La frase que es de común ocurrencia “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa” conlleva vigencia en este momento coyuntural de la apertura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela.

El error histórico que ejecutó Maduro entre 2015, finales de 2018 y principios de 2019, cuando inició el ataque virulento hacia Colombia expulsando a los ciudadanos colombianos por el río Táchira con sus enseres, después de que sus casas eran marcadas como lo hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y con posterioridad, la salida de la Embajada de Colombia en Caracas y expulsión de Miraflores de los demás consulados de Colombia en el país hermano, generó la ruptura total de las relaciones con consecuencias adversas al comercio, la movilidad, los derechos de los connacionales radicados en Venezuela y viceversa; creó el cisma familiar, y desató la depresión económica de la frontera, sobre todo para poblaciones venezolanas como San Antonio del Táchira y Ureña, todavía hoy “pueblos fantasmas” con las secuelas de esas decisiones de hace cuatro años, con el cierre de la mayoría de los locales comerciales de esa dos poblaciones venezolanas y la quiebra total de las industrias asentadas en esa franja de frontera desde hace muchos años, generadoras de mucho empleo.

Todos anhelábamos que la frontera entre los países hermanos se abriera, como efectivamente se hizo, siendo encomiable la labor del ministro Germán Umaña Mendoza, integracionista y experto en temas arancelarios, desde su anterior presidencia en la Cámara Colombo Venezolana. Felicitaciones al señor ministro por su gestión para que el intercambio comercial se reactive, igual que la movilidad en el corredor fronterizo.

Pero Colombia, en su condición de Estado de derecho, como una nación garante y promotora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no puede “hacerse el de la vista gorda” ante las gravísimas violaciones de los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad efectuados por el dúo Maduro-Cabello y cadena de mando entre 2014 y 2018.

Fui casi testigo directo de estas tropelías en consideración a que fungí cómo vicecónsul de Colombia en Caracas entre 2012 y 2015; con posterioridad, permanecí en Caracas por asuntos privados entre 2016 y 2017, y asumí como Cónsul General en Caracas en 2018.

Viene a mi memoria el recuerdo de los jóvenes sacrificados como Robert Redman (asesinado por los colectivos armados aupados por el régimen, en Chacao, Caracas, al lado del CC San Ignacio, 2014), Bassil Da Costa (en 2014), David José Valenilla (asesinado en la base aérea de la Carlota, 2017), Génesis Carmona (hermosa joven asesinada por un francotirador en Valencia, una verdadera miss, en 2014), Juan Pablo Pernalete (asesinado por la Guardia Nacional, 2017), Geraldine Moreno (asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional en moto en Valencia, 2014), Adriana Urquiola (asesinada en Los Teques por un exescolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen, Iris Valera; Urquiola era intérprete de señas, se encontraba embarazada y trabajaba en Venevisión, 2014), José Alejandro Márquez (falleció como consecuencia de los golpes que le propinaron miembros de la Guardia Nacional en una protesta en el centro de Caracas, 2014), Paola Ramírez (asesinada por los colectivos armados del régimen, 2017), Daniel Tinoco (universitario asesinado en San Cristóbal por los colectivos armados, 2014), Brayan David Principal Giménez (asesinado por los colectivos armados, 2017), Xiomara Scott (asesinada por los colectivos armados cuando salió a votar en la constituyente, 2017), Diego Arellano (biólogo de la UCV, asesinado en Caracas, 2017) y Neomar Lander (asesinado con bomba lacrimógena, 2017).

Fueron aproximadamente 470 jóvenes asesinados los cuales salían a protestar con “cartones”, la mayoría universitarios, todos casos documentados ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El asesinato de Fernando Albán en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional-Sebin de Plaza Venezuela, líder y concejal del partido Primero Justicia, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, llevado de niño a Caracas, fallecido por las consecuencias de las torturas practicadas en las instalaciones de esa entidad y su cadáver botado desde el piso diez haciéndole creer a la opinión pública que se había suicidado, también es uno de los casos que están siendo examinados por la CPI.

Albán llegó de Washington de reunirse con las autoridades norteamericanas y en el mismo aeropuerto de Maiquetía fue secuestrado por el Sebin, llevado a ese lugar y en donde se excedieron en las torturas con el desenlace trágico conocido.

Era la época en que el teniente y vicepresidente en ese momento, Diosdado Cabello Rondón, sostenía públicamente ante los medios de comunicación que “candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Ese era el santo y seña para que los grupos paramilitares rojos-rojitos denominados “colectivos armados”, aupados por estos gobernantes, acometieran contra los manifestantes en las famosas “guarimbas”, puntos de reunión de los jóvenes inconformes en donde quemaban llantas y tiraban piedra.

