Carlos Haime fue empresario en varios sectores económicos, en particular el de aceite de palma y jabones. Poseyó la hacienda Los Morros, en el norte de Cartagena, que extendió hasta abarcar miles de hectáreas, de lado a lado de la ciudad, fruto de la prescripción adquisitiva de dominio de posesiones precarias compradas al detal. Soñaba con expandir hacia allá la ciudad.
El sueño, por el empeño de herederos y socios, se va haciendo realidad. Por la vía que conduce a Barranquilla se edifica otra urbe, lejos del Corralito de Piedra, patrimonio cultural de la humanidad, libre no tanto del significado histórico sino de tachas que incomodan a las élites nacionales e internacionales, como la creciente pobreza, que abarca a una de cada dos personas (Dane, 2020), o la informalidad, en tres de cada cinco ocupados, expresada en miles de venteros en las playas de Bocagrande y Castillo, o la prostitución, que se ha hecho pública, o el turismo de masas con tumultuosos paseos de grupos venidos del interior.
La conurbación empezó con el conjunto residencial Barcelona de Indias, supuesta imitación de la española, que arrincona a consejos comunitarios como el de La Boquilla, según una crónica de Andy Robinson. Se va construyendo otra Cartagena, que también promueve ventas a “cachacos” para adquirir “segunda vivienda” o “vivienda de retiro”, atraídos además por las “mejores canchas de golf de América Latina”, como las diseñadas por Nicklaus, con club resort a bordo, o por atractivo turismo VIP en cadenas como Holiday Inn, Radisson o Meliá, en un exorcismo de lo autóctono para proyectar un Cancún u otra Punta Cana (“Barcelona de Indias no quiere afrocolombianos”, La Vanguardia, 9 de febrero de 2020).
La segunda fase es “Serena del Mar, ciudad soñada”. Abundan planes inmobiliarios de conocidas firmas cartageneras y del país, que incluyen inmuebles con vistas al mar y precios por metro cuadrado hasta de cinco millones de pesos o más, ambiente tropical, piscinas por montones, manglares y playa privada. Se gesta una operación de especulación sobre el suelo sin que se defina la participación en la plusvalía de ninguna instancia estatal, que pueda orientar dichos recursos a poblaciones marginadas e inversión social, no vía altruismo, sino como debe ser: como contribución fiscal.
La Universidad de los Andes ya plantó allí la sede académica del Caribe y le agregó un componente de finca raíz con un proyecto de oficinas. También la Fundación Santa Fe montó una moderna IPS, y los servicios públicos los presta una poderosa compañía particular. Nada público, todo privado, y “la oferta cultural la completan un campo de golf diseñado por Robert Trent Jones y un canal entre la Ciénaga y el mar para yates y motos de agua”. Entre tanto, los consejos comunitarios de Tierra Baja, Punta Canoa y Manzanillo del Mar declaran estar confinados a “unos islotes” (Robinson).
La fantasía se afina con la concesión a 30 años, en la modalidad de iniciativa privada o IP de un nuevo aeropuerto en Bayunca, corregimiento a 20,5 kilómetros al norte de Cartagena. Una “ciudadela aeroportuaria” de 650 hectáreas, que conectará con la doble calzada Cartagena-Barranquilla por La Cordialidad y que “podrá extender su capacidad hasta 30 millones de pasajeros”, para competir con Panamá como centro regional de operaciones aéreas. Por esta “acción urbanística del Estado” se acrecentarían todavía más las plusvalías.
El lote, en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, decomisado a la mafia de Marquitos Figueroa, es el aporte de la nación cedido al futuro concesionario (El Universal, 13 de junio de 2019). Con la inversión de 800 millones de dólares tendrá, como en las privatizaciones aeroportuarias, 50 por ciento o más de los retornos derivados de las tarifas aeroportuarias que fija Aerocivil, pagadas por los usuarios, que en la prefactibilidad se calculan al triple del valor de las actuales, y 100 por ciento irán al concesionario, ni un peso al Estado, pues así se requiere para costear la obra que en los primeros diez años tendrá la misma capacidad que la actual terminal Rafael Núñez. Esta, en manos de la española Aena, el Grupo Aval y socios locales, se mantendrá “mientras llega el de Bayunca” (ANI) y se desconoce si se quedarán con ambas o si surgen otros jugadores tras el botín.
El negociazo que cerrarán en 2022 Iván Duque y la vicepresidenta, dedicada a temas de la Heroica, reforzará la visión urbana excluyente, de “ciudades competitivas”, refutado por entidades como ONU-Hábitat, que lleva a inquirir: ¿es necesario el aeropuerto en Bayunca? ¿Tal ordenamiento mejora la iniquidad local? ¿Se estudió el impacto ambiental del esquema? ¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?