Hacer anuncios y propuestas, pero lo más grave, tomar decisiones en el sector minero-energético, sin tener el debido conocimiento, ni fundamento, o medición del impacto previo a estos pronunciamientos que hacen desde una alta dignidad gubernamental, es atentar contra el nivel de confianza para invertir en el país, e implica el más alto nivel de irresponsabilidad con la ciudadanía, que paga las consecuencias de estos desaciertos del poder ejecutivo.
Atentar contra la confianza inversionista implica perjudicar la generación de empleo y la posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida de todos los trabajadores del país, y el desarrollo de políticas sociales para poblaciones en condición de exclusión o pobreza extrema.
Abandonar anuncios basados en teorías como el decrecimiento económico, cuyo fundamento es más filosófico que basado en evidencia económica, es un correctivo que no da espera para este gobierno.
Suponer, como lo dice uno de los principales exponentes de esta teoría del decrecimiento económico, el filósofo y economista francés Serge Latouche, que el Estado debe intervenir enrolando a la ciudadanía a un estilo de vida más colectivo y solidario, y menos individual, disminuyendo la demanda de bienes y servicios, buscando corregir bajo esa “fórmula mágica” el desperdicio en el consumo para superar el flagelo del hambre, no es solo utópico, sino que en la experiencia de regímenes estatistas y comunistas ha sido un total fracaso, pues solo ha incrementado la pobreza y destrucción de los factores de producción y ha generado éxodos multitudinarios de familias a países con fuertes economías basadas en desarrollo de mercados.
Colombia necesita un gobierno con una mirada más amplia, identificando y aprovechando oportunidades en medio de la crisis, donde la disminución de impuestos y un fuerte control a la evasión y el contrabando genere una ventaja competitiva en la región y rompa la inercia de los ciclos económicos de la anunciada recesión, generado confianza inversionista y una verdadera revolución en la generación de empleo, donde se confirme una tríada de competitividad empresa – Estado – academia, que nos haría imparables.
A lo anterior debe sumarse una política exterior enfocada en facilitar la apertura y profundización de mercados para nuestros productos agroindustriales, y la conformación de modelos de negocios para abaratar los insumos agrícolas, sumado a la efectiva apropiación tecnología para todos los eslabones de la producción nacional.
Estoy seguro de que esta es una oportunidad para implementar soluciones disruptivas, buscando romper con el adormecimiento y la monotonía de la mayoría de los gobiernos dedicados solo a quejarse de las crisis, y a profundizarla con debates filosóficos completamente estériles.
Generar confianza es la clave para avanzar con contundencia en momentos de dificultad. ¿Tendrá el gobierno del presidente Petro el espacio para hacer la lectura de esta gran ventana de oportunidad?