Aparte del Sebin (subordinado al Vicepresidente Cabello en esos años), la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar-DGCIM cometieron también graves asesinatos de los ciudadanos venezolanos, la mayoría jóvenes.

Cuando se habla de colectivos armados, son los grupos paramilitares fomentados por el gobierno; este les proporciona las motocicletas, la gasolina, las armas, actuando con total impunidad por toda la nación hermana. La inanición del sistema judicial venezolano completamente secuestrado por Miraflores, en un país en donde las sentencias penales se consultan con el palacio de gobierno, hizo que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karin Khan, ciudadano británico, fuera a Caracas y notificara a Maduro la apertura de la investigación penal de orden internacional por la falta de investigación y juzgamiento de los victimarios de esos crímenes por parte del sistema de justicia venezolano.

Se avecinan sentencias condenatorias de la CPI en contra de Maduro-Cabello y la cadena de mando por las graves violaciones a los DD. HH. que nos ocupan en este artículo.

Hasta marzo de 2023, esta entidad abrió un capítulo especial para que más víctimas denuncien violaciones a los DD. HH. ante este organismo internacional, pudiendo hacerlo de forma anónima.

Según el Estatuto de Roma ratificado por Venezuela en el año 2000 y que entró en vigencia en 2002, cuando la tortura es ejecutada de forma “sistemática” se convierte en delito de lesa humanidad y esa institución es la que, de forma inveterada, la ha implementado en el régimen de Caracas.

El asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en 2019, torturado en las instalaciones de la DGCIM, de Boleíta, Caracas, quien sentado en silla de ruedas alcanzó a decirle a la juez de la causa en plena audiencia pública penal que estaba siendo “torturado”, desgonzándose en esta sala por la debilidad que su cuerpo soportaba ante el padecimiento sufrido, constituyó un hecho atroz para la sociedad venezolana y en especial sus familiares.

A la juez roja-rojita carente de imparcialidad poco le importó esa declaración de una víctima de esa institución, fomentada por Miraflores y Fuerte Tiuna. Ella hace parte del entramado y del secuestro de la majestad de la justicia en Venezuela y el capitán falleció a los pocos días de esa audiencia.

La ejecución extrajudicial de Óscar Pérez (de madre colombiana), expolicía quien se sublevó al régimen y nunca ejecutó un acto violento, asesinado junto a su compañera sentimental (quien se encontraba embarazada) y junto a sus otros siete compañeros (después de que se habían “rendido públicamente”), constituyó otro episodio que está grabado en el corazón de los venezolanos.

La ciudadana española Angela Expósito, directora de una fundación de animales y quien tenía bajo su cuidado el pastor alemán del sublevado Óscar Pérez, lleva cuatro años privada de la libertad y fue sentenciada a 24 años de prisión en un juicio amañado y dirigido; fue torturada, sus uñas le fueron arrancadas como lo documenta el informe de la “Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela” y está recluida en el Helicoide. Es decir, Expósito fue condenada por un perro.

Casos como estos hacen parte de la tragedia venezolana y todos están documentados en la CPI, esperando las sentencias al régimen y a la cadena de mando.

En el año 2017, la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela estaba en capacidad de alimentar a varios países de América Latina, en un arranque de orgullo revolucionario con lo que se reafirma más la “fábula” de Miraflores.

Los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos no son garantizados por el régimen de Caracas. Antes de que se implementaran las sanciones económicas por parte de USA, la miseria, el hambre, la falta de medicamentos y la desesperanza habían comenzado hace rato y de allí nació la Diáspora venezolana, regada por todo el continente y el planeta, huyendo de esas penosas condiciones económicas, concomitante con la persecución de las fuerzas militares y policiales de la dictadura a quienes disienten del régimen.

En 2023, son siete millones de venezolanos los que han salido de su país y si sigue el régimen, serán once millones en dos años más.

El canciller Leyva Durán, a los pocos días de posesionarse, afirmó con ocasión del caso de Nicaragua y la persecución de Ortega a la oposición política que él era desde hace cuarenta años un defensor y promotor de los DD. HH. Si eso es cierto, ¿por qué el canciller Leyva Durán calla frente a la situación de Venezuela? Es de lejos, mucho más grave las violaciones a los DD. HH. en Venezuela que en Nicaragua.

Así mismo, han sido más profundas las violaciones a los DD. HH. del dúo Maduro-Cabello y sus cadenas de mando, que las que ejecutó Pinochet en Chile. Las cifras son elocuentes respecto de las victimas que ha generado el régimen de Caracas; así, el día en que el Canciller (Leyva) hable sin miedo de los actuales presos políticos en Venezuela, le creeremos que realmente es un promotor de los DD. HH.

