El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel, mencionado múltiples veces en operaciones de “volteo de tierras”, terminará su periodo en la más absoluta impunidad y además logrará que elijan a su mano derecha para sucederlo. Rey es uno de los grandes electores del país. Su poder ha ido creciendo de la mano de la pasividad de las autoridades. Ahora quien fuera su subalterno, su jefe de gabinete Nicolás García, será elegido como sucesor suyo a pesar de que su nombre también ha aparecido en cuestionadas operaciones de volteo. La denuncia que toca a Nicolás García la hizo el entonces senador Carlos Fernando Galán ante la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía.
Un par de detalles hacían imposible que la documentada denuncia llegara muy arriba: Primero, el director anticorrupción de la Fiscalía era Luis Gustavo Moreno, hoy preso en Estados Unidos por recibir sobornos para torcer procesos a favor de otro gobernador, el de Córdoba. Segundo, el gobernador Rey había contratado la asesoría jurídica del exmagistrado Leonidas Bustos quien no solo había sido jefe y socio de andanzas de Luis Gustavo Moreno sino que además fue el principal impulsor de la elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general.
Este caso en particular tiene que ver con un negocio que benefició directamente al alcalde de Mosquera, Álvaro Rincón. El hoy virtual nuevo gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, tan acostumbrado a ser ‘mano derecha’ lo fue también de Álvaro Rincón. Durante el mandato de Rincón, Nicolás García fue secretario de gobierno de Mosquera y estuvo varias veces encargado de la alcaldía antes de ser elegido para el cargo. La firma de Nicolás García aparece en el documento oficial que hizo posible el negocio de Rincón que a continuación se describe.
En el año 2009 el concejal de Mosquera Víctor Castellanos compró un lote rural a Lucero Lancheros. De acuerdo con la denuncia de Galán, Castellanos actuaba como prestanombres del alcalde Rincón, que era el real comprador, y recibió una comisión por eso. Dos promesas de compraventa aparecieron sobre el terreno. La primera, del 29 de julio, está firmada por el inspector de policía Wilson William Romero. La segunda, del 30 de julio, al otro día, por Edith Rocío Peñuela, la esposa del alcalde Rincón.
Pocos días después el inspector Romero le cedió sus derechos a Ernesto Pinto, contratista de la administración Rincón, quien el 20 noviembre de 2009 firmó la escritura comprando la propiedad por 800 millones de pesos.
El 11 de diciembre, el alcalde Rincón expidió un decreto convocando al concejo municipal para revisar y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. El 23 de diciembre, el contratista Ernesto Pinto cedió sus derechos fiduciarios sobre el predio a una sociedad llamada NODO SAS. La compañía resultó ser del propio Pinto. La sorpresa grande es que, según el registro mercantil, el representante legal y gerente de la empresa es el alcalde de Mosquera Álvaro Rincón.
En un tiempo récord de 18 días, el Concejo de Mosquera aprobó el ajuste del POT. El acuerdo firmado por Nicolás García permite el cambio del uso de la tierra al lote en el que tiene intereses su entonces jefe, el alcalde. Como si fuera poco, el mismo acuerdo cambia el trazado y amplía de 6 a 23 metros una vía que terminó pasando por ese terreno. Con estas decisiones, el lote multiplicó casi cinco veces su valor que pasó de 800 millones a 3.800 millones de pesos. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al alcalde Álvaro Rincón, a su esposa Edith Rocío Peñuela, al contratista Ernesto Pinto y al concejal Víctor Castellanos. El hijo de este último, Carlos Andrés Castellanos, está en campaña para ocupar la curul de su padre en el Concejo de Mosquera. Carlos Andrés apoya con fervor la candidatura a la gobernación de Nicolás García a quien nunca le ha pasado nada.
Y así vuelve a empezar la historia.