Santos, viendo que al llegar este a la Presidencia decidió llamar a las FARC a que siguieran el “ejemplo”. Pero aquí se trata es de llamar la atención sobre lo que pudo haber sido una insubordinación de Padilla contra su jefe inmediato, que este prefirió pasar por alto, vaya uno a saber por qué. Lo sorprendente fue que en lugar de producirse la fulminante destitución del insubordinado comandante de las Fuerzas Militares, el comandante en Jefe agachó la cerviz y esa misma tarde reconoció que "el proceso de paz con el M-19 fue un paso muy importante para Colombia. Ese proceso lo tenemos que proteger". Ello indica que en menos de 24 horas el presidente Uribe le dio un reversazo de 180 grados a su alocución, como resultado del ‘tatequieto’ impuesto por un subalterno. ¿Acaso este poseía información que le permitía contrariar a su jefe inmediato sin que nada le pasara? Averígüelo Santos. Hoy el general (r) Padilla de León se enfrenta a un terrible predicamento, pues la realidad jurídica indica que ante los señalamientos que le hace el poderoso ECCHR podría verse abocado a un juicio por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) si no es juzgado por los tribunales nacionales de justicia. Lo llamativo y a la vez paradójico es que en su alocución del 10 de junio del 2010 el entonces presidente Álvaro Uribe aludió al supuesto delito de lesa humanidad del M-19, y quien al día siguiente lo contradijo en su apreciación hoy es acusado ante un tribunal internacional por el mismo tipo de delito, supuestamente ocurrido durante el gobierno del que hizo parte, pero cuyos verdaderos autores intelectuales permanecen en la sombra de la impunidad. El lado positivo de todo esto –como decíamos arriba- es que esta acusación podría contribuir al esclarecimiento de la verdad, si el general (r) Freddy Padilla de León tuviera el leonino coraje de contarles a esos tribunales internacionales lo que sabe sobre lo que en realidad ocurrió durante tan vergonzoso episodio en la historia de Colombia y de nuestro ‘glorioso’ Ejército Nacional. Si así fuera le estaría haciendo una efectiva contribución no solo a una eventual reelección de su aliado el presidente Juan Manuel Santos, sino a la definitiva pacificación y reconciliación entre todos los colombianos. En Twitter: @Jorgomezpinilla