Así las cosas, también constituye un exabrupto que nuestro canciller anunciara que Colombia iba a propugnar por el retito de las demandas que el gobierno anterior, junto a senadores colombianos y chilenos, impetraron en contra del régimen antidemocrático de Caracas ante la CPI.

Esta declaración constituye una afrenta a las víctimas del dúo Maduro-Cabello y la cadena de mando, además de que jurídicamente no es posible en cuanto no se admite el desistimiento.

Igual aconteció con el presidente Petro al afirmar: “Cómo iba Maduro a celebrar elecciones democráticas y limpias si sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares por parte de USA”. Es de no creer esta manifestación antidemocrática hecha por el primer mandatario colombiano.

Posee ingenuidad el presidente Petro cuando le pide a Maduro que regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por consiguiente, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en consideración a que se tendrían que aplicar de inmediato las sentencias que se han dictado en contra de Venezuela en estos últimos 16 años por violaciones a los DD. HH. antes que denunciaran la Carta o Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en 2013.

Es una vergüenza para la historia que las personas que detentan el poder en Venezuela, por lo demás de forma ilegal e ilegítima si se analiza frente a la Constitución de la República de Venezuela (me sustraigo a decirle Bolivariana), se denominen como tal.

En un escenario escatológico, si el Libertador se levantara de la tumba en este momento les aplicaría a estos el mismo fin que tuvo Manuel Piar en 1817 ante el pelotón de fusilamiento, pero en este caso, por perseguir al pueblo, generar la miseria y pobreza más grande de América Latina, pero sobre todo, por utilizar su nombre para ejecutar la ignominia actual.

El Estado colombiano siempre se ha preciado de ser promotor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; en tal sentido y con espíritu de ser consecuente con tal, no puede cerrar los ojos ante las gravísimas violaciones de DD. HH. del dúo Maduro-Cabello y la cadena de mando en estos años. Tiene todavía tiempo el presidente Petro, no para que rompa relaciones como lo hizo Maduro en 2019, sino para no generar esa solidaridad de cuerpo ideológica ante Miraflores que indigna. El país entero celebra la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales, pero estas deben hacerse, primero, con “dignidad”, y en segundo lugar, siendo “consecuentes” con el apego a la promoción y vigencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente al caso Venezuela.

De la misma forma, no puede comparar el presidente Petro y minimizar los asesinatos de los 470 jóvenes venezolanos ocasionados por los rojos-rojitos en esos años, frente a los 40 jóvenes asesinados en las protestas de Colombia de 2021.

Nuestro actual embajador en Caracas, Armando Benedetti, debe colocarse la mano en el pecho, en el corazón, y palpar lo que las víctimas de Miraflores han padecido. No puede un diplomático ser ligero de lengua, subestimando el dolor de padres, hermanos, esposas, novias, hijos que perdieron a sus seres queridos, por el solo hecho de disentir políticamente, víctimas de un régimen antiliberal y antidemocrático.

El deterioro de Venezuela también se ve reflejado en las fuerzas armadas, mal denominadas bolivarianas. Cada día desertan militares sobre todo la tropa rasa, la de abajo, por el paupérrimo pago de su salario. No tienen razón para estar en esta. También, oficiales piden la baja en consideración a que no pueden mantener una familia.

La desmotivación es palpable y acuden a hacer cosas non santas para poder redondear económicamente el sustento familiar que no les proporciona el estado venezolano.

La sociedad venezolana ha sufrido mucho, ha sufrido lo “indecible”, originado por un pequeño grupo de personas que por aferrarse al poder ha generado esta tragedia.

El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social anunció que en 2022 hubo 2.600 protestas en el primer cuatrienio en Venezuela y en un solo mes hubo 560, especialmente maestros y empleados públicos pidiendo salarios justos en consideración a que en la actualidad su salario es de 18 dólares mensuales, los trabajadores peor pagados del planeta.

La economía venezolana no se ha arreglado, se flexibilizó el control de cambios y se permitió el dólar como medio de pago; el salario mínimo está muy por debajo de la canasta básica, no basta con el indicador de crecimiento del PIB, debe tenerse en cuenta el salario real.

Igualmente, en 2022, el desgobierno de Caracas cerró 79 emisoras de radio en 16 estados, alegando vencimiento de las concesiones, pero fácilmente subyace que es una censura brutal del régimen.

