Lo que pasó esta semana en el país no es algo menor. Convocar a diversos sectores para marchar en favor de las políticas de Gobierno no es nada que en principio deba preocupar. Lo hizo en 2003 Álvaro Uribe Vélez, cuando pidió apoyar su referendo de 15 propuestas (entre las que estaba otorgar curules a los grupos armados que se desmovilizaran), que finalmente no pasó, y también Juan Manuel Santos, cuando pidió marchar para apoyar el proceso de paz.
Así que en principio convocar a una marcha desde el Gobierno no es nada ajeno a nuestro sistema democrático. Pero lo que hizo el presidente Gustavo Petro esta semana es algo completamente distinto, que deja una profunda preocupación de cuál es la verdadera intención del Gobierno de llevar la gente a la calle.
La marcha del 27 de septiembre fue convocada bajo llamados distintos: desde el Ministerio de Salud se pidió marchar por un cambio en el modelo de salud y el cuidado. Para hacer aún más llamativa la invitación a la plaza de Bolívar, se dispuso de dos puntos de vacunación y valoración médica. “Ven con toda tu familia y ponte al día con el esquema de vacunación”, se leía en la convocatoria. Desde el Ministerio de Minas y Energía la invitación giró en torno al llamado a apoyar una transición energética con tarifas justas. A través de encuentros llamados “Asambleas Populares de Energía”, el ministro llamó a la participación para que “la gente se organice y pueda obtener sus derechos al acceso a la energía”. Y así, cada ministerio llamó a las calles para proteger las reformas que quiere el Gobierno de Gustavo Petro. Por la vida, por la salida negociada al conflicto, por la reforma pensional… Una marcha para, en resumen, apoyar al presidente Petro. ¿Pero apoyar específicamente qué? Las reformas sociales siguen su trámite en el Congreso, los diálogos de paz avanzan en sus mesas con el ELN y el Estado Mayor Central, el Ministerio de la Igualdad ya está en ejecución, los jóvenes de la primera línea fueron liberados, etcétera. Es decir, hasta este momento ninguna de las propuestas del presidente han tenido freno. Entonces, ¿marchar para exigir qué?
Es preocupante la poca claridad de la verdadera intención que tiene el Gobierno con estas marchas, pero mucho más la forma como se financiaron.
Aunque no hay claridad, hay que seguir algunas pistas. La primera es el contrato por 263 millones de pesos firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Este contrato es parte de un macroconvenio suscrito entre Plaza Mayor y la Presidencia para ejecutar toda la logística de eventos de la Presidencia, por valor de 10.000 millones de pesos. ¿Por qué el presidente prefiere contratar con el Centro de Convenciones de Medellín lo que se va a ejecutar en Bogotá? ¿Tiene algo que ver que Daniel Quintero esté en su junta directiva? Además, en el Secop solo hay publicado un contrato sin firmas en el cual nada es claro.
La segunda pista podría seguirse en los millonarios desembolsos que el Ministerio de Cultura entregó a organizaciones indígenas, sociales y ciudadanas dos días antes de las marchas. Movimientos del Cauca, de jóvenes y artísticos recibieron como apoyos económicos esta semana sin que sean claros los objetivos de estos aportes. Esto se suma a la revelación hecha por el diario El Tiempo de que el actual Gobierno ha firmado con la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Comité Regional Indígena del Cauca, en siete meses, un total de 21 contratos, todos por contratación directa, por más de 95.000 millones de pesos. Aquí sin duda está la respuesta a los 72 buses con 12.000 indígenas que llegaron a Bogotá para participar de las marchas.
Pero lo más preocupante es lo que está pasando con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El día anterior a las marchas, la ANT firmó un contrato por 15.475.361.666 pesos para “contratar los servicios de planificación, organización, operación, producción de los eventos, actividades logísticas que requieran las dependencias de la Agencia Nacional de Tierras”. El contratista es RTVC, es decir, el canal institucional.
Para justificar la contratación con RTVC, se afirma que el canal tiene dentro de su objeto social generar contenidos relacionados con la memoria histórica, así como ofrecer todos los servicios asociados con la comunicación, promoción y divulgación de estos contenidos. Pero al entrar al detalle de lo que se contrata, nada tiene que ver con la misión del canal institucional.
De la mano de pantallas, videobeams y tablets, RTVC debe encargarse de proveer camisetas, gorras, transporte aéreo, terrestre y fluvial; suministro de combustible, desayunos, almuerzos, refrigerios, vallas y un larguísimo etcétera.
¿Se pagaron estas movilizaciones con estos recursos? Las pistas parecen ya certezas al escuchar a los voceros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Sucre. En diálogo con El Tiempo, su presidente en el departamento aclaró: “La logística de esta movilización, correspondiente al transporte, un refrigerio y un almuerzo, es por cuenta del Gobierno en 95 por ciento”. Y puntualizó que toda la logística se hizo a través de la ANT. Lo mismo pasó con manifestantes en La Guajira, que bloquearon una vía y ante la pregunta del motivo del bloqueo, uno de sus líderes respondió: “Estamos aquí desde las 5:00 a. m., una comida mala nos dio la Agencia Nacional de Tierras, venimos a apoyar al Gobierno, no les han pagado a los buses, estamos sin bañarnos, otros se intoxicaron”. Y ante la pregunta de a quién le reclaman, responde: “A la Agencia Nacional de Tierras”.
El presidente debería ser sincero y decirnos si seguirá utilizando los recursos públicos para mover gente con promesas, mientras les pagan transporte, alimentación y demás para hacerlo. Mejor dicho, si utilizará este recurso que sin duda es una réplica de las marchas chavistas.