Una de las más ambiciosas apuestas del presidente Gustavo Petro es la “paz total”. Lograr el fin de la violencia mediante acuerdos con los más de 100 grupos criminales que operan en el país es una propuesta que significaría el cambio absoluto de la historia de Colombia como la hemos conocido hasta hoy.
Pero hay que entender que en el país son dos los tipos de grupos armados y dependiendo de su caracterización será el camino que los lleve a esa paz total.
Los primeros son los grupos de origen político. Estos nacieron por una motivación política, como las guerrillas inspiradas en la Revolución cubana, que querían llegar al poder para transformar la realidad. En teoría querían tomarse al Estado para construir un nuevo orden más equitativo. Los únicos grupos de origen político que quedaban en Colombia eran el ELN y las Farc. Tras el acuerdo de paz con las Farc, solo queda el ELN.
Los otros son las bandas multicrimen, que tienen su origen en el paramilitarismo y el narcotráfico. Indepaz ha identificado más de 150 bandas criminales con dominio en el país. Y a estas se les suman las delincuencias de carácter urbano, que son más de 700.
La importancia de hacer esta diferenciación es que dependiendo del tipo de grupo armado procede la vía jurídica para lograr esa paz. Me explico. Diálogos de paz, es decir, negociaciones en las cuales el Gobierno se siente con un grupo criminal a buscar un acuerdo bajo un marco jurídico construido de forma conjunta, solo se pueden hacer con los grupos de origen político. Así, el Gobierno solo podría sentarse a dialogar, como lo está haciendo, con el ELN. Solo con ellos podrían buscar justicia transicional, participación en política e incluso la amnistía y el indulto para los delitos políticos (rebelión, sedición, asonada, etc.). En resumen, un camino similar al que se siguió con las Farc solo puede buscarlo el ELN.
El gran dilema está frente a las llamadas disidencias de las Farc, que son dos. La llamada Segunda Marquetalia, con Iván Márquez a la cabeza, que está compuesta por combatientes que firmaron el acuerdo y luego volvieron a las armas. La otra es el Estado Mayor, que nunca firmó el acuerdo y está al mando del resucitado Iván Mordisco. El Gobierno busca por todos lados darles el carácter político, pero eso significaría reformar la Constitución, pues en los acuerdos de La Habana, que se elevaron a rango constitucional, está que los miembros de las Farc que no se acogieron a los acuerdos son simplemente delincuentes.
Con los demás grupos solo procede la ley de sometimiento. Su única alternativa es que se acojan al marco legal que el Gobierno les ofrece. La ley busca que los delincuentes entreguen las armas a cambio de penas más leves. El Gobierno radicó el pasado 15 de marzo el proyecto de ley de sometimiento, que establece una pena entre seis y ocho años de cárcel para los grupos que se acojan a la Justicia, trabajos de reparación de sus víctimas y la entrega de bienes a cambio de poder quedarse con el 6 por ciento.
Si el proyecto es aprobado, los grupos criminales tendrán un plazo de dos años para ponerse en manos de la Justicia y desarticularse. Durante este tiempo, tendrán que entregar información sobre rutas del narcotráfico, financiadores y patrones criminales.
El problema es que hasta hoy ningún grupo ha manifestado querer someterse a la Justicia. Por el contrario, todos aspiran a que se les reconozca como “actores políticos” para poder ingresar a la vida civil sin pagar un solo día de cárcel y buscar participar del poder político.
Ha dicho el abogado Ricardo Giraldo, que representa los intereses de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal hoy en el país, que no tienen ningún interés en acatar la ley de sometimiento. “Ese borrador, que no sabemos en qué va a terminar, no refleja las condiciones jurídicas en las que ellos (AGC) estarían dispuestos a una negociación”, afirmó en una entrevista al diario El Tiempo. “En reunión con el alto comisionado de paz se dejó planteado que se va a buscar una mesa de diálogo… Ellos no se van a someter a la Justicia, porque lo que ellos quieren es dialogar… lo que quieren es que se solucionen los problemas del territorio donde tienen alta injerencia y control territorial… de sometimiento jamás se ha hablado”, le dijo Giraldo a Caracol Radio.
De la misma forma, alias Moisés, comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), le dijo al periodista Jorge Espinosa que esta agrupación insiste en su carácter político y es tajante en decir que no aceptarán la cárcel: “… nunca aceptaríamos un sometimiento a la justicia, porque tenemos el estatus político como otras organizaciones que sí lo tienen y, además, hemos demostrado el respeto ante la ley de paz”.
Hasta el momento, el Gobierno ha adelantado acercamientos de paz con cinco organizaciones: ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las de la Sierra Nevada. Ninguna de estas agrupaciones está pensando en ir a la cárcel, pero sí en transitar con algo cercano a lo que pasó con las Farc.
Así que es hora de que el Gobierno hable claro sobre lo que ofrecerá a estos grupos armados y que sus voceros digan a qué están dispuestos, pues mucho daño le está haciendo al país esta confusión de ceses al fuego que no existen, expectativas de diálogo con grupos que no se cumplirán e incertidumbre frente a lo que abarca esta oferta de paz total.
Mientras todo esto ocurre, lo único que se percibe es el incremento del dominio de estos grupos ilegales, al igual que sus acciones delincuenciales, mientras se ve a unas Fuerzas Armadas que no actúan y que parecen igual de confundidas a todos los colombianos.