Un informe del CTI, fechado en agosto de 2014, señala que hay razones para pensar que el helicóptero en el que murieron Pedro Juan Moreno y otras tres personas no cayó por accidente. La investigación –ágil y controversialmente resuelta por la Aerocivil en 2006– determinando que no hubo sabotaje es cuestionada por el informe de Policía Judicial que concluye: “Hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avizora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell, modelo 206B, de matrícula HK2496, de la empresa Helicargo S.A. piloteado por el capitán Jaime Taborda Botero, obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del Aeropuerto Olaya Herrera, con anterioridad al despegue de la aeronave en mención”.
La investigación por el eventual homicidio de Moreno, su hijo Juan Gilberto, la dirigente de las juventudes conservadoras Ana María Palacio y el piloto Jaime Taborda fue reabierta por las declaraciones del condenado general Rito Alejo del Río.Uno de los filones de la pesquisa es el asesinato de una empleada de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y que según el reporte “supuestamente oyó sobre la manipulación de repuestos o alguna maniobra que le hicieron previamente al helicóptero donde viajaba el Dr. Pedro Juan Moreno Villa para que este fallara”.
El informe señala que en el hangar 70 “fue asesinada la señora Nancy Esther Zapata Orozco con arma de fuego, al parecer pistola calibre 7.65 mm con silenciador, pues según consta en las diligencias, en dicho sitio al momento de realizar la inspección técnica del cadáver fue encontrada una vainilla percutida de ese calibre y además, fue hallado un sobre de manila en cuyo interior había tres (3) hojas de papel y una de las hojas tenía un escrito que decía ‘AQUÍ NO SE PERMITEN SAPAS’”.
Los agentes del CTI también hablaron con don José Taborda, padre del piloto, quien aseguró que después de la muerte de su hijo se reunió en Manizales con Rodrigo Lara Restrepo y Germán Vargas Lleras, que estaban en campaña en esa ciudad.De acuerdo con el informe judicial, “Dijo el declarante que el Dr. Rodrigo Lara Restrepo le había manifestado quién o quiénes eran las personas que presuntamente estarían comprometidas en la muerte de su hijo y la del Dr. Pedro Juan Moreno Villa y sus acompañantes –sin embargo el declarante no aportó nombres específicos– y agregó que al parecer la causa del accidente del helicóptero que piloteaba Jaime Taborda Botero, había sido producto de maniobras criminales que le habían hecho a la aeronave previamente para que este se accidentara”.
En una declaración juramentada, citada en el informe del CTI, el señor Taborda “hace alusión a un señor Juan Guillermo Ángel (sic), a quien comúnmente se conoce como ‘Guillo’ quien para la fecha en que perdió la vida el Dr. Pedro Juan Moreno Villa era el propietario de la empresa Helicargo S.A. justamente la misma empresa a la que pertenecía el helicóptero siniestrado”.
El informe añade: “Sobre el mencionado señor se han hecho cuestionamientos relacionados con actividades de narcotráfico y por lo expuesto por el señor Taborda Restrepo, ‘Guillo’ podría estar comprometido de una u otra forma en los hechos que terminaron con la muerte del Dr. Moreno Villa y sus acompañantes”.
El padre de Ana María Palacio, otra de las víctimas del vuelo fatal, es el abogado Óscar Iván Palacio, quien dijo haber sido amigo de Álvaro Uribe y le señaló a los investigadores “que le dio mucha curiosidad que un ministro del presidente Álvaro Uribe, en este caso el Dr. Andrés Uriel Gallego –QEPD a quien el Dr. Palacio se refiere como ‘Cosiaca’ o ‘Pedro Remalas’– quien fungía como ministro de transporte para la fecha de los hechos, haya convocado a una conferencia de prensa en el aeropuerto Olaya Herrera para informar a la opinión pública que efectivamente la muerte de Pedro Juan Moreno Villa y sus acompañantes, obedecía simplemente a un accidente aéreo”.
Palacio también dijo que temía por la seguridad de los suyos si se conocía la verdad de estos hechos: “Es enfático en manifestar que a pesar de que está radicado en la ciudad de Bogotá aún tiene familia en esta ciudad (Medellín) y teme que les pueda suceder algo si se descubre la verdad de lo ocurrido”.
El informe –aparentemente lleno de indicios– no ha servido para que el caso se resuelva ni en la justicia ordinaria, ni en el proceso que por los mismos hechos adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara contra el expresidente Uribe.