El pasado viernes, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) le prohibió vender en suelo estadounidense cualquier producto nuevo a seis fabricantes de equipos de telecomunicaciones y proveedores de servicios chinos, por representar una amenaza para la seguridad nacional del Tío Sam.

Huawei y ZTE, a quienes ya se habían impuesto restricciones equivalentes en el pasado, se unieron así a Dahua y Hikvision, que suministran equipos de videovigilancia, y a Hytera, que se especializa en equipos de radio.

Las medidas tomadas por los estadounidenses responden, de acuerdo con la portadora de la Comisión Federal de Comunicaciones, al riesgo de que las autoridades chinas, que tienen un control sobre el gobierno corporativo de sus empresas, espíen los datos de las redes instaladas en el país del norte por medio de los equipos suministrados.

Ya en mayo de 2020, la administración Trump había exigido a los subcontratistas de Huawei que solicitaran autorización previa para usar componentes estadounidenses, bloqueando efectivamente el suministro de tecnología norteamericana al gigante chino.

De esta decisión es interesante entender, fuera del componente de seguridad nacional, que el Gobierno estadounidense es muy consciente de las decisiones estratégicas que debe tomar para proteger su liderazgo mundial. En la guerra de Ucrania ha sido crítico, por encima de la disponibilidad de bombas, misiles, tanques y aviones, la sofisticación de los equipos de comunicaciones que les ha permitido a los ucranianos identificar la localización y teledirigir sus ataques a las fuerzas rusas.

Permitir que las empresas chinas fondeen sus nuevos desarrollos con el dinero de las compañías de comunicaciones americanas llevaría en el mediano plazo a que el país de oriente adquiera habilidades militares superiores.

El Gobierno de Colombia debería entender la importancia de las decisiones desde la estrategia para no poner en riesgo el bienestar de los colombianos. Múltiples decisiones que se están tomando dentro de los primeros meses de gobierno claramente van en contra de la lógica estratégica.

La primera y más obvia, criticada a diestra y siniestra, ante la mirada sorprendida de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es la de interrumpir la exploración de gas y petróleo, condenándonos a depender de terceros energéticamente.

Esta propuesta, combinada con la intención de suplir el mercado colombiano de gas con importaciones de Venezuela, nos haría depender de un régimen dictatorial supremamente volátil, que no por ser de la misma orientación ideológica del Gobierno colombiano actual es de confiar. Poco estratégico.

La segunda decisión cuestionable es la propuesta de reforma agraria. Claro es a nivel mundial que los principales países exportadores de granos y en general alimentos requieren de economías de escala para ser competitivos, y por lo tanto de mega cultivos. La reforma agraria propuesta está encaminada, en contra de lo que está demostrado que funciona a nivel mundial, a entregar predios individuales a familias, las cuales en gran proporción no cuentan con el capital de trabajo, acceso a la tecnología y los mercados para explotarlas rentablemente.

La solución probada se vio en Ucrania con el trigo, en Estados Unidos con el sorgo y la cebada, en Argentina con el sorgo y la caña de azúcar, y en Colombia cultivando grandes extensiones administradas por empresarios que tengan acceso a fuentes de capital, que ofrezcan a los campesinos oportunidades de trabajo digno.

La reforma agraria planteada seguro nos llevará a que los campesinos que reciban las tierras las vayan vendiendo poco a poco, ya que el mercado laboral tiende a ofrecer mejores oportunidades en las ciudades. Poco estratégico.

La política de la paz total tampoco parece tener sentido. Sentarse en mesas de trabajo para llegar a acuerdos con grupos ilegales a cambio de garantizar decisiones de gobierno de corte popular ignora de frente las realidades de los grupos ilegales, interesados en no tener presencia del Estado en sus territorios para defender sus negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Así el Gobierno se ponga del lado de los criminales, ofreciendo amnistías, una imposible legalización del negocio de la droga y dividendos políticos a los alzados en armas, es claro que los negocios ilegales, que irrespetan el medio ambiente y la libertad de nuestros campesinos, seguirán adelante por su rentabilidad, así como ocurrió con las disidencias de las Farc. Poco estratégico.

No se trata de una discusión de preferencias ideológicas ni de posturas humanistas, se trata del pragmatismo de aplicar un grado de sofisticación estratégica para hacer lo que funciona y que al país le vaya mejor.

Para la orientación social y ecológica, al Gobierno le basta con redistribuir los subsidios a las pensiones altas, con la valentía de tocar las del magisterio, los jueces y los congresistas, proceder con el anuncio de incrementar precios a la gasolina y subsidiar a los menos beneficiados. Es tan fácil como ser estratégico, sin reformas populistas ni destruir lo que la historia demuestra que funciona.