El presidente Gustavo Petro alertó esta semana a toda la comunidad terrícola y galáctica respecto de la octava tentativa de golpe de Estado en su contra. Esta vez, por cuenta de la investigación administrativa que les inició el Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de los topes electorales a él, a su enigmático gerente de campaña, Ricardo Roa (premiado con la presidencia de la convaleciente Ecopetrol), a otros miembros de su campaña, al movimiento Colombia Humana y al partido Unión Patriótica.
Y en esta misma semana, el mandatario, sin sonrojarse siquiera, dijo que él casi era abogado porque había estudiado (?) en la Universidad Externado.
Estamos acostumbrados a la altisonante, hiperbólica y grandilocuente retórica golpista del mandatario. Sin embargo, esta semana contemplamos con estupor cómo el presidente llevaba hasta las últimas consecuencias (incluyendo comprometer la legitimidad institucional y la reputación y credibilidad internacional del país) la defensa de una campaña que, al parecer, estuvo llena de una amplia variedad de irregularidades y cuestionamientos respecto de la financiación y el cumplimiento de los límites de gasto que les impone la ley electoral a las campañas políticas.
Lo primero que hay que decir es que el presidente parece que no es tan “abogado” como pregona y, de paso, dejó como un zapato a prestigiosos profesionales de la mentada Universidad Externado de Colombia, de la que Petro se graduó de economista. Y es que fue el mismo Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, que señaló que el Consejo Nacional Electoral era competente para investigar administrativamente la presunta violación a las reglas de financiación de la campaña Petro Presidente. También, la misma corporación señaló que el Congreso de la República era el competente para adelantar el eventual proceso de pérdida del cargo si los eventos investigados por el Consejo de Estado dieran lugar a ello. En todo esto, ¿dónde está el golpe de Estado? ¿Cómo se viola el fuero presidencial?
Lo que sí queda claro es que Petro está asustado. En una decisión de 7 a 2, el CNE encontró méritos para investigar la presunta violación de topes por alrededor de 5.600 millones de pesos, incluyendo el ocultamiento de ingresos y omisiones en la declaración de gastos. Y es que la campaña de Petro ha enfrentado cuestionamientos, incluso antes de que se iniciara el calendario electoral. Desde este espacio, por ejemplo, hemos insistido en que Petro realizó 14 megaeventos de campaña fuera del calendario electoral y sin reportes de gastos ni fuentes de financiación. También, hay que recordar que su hijo no criado, otrora importante miembro de la campaña de su papá, al parecer canalizó y, pues, hasta se quedó con generosas donaciones del narcotráfico a la campaña. Una investigación que duerme el sueño de los justos en las gavetas de la nueva fiscal general, amiga y parece que subalterna del mandatario.
Las estrategias de la Casa de Nariño para tapar el hecho de que Petro haya sido elegido, posiblemente, de forma ilegal han tenido de todo un poco, pero están sobre todo llenas de patetismo, ignorancia y la necesidad de imponer una narrativa mediática, que los colombianos compran cada vez menos. Petro dijo en su cuenta de X que había empezado el golpe de Estado, que convocaba a las organizaciones populares del país a estar en asamblea permanente y que pediría una reunión con el cuerpo diplomático para explicar la mecánica de su delirante octavo golpe de Estado. El gabinete ministerial emitió un comunicado de prensa que fue replicado por todos los ministros en sus redes sociales. ¿El argumento? La amenaza de un golpe de Estado por una investigación administrativa. Y funcionarios que estaban representando al Estado colombiano en foros internacionales, como la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aprovecharon sus intervenciones institucionales para advertirle al mundo la supuesta amenaza a la democracia de Colombia.
La verdad es que nadie le ha prestado atención alguna ni a Petro ni a sus funcionarios. Salvo su colega del M-19, la nueva posesionada presidenta de México, el mundo ha permanecido más bien callado frente al octavo grito golpista de Petro. Y es que no hay mucho a lo que poner cuidado. El orden institucional colombiano está intacto, y la democracia, salvo los embates y las amenazas del mismo Petro, se encuentra en buen estado.
Eso sí, parece que la hora de la verdad ha llegado para el silencioso y enigmático Ricardo Roa. Y es que, en todo este tiempo, no hemos oído ni un solo comentario o aclaración de este funcionario, premiado con un salario de más de 100 millones de pesos al mes y un millonario presupuesto para contratos que no ha dudado compartir con su pareja sentimental, el enigmático personaje llamado Julián Caicedo. La verdad es que Petro parece querer proteger a toda costa a Roa, quien es, en últimas, el verdadero responsable de la caótica administración de la campaña presidencial del “cambio”.
El ciudadano Gustavo Petro no está por encima de la ley. El CNE adelantará una investigación sobre unos hechos que se produjeron antes de que Petro fuera presidente. La responsabilidad administrativa definirá dos cosas: si se violaron o no los topes, lo que haría espuria la elección de Petro, y si hay que compulsar copias o no a los jueces naturales de los implicados. Si pasara esto, se demostraría que Petro llegó al poder en medio de un concierto de mentiras, platas cuestionadas y mucha, mucha repartija.
Entonces, ¿cuál es el tal golpe?