“Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”, con esta frase, el general Francisco de Paula Santander —quien fuera conocido como el padre de las leyes y quien ejercería como el segundo presidente de la historia republicana de la Nueva Granada, hoy Colombia, entre 1832 a 1837— cerraría el ciclo de la revolución armada para darle paso al Estado de derecho, gobernado por las leyes y con la presencia de unos jueces garantes del cumplimiento de las mismas. La célebre frase de Santander se halla inscrita en la parte superior del marco central ubicado del costado sur del Palacio de Justicia, lugar donde tienen asiento nuestras altas cortes, las que tienen el mandato de aplicar e interpretar la Constitución y la ley, con independencia, autonomía e imparcialidad.
El contexto actual de las relaciones del Ejecutivo y la Rama Judicial es —por mucho— inédito. Resulta innegable la existencia de una ruptura del diálogo institucional por cuenta de los vientos dictatoriales que soplan desde el Palacio de Nariño, donde una suerte de improperios y calificativos han ido haciendo mella en la colaboración armónica entre el Ejecutivo y el Judicial, siendo el presidente el que ha atacado, sin ningún tipo de consideración y respeto, a la dignidad de la justicia en Colombia.
Para el presidente Petro, las altas cortes son sus enemigas porque estas han salvaguardado el Estado de derecho, las libertades ciudadanas y han impedido de forma ejemplarizante que la torpeza de las decisiones del Gobierno afecte irremediablemente nuestro sistema jurídico-constitucional y los derechos y garantías ciudadanas.
Desde un principio, con la llegada al poder de Petro fue manifiesta su animadversión con los magistrados. Recordemos que muchas posesiones de altos dignatarios de la Rama Judicial fueron aplazadas por razón que el presidente estaba en “agenda privada”; ni qué decir de las veces en que el presidente no posesionó a magistrados y, en un hecho que denota insignificancia y desprecio con la justicia, delegaba a su secretario jurídico para que lo hiciera.
Quien recientemente no quiso ser objeto de desprecio de parte de Petro fue el valiente José Joaquín Urbano, nuevo magistrado de la Corte Suprema y el primero que no acude al trámite de posesión ante el presidente de la República; lo anterior, dando un claro ejemplo y mostrando que busca reivindicar el respeto por la autonomía judicial. Es posible que el magistrado Urbano haya advertido el desprecio por esta obligación legal del presidente y no quisiera exponerse a la vergüenza de que este no lo posesionara directamente, sino su jurídico o incluso Laura Sarabia o, peor aún, que —como ya ha sido su costumbre— trate con su discurso de posesión cooptar la autonomía de este órgano judicial.
Otro de los significativos mensajes directos y actos de independencia estuvo marcado por la férrea y ejemplarizante decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, quien no aceptó recibir la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata que el presidente quería entregarle al alto tribunal. Este —sin duda— constituye un momento histórico y un contundente mensaje para un gobierno que cree estar y que puede pasarles por encima a las instituciones y las ramas del poder público de nuestro país.
El episodio tiene un contexto, para que no sea malentendido. Se conoció que desde la oficina de Laura Sarabia se contactó con la oficina del presidente de la Corte Suprema, que —de manera muy puntual y discreta— declinó dicho homenaje. Y no podía ser distinto. El presidente Petro, en una de sus grandilocuentes intervenciones, justamente en la valerosa Quibdó, tierra del presidente Chaverra, manifestó: “La Corte Suprema de Justicia, en la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación, el magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo (...) hace que poco entienda de por qué los hombres negros pueden ser conservadores”.
Con la acostumbrada hostilidad del Gobierno, quisieron infructuosa y nuevamente ofrecer la condecoración a Chaverra y a todo el alto tribunal; para ello encargaron a Paola Andrea Vásquez Restrepo, secretaria general y delegada de las funciones del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. La condecoración corrió la misma suerte de aquella ofrecida por la directora Sarabia.
Presidente, es momento —aunque algo tardío— de que muestre respeto por la institucionalidad de nuestro país y por la independencia y autonomía de las restantes ramas del poder público. No es con condecoraciones y actos protocolarios vacíos y ausentes de contenido, que se puedan enmendar los errores y los improperios en contra de la Rama Judicial; es con actos y muestras de respeto y concordia con el abnegado trabajo que hace nuestra justicia en el país que puede principiar un lenguaje respetuoso y armónico.
Pésimo ejemplo le da usted cuando le dice mentiras al país y voltea las emociones del pueblo contra sus jueces. La Rama Judicial, garante del respeto a la Constitución, a las leyes y a la democracia, es —tal como lo citó el mismo Santander— garante de la libertad.