Nos ganaron la partida. Habrá más masacres. No hay poder humano capaz de erradicar de un día para otro una cultura que se incrustó en el ADN de miles de campesinos. Menos aún en esta Colombia donde resulta imposible ponerse de acuerdo incluso en interpretar la radiografía de una compleja enfermedad. Un ejemplo es lo que acaba de ocurrir en el sur del Cauca.
Las voces que en Bogotá ahora exigen al Gobierno presencia de las autoridades en El Mango, tras la matanza de cinco personas, clamaban hace unos años que sacaran a la policía de la vereda. Tanto presionaron que la Corte Constitucional les dio la razón y en 2016 los uniformados debieron salir con la cabeza gacha, como si fueran los culpables de la violencia.
Dos años antes, también una orden judicial expulsó a la policía de El Plateado, otra localidad del municipio de Argelia, que tampoco cuenta con ejército. Los militares permanecían asentados en lo alto de un cerro hasta que la población los obligó a irse a la fuerza. Preferían quedar en manos de las bandas criminales a estar, decían, en medio del fuego cruzado. En El Mango el razonamiento popular tenía una cierta lógica. Con el Encar (Escuadrón Móvil de Carabineros) en un predio cercano y la Policía en el interior del casco urbano, los civiles sufrían graves daños en los más de 200 ataques que realizaron las Farc contra los uniformados. Pero ordenar su salida no era la solución, como el tiempo ha demostrado.
Lo que ignoraron entonces los magistrados, habituados a dictar sentencias con criterios más políticos que apegados a la realidad, es que además del peligro que denunciaban los civiles, existían tres poderosas razones para pedir su marcha: coca, coca y narcotráfico. Lo cierto es que gracias a la corte y, después, a la desmovilización de las Farc, al menos en El Mango, y por un par de años, vivieron el paraíso soñado de todo cultivador y productor de la base de coca: clima y gentes acogedoras, sacrificadas y esforzadas; vereda situada a escasos 20 minutos de la cabecera municipal, distancia similar a la del vecino Sinaí, sin grupo armado que amenace, mate y cobre vacunas, sin policía ni ejército, sembrando matas de coca en los alrededores, vendiendo la base a los “cristalizaderos”, y todo en una paz que nunca debieron arrebatarles. Puede sonar cínico, pero los comprendía, me identificaba con ellos. Aunque muchos ya presentíamos que sería una felicidad pasajera, tarde o temprano retornaría la barbarie. Ya sin las viejas Farc, en Sinaí advertían que las mafias dueñas de los cristalizaderos planeaban aliarse con disidentes de esa guerrilla, que no habían entregado armas, para conformar una banda. Y en El Plateado, otro corregimiento de Argelia cercano a Sinaí, el ELN conquistaba poco a poco todo el territorio que dejaron las Farc.
¿Recuerdan la fotografía de un montón de cadáveres apilados en la cuneta de una carretera destapada, en un punto cercano a El Mango? Los asesinaron los elenos y los dejaron botados en zona de nadie, para hacer creer que los matones venían de lejos. Fue el preludio de la pesadilla que se avecinaba. El año pasado El Mango despertó de su apacible sueño aterrado con el arribo de las dos nuevas Farc-EP, enzarzadas en una guerra intestina por el territorio en la que emplean un salvajismo atroz.
A su vez, pretenden desplazar al ELN. Solo en la pelea entre elenos y la Carlos Patiño (Farc-EP) van 80 muertos, afirman en la región. Ya nadie sabe quién es quién y qué pasos dar para evitar que lo señalen por cualquier nadería y morir acribillado a balazos. Prueba del desconcierto son los comunicados contradictorios que emitieron esta semana Farc-EP y ELN sobre crímenes recientes y el paro armado del viernes. Pero nadie puede llamarse a engaños. No solo lleva toda esa área de Argelia 40 años viviendo de la coca, sino que en los últimos tiempos han expandido los cultivos y laboratorios sin pudor alguno. Desde El Mango hasta El Plateado, donde el ELN volvió a patrullar de camuflado, hay sembradíos de coca por todos lados, nadie disimula. Y de El Plateado hacia el Pacífico, una ruta fabulosa para sacar la cocaína, principal causa de este conflicto entre guerrillas porque son 90 kilómetros por vías que han abierto los grupos armados, los grandes propietarios han extendido las superficies de sus cultivos. Saben que nadie osará perturbarles y, en caso de aparecer los erradicadores del ejército, la población saldrá a detenerlos y echarlos. “La erradicación forzada es con muertos”, me decían con rabia y determinación.
Tanto es así que si un líder social tiene la osadía de hablar duro contra la coca, de reprenderles por exacerbar una economía que solo perpetúa al infinito la violencia, de una lo señalan para que el grupo armado de turno lo desplace, amenace o mate.
Y tampoco nos digamos mentiras en Bogotá. No hay producto alternativo tan rentable que ofrecerles ni existe la mínima confianza en el Gobierno central. Santos prometió pavimentar 40 kilómetros de la vía de Argelia a Balboa; solo entregó dos, y con Duque hicieron tres más. Buena parte del municipio, de clima frío, siembra un excelente café. Pero no cuentan con el apoyo suficiente para comercializarlo bien. Y al resto cálido, entre montañas tapizadas de matas de coca y ríos contaminados por los químicos, ¿qué les ofrecemos? ¿Solo una promesa de vida alejada de la violencia?
Es imposible. Ellos mismos se acostumbraron a las guerrillas, a la ley del silencio, a ganar una plata que les permite comprar lo básico y vivir desahogados. Y ahora algunos circulan en buenas camionetas robadas, que adquieren a mitad de precio. El límite es la cabecera municipal, donde hay policía y les pueden pedir papeles.
¿Que matan? De acuerdo, pero la vida en este país no vale nada.