Las personas de la frontera sentimos la tragedia patriota como propia, la mayoría tenemos sangre venezolana por algún lado, amén de haber vivido en la capital venezolana en los años cruciales desde antes y después de la muerte en 2013 del artífice de la misma, el hombre de Sabaneta.

Ahora se presenta el proyecto de ley ante la espuria Asamblea Nacional para controlar y desaparecer las ONG, que en su medida son las que han “visibilizado” ante los organismos internacionales las violaciones a los DD. HH. Nombres como Provea, Foro Penal Venezolano, Fundaredes (cuyo director Javier Tarazona está preso desde hace 500 días sin juicio), están en la mira del régimen antiliberal y antidemocrático.

Otro tema álgido es la idea de importar gas de la hermana república, el cual constituye un tema de altísima seguridad nacional energética, de soberanía nacional, la cual se puede perder, al disfrutarla el país plenamente en este momento con reservas a varios años, como lo han manifestado los expertos.

Una cosa es abrir la frontera y restablecer las relaciones comerciales, el intercambio comercial para beneficio de las comunidades, abrir la movilidad, y otra es apoyar el actuar criminal de Maduro-Cabello ante hechos incontrastables, el consentir los vejámenes conocidos.

Nuestro país debe prepararse para un escenario de sanciones de orden penal internacional a través de las sentencias que va a emitir la Corte Penal Internacional en contra de Maduro-Cabello y la cadena de mando por las gravísimas violaciones a los DD. HH., en los años aludidos y enmarcados en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

No se avizora en el horizonte una apertura electoral democrática por parte de Miraflores, encaminada a celebrar elecciones libres e independientes, elecciones honestas con miras a las presidenciales de 2024, como que se permita que los venezolanos ejerzan su derecho al voto en el exterior.

En las negociaciones entre el gobierno y la oposición hechas en México en 2022, el desgobierno se retiró través de uno de sus áulicos, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de origen espúreo.

Los mayores fraudes electorales de América Latina los ha ejecutado el chavismo-madurismo a través de este siniestro personaje, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), alfil importante del régimen y experto en manipular el software de las máquinas de votación. Así lo demostró en las elecciones del 2017 desde Londres la empresa SmartMatic, con ocasión de las elecciones de ese año; afirmaron desde la capital inglesa que había ingresado un millón de votos (1´000.000) inexistentes y que existía la posibilidad de que hubiera más, es decir, que el informe del CNE fuera manipulado.

Permitir que se vote hasta las 11:00 p. m. de la noche, cambiar de lugar las mesas de los votantes hacia lugares lejanos y peligrosos, inhabilitar candidatos, no permitir que voten los venezolanos en el exterior, ciudadanos venezolanos fallecidos votando, hacen parte de los fraudes electorales.

La tragedia venezolana pasa por la realidad de que los rojos-rojitos constituyen la inmensa minoría electoral en Venezuela y la oposición la mayoría, pero el régimen no permite que esa voluntad política se vea reflejada en los resultados por los fraudes electorales, los más sofisticados de la región.

Venezuela vio en la reanudación de las relaciones con su vecina Colombia una forma de inserción nuevamente en el contexto internacional y le ha funcionado; otras naciones han hecho lo mismo detrás de Colombia, como España, generado por el diálogo en México, impulsado por la Unión Europea-UE, el cual se suspendió por parte del desgobierno de Maduro.

Lo que esperamos del presidente Petro es que sea consecuente con su ideario político, con su cariz de sentirse demócrata como él lo ha afirmado toda su vida pública; que no enrumbe al país a “cerrar los ojos” ante la responsabilidad de los gobernantes rojos-rojitos de Caracas en la tragedia venezolana por los hechos acaecidos y conocidos por todo el planeta, concomitante al grueso número de víctimas que ha generado Miraflores por querer mantenerse en el poder.

Colombia debe tener la grandeza para que se ponga del lado correcto de la historia, de la verdad, se adhiera a la verdadera justicia y no a la vergüenza, a la mentira, a la falacia; la grandeza de no asumir una postura de “genuflexión” ante la perversidad de unos detentadores del poder que de forma tiránica, con corte robesperiano, manejan la hermana Venezuela.

Todo el continente posee el desiderátum que vuelva la democracia a Venezuela; que no quede un atisbo de dictadura; que vuelva la alegría que siempre perseveró; que la diáspora de siete millones de venezolanos en 2013 regrese a su país a ser feliz con los suyos; que se garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con especial énfasis en el respeto a los derechos civiles y políticos; que no haya persecución política a través de los cuerpos armados, y que el aparato de justicia se sustraiga a la verdadera independencia y no sea un apéndice de Miraflores.